Bienes comunes y modelo productivo
Arrasando vida
Sábado 27 de septiembre de 2014, por Darío Aranda *
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En la Argentina se produce el 4,3 por ciento de la deforestación mundial. Y Salta es líder entre las provincias del país. Los agronegocios, las complicidades políticas, jurídicas y empresarias. Un modelo que avanza y arrasa vidas.

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“Esta semana nos avisaron que van a voltear 3000 hectáreas donde vivimos. Nadie nos preguntó. Y a nadie vamos a dejar pasar. Nosotros vivimos, nosotros morimos acá”, avisó Ramón Paz, de la Federación Wichí Ruta 81 de Salta. El motivo de la deforestación es el modelo agropecuario que avanza sobre el norte argentino.

La Escuela de Antropología de la Universidad Nacional de Salta (UNSA) denunció que el despojo de la tierra conlleva al desplazamiento de pueblos originarios y campesinos a las periferias urbanas, y alertó: “Este avance sobre los derechos de los pueblos indígenas implica su extinción”.

En la Argentina se produce el 4,3 por ciento del desmonte mundial.

La Ley

La Ley Nacional 26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos (más conocida como Ley de Bosques) fue aprobada el 28 de noviembre de 2007. La ley durmió en el despacho presidencial catorce meses para su promulgación (último paso para su plena vigencia). En febrero de 2008 un alud destruyó buena parte de la ciudad salteña de Tartagal. Fuerte lluvias, la actividad petrolera en los cerros aledaños y la tala selectiva fueron un combo que barrió aguas abajo con casas y vidas.

El gobernador Juan Manuel Urtubey habló de “desastre natural”. Rápidamente las organizaciones sociales y académicos salteños apuntaron a la actividad del hombre, la tala y el desmonte. La Presidenta visitó la zona. A su regreso, el 13 de febrero de 2008, puso su firma y promulgó la ley.

La norma establecía un reordenamiento territorial en cada provincia que identificara las zonas de monte en tres colores. Rojo (no se puede desmontar), amarillo (requiere estudios y autorizaciones para realizar actividades intensivas) y verde (se puede desmontar). En 2009, Salta aprobó el reordenamiento (fue muy cuestionado por las organizaciones rurales y ambientales por no contar -como establecía la ley- con participación de la sociedad civil).

Datos duros

Entre 2008 y 2013 se desmontaron en Salta 358.723 hectáreas, de las cuales 112.000 estaban en zonas que debían protegerse (según el Ordenamiento Territorial requerido por la Ley de Bosques). Los datos fueron procesados, estudiados y confirmados por el Laboratorio de Análisis Regional y Teledetección (LART) de la Facultad de Agronomía (Universidad de Buenos Aires). Detalló que en 2008 (primer año de vigencia de la Ley) fue el récord de desmonte: 110.000 hectáreas. En 2009 se arrasaron 46.000 y en 2010 ascendió a 50.000 hectáreas. En 2011 se destruyeron 72.000 hectáreas de monte salteño, en 2012 otras 52.000 y en 2013 se desmontaron 28.000 hectáreas. Equivale a un promedio de 164 canchas de fútbol por cada día, siete hectáreas de monte salteño desaparecen cada hora.

En julio pasado, Greenpeace denunció que en sólo dos meses se habían desmontado 6350 hectáreas de bosques protegidos por la Ley y que otras 120 mil hectáreas estaban en riesgo porque el gobierno de Salta había autorizado el paso de topadoras. “Es preocupante la falta de acciones firmes por parte de la Secretaría de Ambiente de la Nación. Si todas las provincias desmontarán al ritmo que lo hace Salta, en 30 años la Argentina se quedaría sin bosques”, denunció Hernán Giardini, coordinador de la campaña de Bosques de Greenpeace.

El desmonte es una política de Estado sostenida por los distintos gobiernos provinciales. Entre 1998 y 2002 la superficie desmontada fue de 194 mil hectáreas. Entre 2002 y 2006 se duplicó (415 mil). Cuando Juan Manuel Urtubey estaba campaña para su primera gobernación (2007) se diferenciaba del entonces gobernador Juan Carlos Romero. “Se acabó el festival de desmontes”, era uno de sus latiguillos de campaña. No cumplió.

La Red Agroforestal Chaco Argentina (Redaf) es un colectivo que reúne a organizaciones y activistas. Estudia, acompaña en territorio a las comunidades y procesa la información oficial sobre el avance extractivo en el norte del país. Detallan que entre 1976 y 2012, en Salta se arrasaron dos millones de hectáreas de monte. Un récord que le vale a Salta un título: la capital del desmonte.

