Huelga en abril contra el ajuste ortodoxo
Martes 15 de abril de 2014, por Carlos Abel Suárez *
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En la historia del movimiento obrero argentino, hay pocos paros generales que hayan tenido la adhesión y la contundencia del realizado el pasado jueves 10, teniendo en contra a las direcciones de los sindicatos con mayor número de afiliados y por consiguiente el aparato más poderoso,

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* Periodista

A saber: la Unión Obrera Metalúrgica, el SMATA (automotor), UOCRA (construcción), Unión Ferroviaria, UPCN, Comercio, docentes, entre otros. Las direcciones de estos sindicatos -enrolados en el oficialismo- no sólo no acompañaron reclamos legítimos y masivamente aceptados por la sociedad, sino que descalificaron la convocatoria con argumentos propios de “carneros” rompehuelgas.

Sin embargo, la huelga superó las expectativas y constituye una fuerte barrera al plan de ajuste ortodoxo, que estampilla el derrotero de la era kirchnerista. Una expresión de protesta como la registrada el 10 de abril se explica por la confluencia de varios fenómenos, pero han sido determinantes el deterioro del salario real y de los ingresos de los asalariados, jubilados y pensionados, atacados por la inflación y un régimen tributario absolutamente regresivo.

Ya durante los dos últimos años el malestar social se había expresado de distintos modos, entre los que se destacan masivas manifestaciones de protestas, el paro general del 20 de noviembre de 2012, marchas y conflictos sociales y laborales – algunos violentamente reprimidos – la movilización y paro convocado por la CTA (Michelli) del 8 de marzo pasado y huelgas de docentes (19 días de paro en la provincia de Buenos Aires), estatales y profesionales de la salud en todo el país.

La intervención del Instituto de Estadísticas en 2007, justificada como una “picardía criolla” por algunos economistas del elenco oficial, trató de ocultar durante un tiempo los números reales de la economía, con un curso y desenlace previsto por Rubén Lo Vuolo en su artículo publicado en SIN PERMISO en abril de 2011: Otra enseñanza del gobierno argentino para el mundo: cómo adulterar los indicadores económicos y sociales y luego llamar al FMI para reparar el daño. En estos días está el ministro de economía, Axel Kicillof, haciendo los deberes en la reunión anual del FMI, tratando de hacer creíble al mundo de los negocios una nueva serie estadística, nacida de las ruinas del INDEC.

La mejora del salario real y del nivel de empleo, superada desde comienzos del 2003 – después de la mayor depresión de la historia económica argentina, que comenzó en los finales del gobierno de Menem y estalló en el 2001, con la caída del gobierno de Fernando de la Rúa - no sólo se detuvo sino que ha retrocedido.

La huelga del 10 de abril es un indicador importante pero no sólo el único, del malestar social. La sociedad percibe que en estos años de bonanza, de una gran burbuja de consumo (de la que como suele ocurrir mejor la han aprovechado los que más tienen o los que por trámites oscuros aparecen como los nuevos ricos) se ha desperdiciado una gran oportunidad histórica para cambios estructurales en la economía argentina de este comienzo del Siglo XXI. Al estallido de la burbuja nos queda una economía reprimarizada al extremo, más concentrada y extranjerizada que en los finales del Siglo XX, con el transporte y la salud pública colapsados.

Problemas que sumados a la pobreza e indigencia estructural, el 39 por ciento del trabajo “en negro” o informal, la crisis de la vivienda y déficit de la infraestructura urbana, serán muy difícil de enfrentar en los tiempos de ajuste ortodoxo. Presionar desde el gobierno a que los trabajadores acepten aumentos de salarios en las paritarias, por debajo del índice de inflación real, y otorgar un irrisorio aumento de jubilaciones y pensiones, es sólo el principio de una serie de medidas que significarán un retroceso en las condiciones de vida (futuros aumentos del transporte, tarifas del agua, gas y electricidad).

Sin embargo, no sólo la economía marca el descontento social. La ley antiterrorista, los cambios en la legislación sobre riesgos de trabajo (ART) – aceptando el bloque oficialista en el Congreso a libro cerrado la propuesta de las patronales-, la designación de un represor de los años del terrorismo de Estado al frente del Ejército, la manipulación de la justicia para proteger a funcionarios sospechados de corrupción, han sido señales muy claras de un cambio de rumbo del gobierno. En dirección contraria a un relato sustentado cada vez más en la propaganda oficial.

