Colapso del modelo energético
Sábado 25 de enero de 2014, por José Rigane *

La crisis energética, que dejó a miles de usuarios afectados por cortes de luz, puso nuevamente de manifiesto la ineficiencia del modelo en dos facetas: la provisión del servicio concesionado a empresas privadas y el contralor del Estado. Los desastrosos resultados de este modelo también lo padecemos en otros ámbitos: transporte y servicios públicos en general, y en la extracción de bienes comunes como el petróleo (Chevron).

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* Secretario Adjunto de la CTA; Secretario General de la Federación de Trabajadores de la Energía de la República Argentina (FeTERA-CTA)

El reciente colapso eléctrico, con las incontables pérdidas para el comercio y especialmente el padecimiento de las familias de más bajos recursos, las trabajadoras -con incendios y muertes evitables. Se demostró, una vez más, el profundo fracaso de la privatización y extranjerización de la energía diseñado en los ’90.

Según el ENRE, hay datos que describen la gravedad de la situación: los cortes de luz crecieron en cantidad y aumentaron en duración. Comparando los períodos 2003–2006 y 2007–2010, los cortes de luz de EDENOR aumentaron en promedio por semestre por cliente de 2,5 a 3,3 (32%). La duración (el tiempo a oscuras) creció de 5:30 a 8 horas promedio (48%). Peor es la situación de EDESUR, ya que los cortes aumentaron de 2 a 3,8 (90%) y la duración creció de 4 a 11 horas promedio (175%). Esto se debe a que la potencia eléctrica instalada permaneció estancada entre 2003 y 2007. Recién creció tan sólo un 20% entre 2007 y 2012. Esto explica que en la última década la demanda creció un 45% y la potencia instalada un 35%.

En diez años de gestión kirchnerista, no se ha modificado la ecuación de los años ’90, (con raíces en la política de shock de la dictadura y los años ’80). La asimilación de la explotación energética a la lógica de la rentabilidad ha llevado a un deterioro irreversible solventado por la propia población usuaria del servicio generando una transferencia de recursos que permitió amplios márgenes de rentabilidad a empresas transnacionales.

La falta de inversión y las deficiencias en el control no ha sido una muestra de ineficiencia o de error. La actual crisis energética es intrínseca a un tipo de gestión que, por su naturaleza, busca la ganancia. El Estado se ha desvinculado de su responsabilidad constitucional de “promover el bienestar general” y la ha reducido a una mera formalidad.

Los recientes cortes no sólo fueron inconvenientes de distribución o de un “uso irresponsable de los aires acondicionados”, como intentó desvincularse el Gobierno. Según datos oficiales, los aires acondicionados representan sólo el 8% (promedio anual) del total del consumo de electricidad de los electrodomésticos.

La ola de calor como situación excepcional no exime al gobierno ni a las concesionarias. Las previsiones del uso de energía eléctrica establecen que en un día de máximo calor consume 5.000 megavatios más de lo común. Lo mismo para un día de máximo frío (4.800 megavatios más). Se puede prever un escenario futuro, inclusive en plazos de 10 o 15 años. Es falaz que no se puede anticipar cuál va a ser la oferta y la demanda en un período crítico como el verano con márgenes de error insignificantes.

Entre 2003 y 2013 la potencia instalada creció 8.414 megavatios. Sin embargo, entre 1992 y 2002 fue de 9.571, es decir, cerca de 1000 megavatios menos.

Las sociedades del siglo XXI, conscientes de la importancia de la energía para el desarrollo y el bienestar común, exigen avanzar en la modificación de la ecuación de la gestión para la construcción de un modelo público, democrático y transparente. Se requiere de un debate amplio y participativo que trace el camino de diversificación de la matriz energética,con la implementación de políticas de Estado, acordes con los nuevos tiempos de escasez y de finitud de los recursos.

Por ello desde la CTA, la FeTERA y MORENO convocamos a sumar voluntades para obtener la revocación de los contratos con las privadas y el inicio de una nueva etapa de gestión pública con presencia de usuarios, del Congreso Nacional, de los trabajadores del sector. Ante la magnitud de la crisis es necesario convocar a una Consulta Popular en Defensa de la Soberanía de Nuestros Bienes Comunes que ponga en debate el futuro modelo de la producción, transmisión y distribución energética.

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