Aniversarios
Marta Maffei: “El derecho a aprender no es lo mismo que ir a la escuela”
Miércoles 28 de mayo de 2014, por Carlos Saglul *
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A pocos días de que se cumpliera un nuevo aniversario de esa gesta contra el neoliberalismo de los noventa que fue la Carpa Docente, Marta Maffei, ex secretaria general de CTERA, ex secretaria adjunta de la CTA, diputada nacional mandato cumplido (MC) y actual dirigente de Unidad Popular (UP), habla de los nuevos tiempos donde muchas cosas no cambiaron como “el gobierno de facto empresario”.

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Apasionada a la hora de discutir a la educación como una problemática que –admite- aún en la oposición no es discutida en su verdadera importancia, toma distancia de los “cambios mágicos”, como pensar que desde la educación se puede transformar la sociedad.

-Se conmemoró en estos días un nuevo aniversario de la instalación de la Carpa Blanca. ¿Qué cambio de aquella época a hoy?

- El 2 de abril de 1997, iniciamos con CTERA y sus organizaciones de base, una lucha gremial que por sus objetivos, metodología y alcances, trascendió a la sociedad y logró desbaratar las intenciones de Menem de privatizar el sistema educativo, como lo venía haciendo con la privatización y remate de todos los servicios y empresas del Estado. Recordemos que, en todos los casos, la privatización fue precedida por el vaciamiento y deterioro que llenaron de conflictos las áreas en cuestión y generaron en varios sectores sociales lo que el gobierno buscaba: hacernos creer que si el Estado se corría, la privatización resolvería todo.

El plan Menem –Cavallo en educación tenía como pautas correr al Gobierno Nacional de toda responsabilidad en el financiamiento del sistema. Era una exigencia del Banco Mundial acordada con Domingo Cavallo para achicar el “gasto” público como transferir todas las escuelas nacionales a las provincias sin recursos y achicar simultáneamente la cooparticipación enviada a esos estados.

Semejantes decisiones concurrirían inexorablemente a asfixia y privatización de la educación pública.

Así decidimos instalar la Carpa Blanca como espacio físico para contener el ayuno de un puñado de 50 docentes que pretendíamos forzar al Gobierno a financiar la educación (con o sin escuelas a su cargo, asegurar la educación es su responsabilidad)

Un objetivo central era conseguir el pago de los salarios en tiempo y forma y alcanzar una negociación colectiva nacional que fijara un piso mínimo involucrando al Gobierno Nacional para evitar las feroces desigualdades salariales que vivíamos. Es importante recordar que provincias como Río Negro, Jujuy, Tierra del Fuego, Tucumán o Corrientes pasaban meses sin cobrar y cumplían largas jornadas de paro. Tucumán y Corrientes habían perdido 200 días de clase en 3 años, un ciclo lectivo completo.

Un símbolo de lucha y resistencia

Nos preparamos entonces para una larga lucha contra la política neoliberal buscando herramientas menos lesivas que el paro y a la vez, capaces de darnos visibilidad y construir consensos con la comunidad con la que manteníamos relaciones difíciles por la falta de servicios, a pesar de su renovada fe en la escuela pública y su comprensión del conflicto.

Otro elemento clave fue entender la importancia de nacionalizar la lucha, es decir, tener acciones unificadas por cuanto las políticas menemistas se apoyaban en la fragmentación y fractura de los trabajadores que terminábamos en la encerrona de reclamar exclusivamente a las jurisdicciones locales, intencionadamente debilitadas en su capacidad de dar respuesta, mientras el Gobierno Nacional quedaba eximido de responsabilidad.

La Carpa Blanca fue un espacio público, un símbolo de lucha, denuncia y resistencia muy acompañada por la comunidad en su conjunto. Expresó casi por 3 años, además del conflicto educativo, la situación nacional y particularmente la que aquejaba a los trabajadores. Finalizó después de 1003 días de ayuno, el 30 de diciembre de 1999 con la creación del Fondo de Incentivo Docente que genera un complemento nacional para todos los estados provinciales y uno diferencial para las 8 provincias que no alcanzaban a cubrir el piso.

Posteriormente, en el 2005, fue sancionada la Ley 26.075 de Financiamiento, Educativo mediante la cual los gobiernos provinciales y Nacional están obligados a mejorar el financiamiento del sistema hasta llevarlo a un piso del 6% del PBI con porcentajes inamovibles de participación de cada parte. Esta ley y el Fondo de Incentivo se han cumplido -aunque nunca faltan problemas sobre todo porque los salarios se ven gravemente afectados por los procesos inflacionarios-, pero no hemos vuelto a caer en las gravísimas situaciones vividas hasta 1997/8. Por otra parte, la Paritaria Nacional y las Paritarias Provinciales, han funcionado, en la mayoría de los casos, permitiendo situaciones menos traumáticas en nuestro régimen laboral..

En definitiva, la situación de la Educación Pública sigue siendo preocupante por múltiples razones que no se limitan a cuestiones de financiamiento, pero se evitó la privatización, se amplió el período de obligatoriedad y los gobiernos en conjunto quedaron legalmente obligados a atender el financiamiento del sistema. Obviamente la situación no es la misma y aunque falte mucho las luchas transcurridas han impedido un desgaste mayor de la educación pública y de los trabajadores.