Recategorizar

Para ejecutar buena parte de la deforestación se utilizan grises de la ley o se desvirtúa el espíritu de la norma. La palabra clave es “recategorizar”. El gobierno salteño estableció que la zonificación por colores era sólo “orientativa” y que podía ser modificada por el Ministerio de Ambiente provincial. Los campos que en el mapa original aparecen amarillos o rojos (zonas protegidas) las pasan a “verde” para luego desmontarlas.

Las recategorizaciones violan el artículo 14 de la Ley de Bosques. “No podrán autorizarse desmontes de bosques nativos clasificados en las Categorías I (rojo) y II (amarillo)”. Contradice también el artículo 9 del decreto 91/2009 (reglamentación nacional de la Ley): “En la Categoría I (rojo), que dado su valor de conservación no puede estar sujeta a aprovechamiento forestal, podrán realizarse actividades de protección, mantenimiento, recolección y otras que no alteren los atributos intrínsecos”.

Las modificaciones de categorías nunca pueden, según la misma ley, disminuir el nivel de protección de un campo. “En caso de duda respecto de la afectación de un predio en forma total o parcial, se optará por la categoría de mayor valor de conservación”. En Salta se hace todo lo contrario. Ante la duda, se pasa topadora.

“Los grandes terratenientes ya no necesitan esconderse para deforestar donde está prohibido. Aunque parezca increíble, el Gobierno autoriza desmontes a pedido. Modifica la zonificación de las fincas establecida por la Ley de Bosques y todo queda prolijamente ’dentro de la ley’”, afirma Giardini, de Greenpeace.

Otra incoherencia gubernamental es el decreto provincial 2789, que prohíbe los desmontes en regiones donde no se realizó el relevamiento de territorios indígenas establecido en la Ley Nacional 26.160 (Emergencia Comunitaria Indígena). El relevamiento territorial no se realizó, por ejemplo, en la comunidad wichí Cuchuy (municipio de Ballivián, departamento San Martín), pero aún así se efectuó la audiencia pública para desmontar diez mil hectáreas de territorio.

Coerción

Para recategorizar necesitan, tanto empresas como Gobierno, un visto bueno de los habitantes del lugar, campesinos e indígenas. Es el momento de la estafa, la coerción o el simulacro de consulta. En el caso de la comunidad wichí Cuchuy las empresas hicieron firmar comodatos a criollos e indígenas donde ceden el territorio a cambio de la donación de 300 hectáreas y diez viviendas.

“Un aspecto muy preocupante es cómo tratan la resolución del ’conflicto social’ para pasar de amarillo a verde y autorizar el desmonte. Es brutal la presión metida por todos (intendentes, empresas, Secretaría de Ambiente) sobre las familias wichí que habitan ancestralmente cada lugar. Tenemos prueba de todos los documentos que les hacen firmar. Quienes gestionan esas firmas son los que proveen de agua, quienes proveen ambulancia, bolsones de alimentos. ¿Cómo no van a firmar si de eso depende tener agua o comida?”, alertó Ana Alvarez, de Redaf.

En el caso de la finca Cuchuy (donde vive la comunidad wichí del mismo nombre), las familias campesinas y wichí no contaron con asesoramiento jurídico sobre sus derechos. Y firmaron un comodato a favor de los empresarios. Les quedarán 300 hectáreas y perderán 9700. Las cuatro familias campesinas que viven en el lugar hace más de 50 años firmaron el “acuerdo” solicitado por los empresarios. En dos casos firmaron con la huella dactilar porque no saben leer ni escribir. El escrito que firmaron detalla que sólo tendrán cinco hectáreas por familia (20 hectáreas total). Tienen como principal actividad de sustento la ganadería (cuenta con 600 cabezas de ganado), pero en 20 hectáreas sólo podrán mantener una decena de animales.

Empresarios y funcionarios saben que, al perder su forma de vida, los campesinos migrarán del campo.

La mayoría de las familias wichí que “firmaron” no escriben ni leen, incluso no hablan castellano. “Viven en una situación socioeconómica alarmante por la violación sistemática de sus derechos humanos. Sufren falta de alimentación, de acceso al agua potable, a la vivienda digna, a la educación y a la salud pública. Los problemas en los que se ven inmersos son producto, en su gran mayoría, del despojo territorial que han venido sufriendo en forma sistemática por parte de particulares, con anuencia de los estados provincial y nacional”, aseguró el defensor oficial Julián Langevin en su informe a la Corte Suprema de Justicia en 2009.

Modelo

El principal motivo del desmonte es el avance del modelo transgénico (principalmente soja). En el 2000, en Salta existían 210 mil hectáreas con soja. La última campaña fue de 600 mil hectáreas. Con el maíz transgénico pasó algo similar: 61 mil hectáreas en el 2000. En 2013 abarcó 162 mil hectáreas. A medida que retrocede el monte, avanza el agronegocios.

