A propósito de la cárcel de San Martín en Córdoba: ¿Desinformación o ignorancia?
Miércoles 20 de mayo de 2015, por Luis "Vitín" Baronetto *
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Preocupa la falta de conocimiento manifestada por la ministra de Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Córdoba, Graciela Chayep, y el ministro de Comunicación, Jorge Lawson, sobre la cárcel de San Martín. Y esa ignorancia en funcionarios públicos puede acarrear daños irreparables, en este caso relacionados con las pruebas en los juicios por delitos de lesa humanidad.

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* Ex detenido político. Director de Tiempo Latinoamericano. Biógrafo del Obispo Enrique Angelelli. Ex secretario de Derechos Humanos de la Municipalidad de Córdoba

Si estos funcionarios hubiesen consultado con la Justicia Federal o con organismos de derechos humanos que siempre han estado preocupados por el destino de la cárcel, desde que se debatió en la Legislatura en el 2008 la venta de ese y otros establecimientos carcelarios, habrían tenido información suficiente para saldar su ignorancia en relación a la UP1.

Desinforma la Ministra –o peor aún, transforma en supina su ignorancia- cuando declara que “hay un espacio dentro del penal que son tres pisos de celdas que construyó el Ejército para los presos políticos, y nada de eso se va a tocar.” (La Mañana de Córdoba, 13 de mayo de 2015).

El Ejército no construyó ningún piso, ni celdas para los presos políticos. El único edificio de tres pisos que existe en el penal es el llamado Pabellón 14, donde alojaron a mujeres, que fueron torturadas allí, y seis de ellas sacadas sin orden judicial para ser fusiladas. A los varones “estimados subversivos” los encerraron en otros pabellones.

Debería haber consultado los archivos del Servicio Penitenciario a su cargo, para saber que con fecha 26 de junio de 1975, el entonces director del penal subprefecto José Oscar Montamat dirigió una nota al subdirector del Servicio Penitenciario a cargo de la Dirección General, prefecto Héctor Claudio Gastaldi expresando su preocupación por el alojamiento de “subversivos” en esa cárcel. “Me atrevería a decir que Moscú, Pekín y La Habana tendrán puestas sus miras en este punto neurálgico cuyo copamiento significaría la gran victoria para la guerrilla subversiva”.

Y propuso que fueran trasladados los 16 (dieciséis) presos a disposición del Poder Ejecutivo, que ya se encontraban alojados en ese penal. Mucho antes que el Ejército lo pusiera bajo su control a partir del 24 de marzo de 1976.

Pero además en los archivos del Servicio Penitenciario Provincial figuran los pabellones donde estuvieron alojados los más de 800 presos políticos en el período dictatorial.

Por su parte, el ministro de Comunicación, Jorge Lawson, que ha incumplido su obligación de informar a la sociedad cordobesa el supuesto proyecto, incurre en una falacia al afirmar que “el sector que era del Ejército está claramente separado del resto de la construcción y no lo íbamos a tocar”. (La Voz del Interior, 13 de mayo/2015).

No existe ese sector separado y a la Justicia no le informaron que no lo tocarían.

Es difícil creer que dos funcionarios provinciales con cargo de ministros desconozcan lo que además fue publicado en los medios de prensa. La sentencia judicial que condenó a Videla, Menéndez y otros en el 2010 afirmó que los pabellones 6, 8 y 14 donde estaban alojados los presos políticos fueron convertidos en “centro clandestino de detención”.

Después del golpe militar también fueron habilitados los pabellones 9 y 10. Otros lugares del penal fueron escenario de torturas y muertes: el patio donde fue asesinado Raúl Bauducco. Y el hospital de la cárcel donde murió René Moukarsel, luego de ser estaqueado y torturado en el patio del pabellón 14. También los calabozos subterráneos y las habitaciones para “visitas íntimas” utilizadas como celdas clandestinas transitorias.

Todos esos espacios carcelarios han sido objeto de inspecciones oculares por parte de la Justicia Federal. Antes de avanzar en el desmantelamiento de la cárcel deberían haberse informado del estado en el que se encuentran las causas por delitos de lesa humanidad, estuviesen o no de acuerdo con estos juicios, porque se trata de instancias propias de la institucionalidad democrática.

Intentando justificar la topadora del actual gobierno. la ministra afirma que “sólo dos presos políticos fueron asesinados en el interior de la cárcel. Los otros fueron muertos afuera”. Pero sacados de las celdas de la UP1 para su fusilamiento, le añadimos a su información. ¿Ignorancia jurídica? Un ciudadano lego sabe que un solo hecho delictivo requiere preservar la prueba.

Por último, la señora Chayeb nos reprocha –a mí y a los firmantes de los organismos que me acompañaron en la solicitud judicial de “no innovar”- no haberles preguntado y “estar mal informado” (La Mañana de Córdoba, 13.05.2015).

No debe ignorar que es ella como funcionaria pública quien tiene la obligación de informar a los ciudadanos, según surge del principio de publicidad de los actos de gobierno.

El incumplimiento de esta responsabilidad abre la sospecha de un proyecto en el que se pretendía avanzar sin el ánimo de respetar normas procesales penales vigentes. Se habló de “espacio verde”, de preservación del pórtico y algunas dependencias históricas y la celeridad en la demolición.

¿Por qué el apuro y no el debate reclamado por algunas instituciones de nuestro medio? Que se sepa ningún sector de la sociedad cordobesa fue ni consultado ni informado sobre decisiones que llamativamente se han mantenido ocultas, hasta que la realidad de los hechos los obligó a declaraciones públicas con generalidades que no revelan lo que realmente se quiere hacer.

Su anunciada “apelación” judicial los obligará a desnudar sus planes verdaderos que, por lo ya manifestado, están lejos de cumplir con los recaudos planteados en función de los juicios por delitos del terrorismo de Estado.

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