Educación y distribución de la riqueza

-¿Qué significó en su vida aquella verdadera gesta, una de las batallas más interesantes contra el neoliberalismo de los noventa?

- Fue un aprendizaje formidable y una corroboración personal sobre la importancia y trascendencia que tiene para las organizaciones sociales dos cuestiones fundamentales: el práctica efectiva de la democracia interna y la transparencia y honestidad cabal los dirigentes

-¿Cómo se relaciona el derecho a la Educación y la distribución de la riqueza. Algún discurso señala a la Educación como forma de salir de la marginalidad. ¿No es un tanto falso?

- La lucha por la distribución justa de la riqueza tiene postulados teóricos que desde distintos ángulos la avalan y justifican. Sin embargo entre la teoría y la práctica existen innumerables barreras que la ciudadanía debe sortear para avanzar en esa dirección. Entre las barreras están, además de los intereses leoninos de los grupos económicos, las políticas gubernamentales que, en línea con esos intereses, atemperan las demandas a fuerza de planes sociales y otras formas de contención que diluyen los reclamos y permiten la subsistencia atroces asimetrías y la presencia en nuestra Patria de millones de seres humanos que apenas subsistan en la más absoluta indigencia.

Para nosotros el tema es la justicia social y esto es parte indisoluble de la justicia en la estructura misma del Estado, es decir del modo en que las instituciones favorecen o no el ejercicio efectivo de los derechos y los deberes en función de la concreta distribución de la riqueza: Es el funcionamiento de la Justicia, del Congreso, de los Ejecutivos, del Banco Central, del Tesoro, de los sindicatos, los hospitales para asegurar que realmente habrá distribución y no parches.

Una de las instituciones del Estado involucradas es la educación. La educación como el espacio donde se concreta el derecho a aprender (que no es lo mismo que el derecho a ir a la escuela). Este derecho exige dos responsabilidades básicas del sistema: por un lado distribuir conocimientos socialmente valiosos, entre otros: los derechos y deberes, los procedimientos individuales y colectivos para alcanzar la plenitud de su ejercicio, el fortalecimiento de la ciudadanía, el desarrollo del juicio crítico, el pensamiento complejo, la ética, la comprensión, la solidaridad, la posibilidad de construir certezas en medio de las incertidumbres, las relaciones con la naturaleza, las responsabilidades sociales, la organización de la demanda… y por otro lado, evitar que las injustas desigualdades de origen dominen el sistema de modo que la fragmentación social se refuerce en la escuela convalidando que quienes menos tienen y menos pueden sean a la postre también los que menos aprenden. Se fortalece así la injusticia del presente y se restringen las posibilidades de revertirlas a futuro con títulos devaluados y aprendizajes insignificantes. Las pruebas PISA, con todos sus defectos, son un indicador fuerte en este sentido.

En este tema quiero ser bien precisa: la escuela debe, está obligada a hacer el mejor proceso educativo, a proveer las herramientas para el desarrollo personal y social, pero la realidad no cambia solo desde las escuelas. Una buena educación puede ayudar, genera expectativas, promueve esperanzas, favorece la comprensión de la realidad, pero mientras sigamos viviendo, como dice el lingüista norteamericano Noam Chomsky, bajo las garras del “gobierno de facto” empresario, las escuelas formarán conciencia, estimularán compromisos pero son los hombres y mujeres de la nación los que habrán de concretar los procesos culturales, políticos, sociales y económicos que promuevan el cambio y hagan posible la justicia.

La CTERA no es la dirigencia

-Si bien los tiempos históricos no son los mismos, se tiene la impresión que la CTERA actual y la que usted condujo difieren profundamente en su concepción del sindicalismo. ¿Me equivoco?

- La CTERA no es la dirigencia. Es una federación y sus sindicatos de base tienen fuertes autonomías. Desde luego, como cualquier institución cambia, evoluciona, tiene una dinámica que le permite moverse en la realidad también cambiante. No sé si los actuales dirigentes tienen o no una concepción distinta del sindicalismo, para mí es suficiente con que sostengan sus resortes democráticos y sigan representando los intereses de los trabajadores de la educación. Si la democracia está garantizada, la voluntad de los trabajadores tendrá presencia y definirá.

-Su impresión sobre la última huelga docente. ¿Qué opina de este Ministerio de Educación sin escuelas conduciendo las paritarias docentes, y luego las conflictivas paritarias provinciales? ¿Hay en esto una estrategia para debilitar gremialmente al sector a la hora de la discusión salarial?

- No hubo una última huelga docente nacional, es decir huelga de CTERA, hubo y sigue habiendo huelgas provinciales con grandes dificultades para alcanzar soluciones más o menos justas en medio de los recortes y presiones. La Paritaria Nacional fija un piso mínimo, compromete de este modo al Gobierno Nacional a girar los fondos en tiempo y forma para atender los compromisos asumidos. Favorece las negociaciones locales aun para los sindicatos más débiles y permite sostener con fundamento las luchas gremiales.

