Criminalización de la protesta social
Revocar Ya el "Protocolo" antidemocrático, inconstitucional y represivo
Miércoles 24 de febrero de 2016, por Prensa FJA *
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La Federación Judicial Argentina (FJA-CTA), con la firma de su secretario General, Hugo Blasco, difundió una declaración cuestionando el autotitulado Protocolo de Seguridad que impulsa el Gobierno nacional.

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"El llamado "Protocolo de Actuación de los Fuerzas de Seguridad del Estado en Manifestaciones Públicas es un engendro antidemocrático, inconstitucional y de carácter represivo, que apunta a paralizar la protesta social frente al fenomenal ajuste de la economía implementado por el gobierno nacional.

En línea con la depreciación del salario real y la esterilización de la negociación colectiva, con la complicidad de sectores de la burocracia sindical y el respaldo de la derecha más recalcitrante de las fuerzas políticas y los medios de comunicación, dicho Protocolo pretende frenar la resistencia popular, que legítimamente recurre al derecho de peticionar y expresarse libremente en el espacio público, tal como lo garantiza la Constitución Nacional.

La pretensión de desalojar de las calles y plazas las manifestaciones populares no solo vulnera la tradición jurídica democrática, sino también la tradición popular que forma parte de la mejor cultura política de nuestro país.

Partidos y movimientos políticos como el radicalismo y el peronismo tuvieron momentos fundantes en la movilización popular y la recuperación y la consolidación democrática, desde las Madres de Plaza de Mayo hasta las manifestaciones del 19 y 20 de diciembre de 2001, se canalizó a través del espacio público, en un permanente ejercicio de aquel grito de “el pueblo quiere saber de qué se trata”, que dio origen a nuestra Patria un mes de mayo de 1810.

En todo caso, los grandes perjuicios a la democracia y al pueblo jamás partieron del ejercicio de la libertad de expresarse y manifestarse públicamente sino de la intención de reprimirlos. Así lo dice nuestra historia reciente y no tan reciente.

En consecuencia, exigimos la inmediata revocación del mencionado Protocolo represivo y, desde ya, hacemos políticamente responsable al Gobierno nacional, y personalmente responsables a la Ministra de Seguridad, Patricia Bulrrich, y al Presidente de la Nación, Mauricio Macri, por el eventual uso de la violencia por parte de las policías u otros organismos como la Gendarmería nacional".

Fuente: www.fja.org.ar

* Equipo de Comunicación de la Federación Judicial Argentina (FJA-CTA)

Lima 609 - Ciudad de Buenos Aires - República Argentina

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