Derechos humanos
Lesa Humanidad: El cepo judicial
Lunes 4 de enero de 2016, por Corresponsalía Córdoba *
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El año pasado se realizaron 18 juicios con dispares condenas y libertades de imputados. En tanto que en Santa Cruz, Chubut, La Pampa, Formosa, Misiones, Corrientes y Santiago del Estero, las causas no avanzan. Las juntadas de la militancia del NOA y NEA reclaman acelerar las causas.

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No es una cuestión de estadísticas, ni tampoco se trata de minimizar los juicios desarrollados en el año que se fue. En rigor, la información para el análisis debe contemplar las más de 500 instrucciones en curso de acuerdo a lo difundido por el Ministerio Público Federal (MPF), los primeros días de noviembre del año pasado. Y además despierta más de un interrogante la cuestión del punto final biológico

“En la actualidad, hay 514 expedientes en todo el país en los que están siendo o fueron investigados los 2166 imputados mencionados. Esas 514 causas cuentan con el caudal probatorio de otras 224 que fueron acumuladas a expedientes principales, formando así megacausas.

En total, 233 causas, que tienen 152 imputados, 44 indagados, 113 con falta de mérito, 11 sobreseídos, 196 procesados en primera instancia, 84 procesados con confirmación de la cámara, 132 con requerimiento de elevación a juicio, 34 procesados apartados por problemas de salud y 9 procesados sin datos se encuentran en etapas de investigación.

En juicio, hay 134 causas, de las cuales 116 -con 233 procesados- se encuentran esperando su turno para que se realice el debate y, como se indicó, las otras 18 -con 195 procesados- están en debate o plenario.

En etapa de revisión, hay 102: 59 tienen sentencia de Tribunal Oral o Plenario (con 330 condenados y 34 absueltos) y se encuentran en trámite ante la Cámara Federal de Casación Penal. Las restantes 43 están en trámite ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación (168 condenados y 22 absueltos).

Blaquier

Una de las causas más emblemáticas del terrorismo de estado duerme el sueño de los justos a la espera de una decisión del presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Ricardo Lorenzetti. Se trata del juicio al empresario azucarero Pedro Blaquier, cuyos abogados agotaron todas las instancias jurídicas para impedirlo. Resta ahora que se cumplan los dichos de la CSJN cuando expresa que “los juicios de lesa humanidad forman parte del contrato social de los argentinos y constituyen una decisión colectiva, un consenso que va más allá de cada dirigente, que no tiene dueño y que, como dijimos antes, nadie puede ya impedir”.

Entonces, es de esperar que de una vez por todas Jujuy deje de ser la capital nacional de la impunidad.

Precisamente, en relación a este juicio, no se puede soslayar que la morosidad de todas las causas se produjo por la inacción del entonces juez subrogante Carlos Olivera Pastor quien renunció a su cargo el 29 de marzo de 2012 tras una masiva movilización popular realizada el 24 de marzo de 2012. Desde entonces, goza de la más prolongada licencia por enfermedad, gracias tal vez su histórico protector, maestro y guía espiritual, Luis Renato Rabbi Baldi Cabanillas, quien acaba de ser confirmado como presidente de la Cámara Federal de Apelaciones de Salta y miembro de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional, que lidera Luis María Cabral.

Complicidad Judicial

Claro que el modelo de impunidad de Olivera Pastor, no es el único. Los que cumplieron ese siniestro rol en la dictadura gozan de libertad. Veinticuatro jueces federales, de los cuales veintiuno continúan en actividad, se encuentran imputados en causas que investigan su responsabilidad en crímenes cometidos durante el terrorismo de Estado, sobre un total de cincuenta y siete funcionarios judiciales acusados.

Por ejemplo, en Neuquén, el ex juez federal Pedro Duarte y el ex fiscal Víctor Ortiz, quienes se encuentran imputados por crímenes de lesa humanidad, vienen logrando el aplazamiento de sus indagatorias o dilatando su desarrollo.

Lo mismo sucede con Liendo Roca y Olmedo de Arzuaga de Santiago del Estero, Luis Allende, ex juez federal, Hipólito Saá de San Luis y el ex juez federal de Formosa Luis Vivas. A ellos se suman Antonio Cornejo, Miguel Ángel Puga, Carlos Otero Álvarez, funcionarios judiciales que actuaban durante la dictadura en Córdoba.

El cepo judicial

En Santa Cruz, el único juicio por detenciones ilegales y torturas quedó en la nada. El panorama es el siguiente Misiones, Chaco, Formosa, Corrientes, San Juan, Santiago del Estero, La Pampa, Chubut, San Luis (donde se lleva a cabo el actual juicio a Luciano Benjamín Menéndez fue implementado para demorar las otras causas) y las 12 causa de Campo de Mayo.

En este contexto, como olvidar el rol de los defensores oficiales. En ese sentido, desde esta Agencia de Noticias de Derechos Humanos se denunció esta complicidad que lleva a preguntarse sobre la presunta autonomía que gozan.

En ese sentido cómo zafar de este muro de impunidad vigente, no desde ahora, sino de hace años. Una de las respuestas la dieron las juntadas de la militancia del NOA y NEA.

Finalmente, apelamos al cierre para afirmar que no hay no hay hombres imprescindibles, sino causas imprescindibles. Y la Memoria, Verdad y Justicia es una de ellas.

Fuente: "Lucho" Soria, Periodista, Agencia de Noticias de Derechos Humanos; www.prensared.org.ar

* Equipo de Comunicación de la CTA Córdoba

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