Hay que tener en cuenta que precisamente la estrategia para debilitar el reclamo y la fuerza de la organización es evitar esa instancia de negociación y obligar a discutir únicamente en las provincias dejando de lado las responsabilidades del Gobierno Nacional y desmantelando la efectividad de CTERA.

¿Que extraña del gremialismo? Cuénteme como son ahora sus días, su militancia.

- Extraño el contacto cotidiano con mis compañeros/as, el debate en las asambleas y congresos, las tareas de formación dirigidas al cambio cultural en el ejercicio de la docencia.

Hoy desde Unidad Popular, procuro ayudar y acompañar esa formación, ahora dirigida a un colectivo más heterogéneo, desafiante y estimulante.

El liberalismo extractivista significa más pobres y contaminados

-¿Existe entre las fuerzas de oposición una discusión profunda acerca del modelo educativa que se quiere?

- En Argentina hace mucho que el debate educativo está soterrado no sólo en los partidos políticos. En todo caso es más grave su ausencia en los partidos porque se postulan para gobernar y dirigir el sistema. Algunas cuestiones fundamentales de las que poco se habla son: la participación de los docentes en las definiciones del sistema, la participación institucionalizada de las familias y de los propios estudiantes. Es obvio que el sistema educativo adolece de insuficiencia democrática y los partidos políticos tienen propuestas formales que no abordan, a mi criterio, esos déficits ni los problemas centrales que hoy jaquean a las escuelas: la violencia, la droga, el fracaso escolar, la formación y posterior actualización docente, la pertinencia del proceso educativo …Estos déficits son nuestro desafío

-Su impresión sobre la coyuntura. Hay cierta fatalidad en los análisis sobre el resultado de las elecciones del 2015. Casi todos los pronósticos apuntan a una profundización del modelo neoliberal. ¿Su opinión es la misma?

- Considero que no hay dudas serias respecto a la continuidad del neoliberalismo en los últimos 25 años, con variaciones poco significativas en casi todo el continente y etapas con acentos en una u otras de las políticas prescriptas por el régimen. Una primera etapa, la menemista, privatizadora, desindustrializadora y destructora del rol político del Estado que pasó a ser agente de negocios al servicio de los grupos económicos. Y la actual, caracterizada por el extractivismo, el saqueo y la desposesión de tierras, conocimientos y bienes.Tanto el extractivismo como el saqueo ya fueron parte de la primera etapa, pero en la actualidad se perfeccionan e incrementan su efectividad a caballo de las tecnologías y favorecidos por la creciente liberalización en todos los sentidos que le aseguran los gobiernos, desde el descontrol hasta las más inauditas concesiones tributarias, legales y laborales.

Por otra parte es evidente que el capital ha desplazado crecientemente sus activos desde la producción a la especulación financiera. La acumulación no se asienta hoy principalmente en la plusvalía ni en la explotación de los trabajadores, características éstas de los procesos productivos en los últimos siglos. Tal es así que hoy prefieren la especulación a la producción ya que los humanos que se requieren para llevarla adelante están siempre “obstaculizando” con sus demandas y sus organizaciones y que, para colmo, debido a la inflación, consumen menos. Mientras que si no hay producción, no hace falta pagarles ni negociar, ni repartir. El extractivismo con pocos trabajadores y muchas máquinas y químicos, reduce el problema.

La desposesión y apropiación de tierras, conocimientos y bienes es otro buen camino para la especulación. Cualquiera de estos modelos, es inviable sin políticas de contención social, por eso, para el capitalismo es clave atar los negocios con los gobiernos que son, a la postre, quienes garantizan la “paz social”, promueven las “inversiones”, y discursean sobre la necesidad de “sacar las riquezas de la tierra”, y sobre todo, pagan los planes y programas sociales y reprimen cuando hace falta. Este nuevo neoliberalismo extractivista nos deja más pobres y más contaminados.

De estos temas se habla poco en la campaña política. La mayor parte de los candidatos que aparecen hoy en las encuestas con posibilidades de dar batalla electoral, ni se plantean la remoción del modelo, ni el análisis de la deuda efectivamente contraída, ni la revisión de las políticas de saqueo, más bien hablan de control, de transparencia, de ofrecerles garantías y seguridad jurídica a las empresas y de una drástica disminución de la corrupción política. En cuanto a la gente afín al gobierno, ni siquiera se plantean otra cosa más que la continuidad con otros actores.

Cada día estoy más convencida de la necesidad, la urgencia y la importancia de construir verdaderas alternativas. Capacitarnos, formarnos, organizarnos, y afianzar los lazos con la comunidad que es la única capaz de sostener los cambios dinámicos que queremos generar.

Los negocios electorales para ganar una elección, no garantizan en absoluto que después se pueda efectivamente gobernar con los socios elegidos. Ya hemos tenido varias experiencias.

Nota publicada en el Periódico de la CTA Nº 101, correspondiente al mes de abril de 2014

* Director de comunicación y Difusión de la CTA

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