Otro factor de peso es el corrimiento de la frontera ganadera, expulsada (también por la soja) de las tierras que ocupaba, avanza sobre tierras campesinas, indígenas, de monte nativo.

Según estadísticas del Sistema Integrado de Información Agropecuaria (SIIA, del Ministerio de Agricultura de la Nación), en el 2000 había en Salta 420 mil cabezas de ganado bovino. En 2010 (última estadística disponible) llegaba a un millón de cabezas.

El gobierno de Salta anunció en 2013 que planea cuadruplicar el stock ganadero para 2030. Lo que implica avanzar sobre nuevas tierras.

En Gobierno Nacional, junto a provincias y empresas, impulsa el Plan Estratégico Agroalimentario (PEA), que aspira a aumentar la producción granaria un 60 por ciento para 2020 (pasar de las 100 millones de toneladas actuales a 160 millones de toneladas). El mismo texto del PEA explicita un 27 por ciento de aumento del área sembrada (pasar de 32 millones de hectáreas a 41 millones). Se profundizará el avance sobre la zona el norte argentino.

Directa relación con el modelo impulsado es lo difundido en marzo pasado en el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC, donde participan más de 300 científicos de todo el mundo): el 4,3 por ciento de la deforestación global ocurre en Argentina.

Empresarios

Greenpeace difundió en mayo pasado un listado de empresarios vinculados a la violación de la Ley de Bosques. En el informe “Desmontes S.A. La responsabilidad empresaria y gubernamental”, apunta a Franco y Mauricio Macri, Alejandro Braun Peña, Pablo Clusellas (Macri Group, Socma, Chery Argentina, Pago Fácil), Aldo Navilli (Molino Cañuelas, Vitamina), Alejandro Roggio (Grupo Roggio, Metrovías, Cliba), João Pereira Coutinho (Volkswagen Portugal), Bruno Varela Marín (productor ganadero uruguayo), Martín Laplacette (director de la filial local del grupo brasileño André Maggi), Andrés von Buch (directivo de la Cámara de Industria y Comercio Argentino Alemana) y Arnaldo Hasenclever (director de la filial local de Grant Thornton International). Son sólo algunos de los empresario nacionales y extranjeros que avanzan sobre tierras campesinas e indígenas.

Una de las empresas más cuestionada fue Molino Cañuelas (propiedad de Aldo Adriano Navilli y sus hijos), fabricantes de los conocidos “Bizcochos 9 de Oro”. Propietaria de la estancia “El Carmen”, que pretende desmontar 6000 hectáreas de monte salteño en cercanías de la ciudad de Embarcación. La empresa exporta harina de trigo, elabora y comercializa aceites, y forma parte del mismo grupo empresario que controla las empresas de marca de ropa Vitamina y Uma.

En la finca El Yuto, de 20 mil hectáreas en el departamento San Martín, fue clasificada como Categoría II (amarillo), pero el administrador pidió el desmonte de 8163 hectáreas para explotación agrícola. Es propiedad de Franco Macri y sus hijos (entre ellos, el Jefe de Gobierno porteño) y serán afectadas las comunidades indígenas La Chirola, La Corzuela, Algarrobito, Asamblea de Dios, Las Llanas, La Mina y El Campamento.

Alejandro Roggio (uno de los principales accionistas del Grupo Roggio, contratista del Estado en construcciones, higiene urbana y transporte) es propietario de la finca La Maravilla. Logró autorización para desmontar 1423 hectáreas.

Derechos humanos

La Defensoría del Pueblo de la Nación publicó en 2012 un informe titulado “Vulneración a los derechos de pobladores criollos e indígenas por deslindes y desmontes irregulares en Salta”. Resume que el corrimiento de la frontera agropecuaria implica la violación de derechos de campesinos y comunidades indígenas. Constató desmontes en zonas prohibidas, violencia sobre comunidades, incumplimiento de leyes nacionales y provinciales, falta de control por parte del gobierno provincial y la ausencia del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI). “Se ha verificado una clara vulneración a los derechos de pobladores criollos e indígenas, un potencial daño al medio ambiente, debilidad en el accionar de la Provincia para la solución de los hechos observados y la existencia de un conflicto social latente, que demanda la urgente atención por parte de todas las autoridades con el fin de evitar una escalada que produzca consecuencias imposibles de remediar”, alertó la Defensoría del Pueblo.

