Nunca es triste la verdad, lo que no tiene es remedio
Martes 22 de abril de 2014, por Hugo Blasco *
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En la última semana diputados nacionales del Frente para la Victoria (FpV) presentaron un proyecto de ley para “garantizar la convivencia pacífica” durante las movilizaciones callejeras.

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* Secretario de Derechos Humanos de la CTA

La iniciativa legislativa, que consta de 34 artículos, está en línea con la descalificación que la Presidenta de la Nación hiciera de las movilizaciones callejeras y los cortes de calles y rutas durante la apertura de las sesiones legislativas de este año.

Sintéticamente:

* Pretende regular la protesta social en nombre de la “convivencia social” y el respeto de los derechos de todas y todos (la circulación vehicular);

* Establece dos categorías de protestas: las legítimas y las ilegítimas; La calidad de las mismas estaría definida por un funcionario de Gobierno (¿Berni, quizás?);

* Hay que avisar con 48 horas de anticipación, lugar, hora, recorrido, duración, motivo, oradores de la actividad;

* Debe garantizarse la circulación de vehículos por las calles y/rutas cortadas;

* Los organizadores deben nombrar a un delegado que los represente ante la autoridad.

* Establece sanciones penales y/o civiles (daños y perjuicios) para los responsables de las protestas “ilegítimas”. También prevé multas.

Abarca aspectos relacionados con la represión de las protestas que son realmente insólitos y que lejos de parecer obvios expresan el reconocimiento del Gobierno sobre el accionar ilegal de las fuerzas de seguridad en la Argentina.

A algún desprevenido le puede parecer llamativa esta nueva vuelta de tuerca hacia la derecha del Gobierno nacional.

Resultó interesante ver a legisladores de la derecha aplaudir a rabiar a la Presidenta cuando criticó las movilizaciones y pidió regulación.

El modelo autodenominado “nacional y popular” tiene límites precisos fijados por el poder económico mayoritariamente extranjero. Cuando ve peligrar el nivel de sus extraordinarias ganancias exige ajustes.

Entonces aparecen los aumentos salariales por debajo de la inflación, las suspensiones, los despidos. Paralelamente ese mismo poder con la complicidad de sectores gubernamentales pone en peligro el medio ambiente (mega minería, fracking, agroquímicos).

La protesta social no se hace esperar y es así que se suceden legítimas protestas de trabajadores y pobladores. Los casos son muy numerosos a lo largo y ancho del País como así también la represión y los procesos penales contra los participantes.

Este proyecto de ley que dice querer ser una herramienta útil para lograr la “convivencia social” en realidad pretende llevar a su mínima expresión la protesta social y de esa manera tratar de ocultar un estado de malestar y bronca al que el Gobierno no está en condiciones de responder.

Sus acuerdos con el capital básicamente monopólico y oligopólico y extranjero le imposibilitan hacerlo.

El Gobierno tiene dos opciones: Ponerse del lado del Pueblo y asumir esa responsabilidad o enfrentarlo. Este proyecto de ley va en esta última dirección.

Medidas ortodoxas exigidas por el "establishment” como la devaluación y la baja de salarios reales sólo obtendrá como respuesta popular la protesta y la movilización. El Gobierno ya aprobó la ley Antiterrorista, impulsó el Proyecto X y continúan las acciones de inteligencia de los organismos estatales como la Secretaría de Inteligencia contra militantes populares.

Rechazamos absolutamente este proyecto y haremos todo lo que esté a nuestro alcance para evitar su aprobación.

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