Un paro político

No solamente los voceros del kirchnerismo, sino también desde la prensa opositora y del arco denominado progresista se calificó a la huelga como política. Primera observación: toda acción colectiva es política. Segunda: no hay consenso entre quienes señalan con el dedo a quién favorecería la acción.

Obviamente, todo conflicto social y hasta toda controversia en un panorama de fin de ciclo como el que vivimos, juega en la lucha política. Todo aquel que tenga aspiración de poder tratará de mojar el pan en una salsa tan potente como la del pasado jueves. Pero esta salsa la armó el movimiento obrero y sus tradiciones, que tiene sus propios ritmos y rumbos.

Porque junto con el final de la burbuja de la economía, estamos asistiendo también desde hace un tiempo a una crisis del modelo sindical que se ha preservado con leves cambios desde hacen 70 años. El gobierno, que puso mucha plata en dividir las organizaciones del movimiento obrero, en golpear a unos y favorecer a otros, se va a quedar con soldaditos de plomo en su bando. Inútiles para todo mandado.

Nadie puede ignorar que las confrontaciones para decidir la interna del panperonismo van a tener un papel en las organizaciones sindicales. Sin embargo, el conflicto de clase tiene su propia dinámica y sus propias reglas; no siempre los trabajadores pueden ser masivamente acarreados tras una candidatura. Hugo Moyano y otros dirigentes sindicales jugaron, en 2003, para la candidatura de Adolfo Rodríguez Saá y les fue muy mal. Lorenzo Miguel y la mayoría de los dirigentes de la época apostaron todo a Ítalo Luder en 1983 y Raúl Alfonsín les ganó hasta en los bastiones peronistas de la provincia de Buenos Aires.

Los piquetes animados en la jornada del 10 por organizaciones sociales y partidos de izquierda, que constituyeron siempre legítimos recursos de los trabajadores, unificaron en su contra el discurso de Sergio Massa, Mauricio Macri, Daniel Scioli y del jefe del gabinete de ministros, Jorge Capitanich. Pero como bien apunta Guillermo Almeyra los piquetes no decidieron la masividad de la huelga, en muchos casos se instalaron cuando ya había comenzado el horario laboral y los trabajadores no entraron a trabajar por su propia cuenta. Casi no existieron piquetes en las ciudades del interior del país donde la huelga tuvo gran impacto. Grandes empresas industriales y los bancos ofrecieron medios de transporte privados ante la paralización de trenes, subterráneos y colectivos, que los trabajadores y empleados rechazaron. Hubo una adhesión muy extendida que se apoya en una bronca que ya se había expresado electoralmente en octubre pasado, en los conflictos latentes a lo largo del país y que intentará sepultar el ajuste que propone el gobierno de Cristina Fernández.

En este sentido la unidad en la acción, que es la estrategia formulada por la CTA y amplios sectores del clasismo tiene un camino por recorrer. En definitiva la unidad en la acción ha sido la gran enseñanza de dirigentes emblemáticos del movimiento obrero como René Salamanca, Atilio López o Agustín Tosco. El sectarismo, el espíritu de capilla, ha llevado por el contrario a entonar un solo fúnebre.

La lucha es larga y como los veteranos maratonistas hay que aprender a manejar el aire. Como señala Antoni Domènech, frente a la actual situación mundial: “No es posible salir de esta grotesca pesadilla, trágicamente enemiga de la civilización y de la unidad básica de la Humanidad, sin destruir políticamente el bloque rentista imperial neoliberal. La experiencia del siglo XX ha enseñado que no es posible destruir ese bloque sin avanzar radical y decisivamente en la desmercantilización del trabajo, del patrimonio natural y del dinero. Se puede conjeturar que el fin de la mercantilización del trabajo, del patrimonio natural y del dinero significaría el fin del capitalismo. Y eso es lo que deben querer hoy los socialistas. Que puedan lograrlo, dependerá una vez más de la inmensa mayoría que es el pueblo trabajador, de su voluntad de combate y de su inteligencia para autorganizarse racional y democráticamente. Y por lo pronto, de su capacidad para volver a infundir miedo” (1).

Nota: [1] Bunge, Mario; Gabetta, Carlos; Domènech, Antoni; Fontana, Josep et alii. ¿Tiene porvenir el Socialismo? 2013 (Buenos Aires, Ed. Eudeba)

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