La Defensoría hizo hincapié en la zona de la ruta nacional 81, que recorre el noreste de Salta, región del chaco argentino. En el kilómetro 1790 se ubica la localidad de Fortín Dragones (departamento San Martín), zona de campesinos criollos y comunidades wichí que denuncian la presión para que dejen sus tierras, la tala indiscriminada, el cierre de caminos, falta de presencia del INAI, inacción del Ministerio de Ambiente de la provincia, necesidad de obras de agua potable y mejoras en las escuelas. La Defensoría del Pueblo confirmó cada una de las denuncias en las comunidades La Chirola, Las Llanas, La Golondrina, La Paloma, Las Moras, Media Luna, Pozo El Bravo, La Fortuna, Monte Seco, Pozo Los Indios, y El Vizcacheral.

El informe hace especial mención al “proceso de arrinconamiento” que padecen las comunidades mediante el cercado de fincas vecinas que limitan los espacios de ganadería de las familias criollas e indígenas. “Sus capacidades productivas se ven fuertemente mermadas por la acción de los grandes finqueros. Sus vacas no tendrán lugar donde pastar y ellos tendrían que emigrar faltos de trabajo”, explica el informe.

“Estamos peor que hace dos años. El Gobierno y las empresas nos quieren apretar por todos lados. Esta semana nos avisaron que aprobaron el desmonte de 3000 hectáreas nuestras. No los vamos a dejar. Nosotros vivimos acá”, avisó enojado Ramón Paz, de Misión Salím y de la Federación Wichí de la cuenca del Río Bermejo (a 40 kilómetros de la ciudad de Embarcación). Explica que en el primer fin de semana de septiembre habrá reunión de treinta comunidades y decidirán qué hacer. Están dolidos porque un dirigente wichí, histórico defensor del monte nativo, acaba de hablar con medios provinciales y propone alianzas con las empresas del agro para desmontar.

“No sabemos si lo amenazaron o qué pasó. Sabemos que nosotros queremos nuestro monte”, aclara Paz e insiste: “No nos vamos a ir y no vamos a dejar que volteen el monte”.

En enero pasado, agrupaciones campesinas del chaco salteño (departamento Rivadavia Banda Norte, en el noreste provincial) exigieron al Ministerio de Ambiente y Producción que frenen los desmontes. Las organizaciones Unión y Progreso, Los del Bermejo, Defendiendo lo Nuestro, Comisión de Feria Rural Campesina, Herencia Chaqueña y la Asociación de Pequeños Productores del Chaco Salteño denunciaron sentirse “avasallados en nuestros derechos posesorios sobre la tierra que habitamos y en la cual hemos trabajado y construido nuestras vidas por generaciones; una vez más sentimos que se nos ignora, margina y desconoce como ciudadanos poseedores de derechos. Solo se tienen en cuenta los beneficios económicos que favorecen a unos cuantos y perjudican a toda una población”. Aclararon que en ninguno de los permisos de desmonte, con supuestas audiencias públicas, se consultó a las familias campesinas y comunidades indígenas afectadas.

La primera semana de agosto, comunidades wichí San José de Cuchuy, Laguna de Cuchuy, Chaguaral y El Duraznillo acamparon y frenaron topadoras (en el municipio de Ballivián, departamento de San Martín), para defender el único monte que les queda, quebrachos, palosantos, mistoles, algarrobos.

La Escuela de Antropología de la Universidad Nacional de Salta emitió un dura declaración pública en mayo pasado. “Expresamos nuestra más profunda preocupación por los desmontes autorizados por cuanto se estima que constituyen una violación a la Ley Nacional de Bosques y a los derechos consagrados de los pueblos originarios y familias criollas que habitan esos sectores, poniendo a los mismos en grave riesgo para su supervivencia en un corto plazo”, alerta el primer párrafo de la declaración.

Resalta que para indígenas y campesinos no es sólo bosque sino que el monte hace a su vida. “La supervivencia se encuentra en grave riesgo como consecuencia de los desmontes que no los tiene en cuenta en pos de un lucro privado para unos pocos que contradice su supuesto desarrollo”, aseguran los antropólogos de la UNSA, precisan las consecuencias en la salud, el hambre, la desnutrición y la contaminación.

Cuestiona las “recategorizaciones” prediales y apunta al gobierno provincial: “Sus acciones no respetan los derechos indígenas reconocidos por la Constitución Nacional y demuestra su funcionalidad y lealtad a los intereses de lucro a corto plazo de un puñado de empresarios, cuya codicia no repara en los costos ambientales y humano”.

La Escuela de Antropología de la Universidad de Salta no duda de que los desmontes implican para los pueblos indígenas “una violación de sus derechos humanos” y avanza un escalón más: “Este accionar (desmontes y desalojos) bien podría calificarse como genocidio, a la luz de la legislación pertinente es un delito de lesa humanidad que no prescribe”.

* Periodista y escritor

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