Los salarios en el sector público como variable de ajuste
Viernes 26 de febrero de 2016, por Rodolfo Aguiar *
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Durante los últimos meses del año 2015, numerosos factores contribuyeron a impulsar un nuevo proceso inflacionario. Desde los primeros días de su gestión, el Gobierno nacional adoptó un conjunto de medidas económicas que implicaron una profunda transferencia de recursos desde los trabajadores y el Estado hacia los exportadores y el sector financiero.

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* Secretario General de ATE y la CTA Autónoma de Río Negro

Entre ellas, la reducción y quite de retenciones a las exportaciones, la devaluación del peso y el impulso para un mayor endeudamiento externo. Río Negro no es una isla. Necesariamente las políticas que se definen en el orden nacional impactan en los distritos provinciales. En el caso del sector público, esto constituye un capítulo más de la degradación constante del poder adquisitivo del salario.

Puede asegurarse que, en base a datos fiables (Boletín Oficial, mediciones IPC provinciales y CABA), del conjunto de los asalariados, los estatales son quienes experimentaron el mayor deterioro salarial durante la última década. Podemos afirmar así, que el ingreso de empleados públicos rionegrinos es hoy un 44% más bajo que en el año 2007.

Fueron múltiples las causas que contribuyeron a que los empleados de este sector hayan sido los principales receptores de las políticas de ajuste.

Por un lado, las negociaciones salariales nacionales en la Administración Pública (pese a la oposición de ATE) y la paritaria nacional docente que, año tras año, concluyeron con cifras inferiores a la inflación. Por el otro, numerosos trabajadores todavía no cuentan con el derecho a la negociación colectiva en Río Negro (trabajadores provinciales, municipales y otros cuya vinculación con el Estado es precaria: becas, locación de servicios, convenios de asistencia técnica o subsidios). Finalmente, la falta de pisos salariales mínimos en el sector (provinciales y municipales a quienes no se le aplica el Salario Mínimo, Vital y Móvil).

En cuanto a la evolución salarial, la intervención del INDEC hace que resulte de extrema dificultad poder contar con información oficial que permita analizar la situación del conjunto de los empleados del sector público.

Frente a este escenario y a los fines de poder realizar una aproximación a su evolución en los últimos años, recurriremos a dos negociaciones salariales cuyos resultados, si bien no son automáticamente trasladables a todos los trabajadores del sector, nos posibilitarán con cierta precisión acercarnos al estado actual del salario en el sector público.

Basaremos nuestro análisis en los resultados de la paritaria nacional docente y de la negociación colectiva correspondiente a la Administración Pública Nacional, tomando el salario de convenio, como indicador de la evolución efectiva del salario en todo el sector público.

Por último, y a los fines de comprobar los perjuicios para el sector, haremos una comparación con el crecimiento de los ingresos de los trabajadores de la actividad privada durante los últimos años.

Tomando en consideración el período 2007-2015, tanto el Salario Mínimo Docente como los salarios de convenios de la Administración Pública Nacional se encuentran en los mínimos de toda la serie. En el caso del primero, el valor actual es 13% inferior al 2007 y, en el caso de los segundos, el retroceso es de casi el 18%.

A esto se deben sumar las mencionadas medidas económicas implementadas por el Gobierno Nacional, que hacen prever un fuerte crecimiento de los precios en el primer trimestre del año, situación que afectará notablemente el salario real de los trabajadores.

Si entre enero y marzo de 2016 la inflación asciende a un 10%, cuestión bastante probable, el incremento nominal extraordinario que se requiere para que el salario nominal de convenio vuelva a los niveles previos a la negociación paritaria del año 2007 sería de 28% en el caso del Salario Mínimo Docente y de un 38% en el caso de la Administración. Ello como paso previo a la negociación salarial correspondiente al año 2016.

En Río Negro esta exigencia extraordinaria de un incremento nominal, como escala previa al inicio de las paritarias de este año, es aún mayor (44%) si se tiene en cuenta que los aumentos otorgados por las gestiones de gobierno que se sucedieron desde el 2007 y avalados por un Consejo de la Función Pública (que resulta inconstitucional), se ubicaron no sólo por debajo de la inflación, sino muy lejos de los acuerdos anuales nacionales. Además, las sumas pactadas siempre fueron no remunerativas, profundizando la precarización del salario en la provincia.

El ajuste en los salarios de los estatales es más llamativo, si la comparación se efectúa con los trabajadores de la actividad privada.

Para ello basta con considerar la evolución de los salarios de la industria metalúrgica y de la alimentación, en tanto y en cuanto constituyen ejemplos de los menores y mayores crecimientos salariales de las ramas privadas de la última década. En el caso de la industria metalúrgica en la actualidad el salario de la categoría inicial en términos reales se encuentra sólo un 3% por debajo de los niveles de enero de 2007, mientras que en el caso de la industria de la alimentación se ha experimentado un crecimiento del 25%.

Podemos advertir entonces, que la negociación colectiva en el sector público ha operado como piso salarial durante los últimos 10 años, y no sólo tuvo resultados inferiores a los niveles de inflación, sino que experimentó un fuerte retroceso si se compara con los salarios de convenio de otras actividades.

En otras palabras, frente a las discusiones paritarias que se están llevando adelante en todos los niveles del Estado, podemos afirmar que cualquier reclamo deberá considerar, como punto de partida, la necesaria recomposición en términos reales del deterioro experimentado en los últimos años y agravado en los últimos meses.

Es decir, si se desea recomponer el poder adquisitivo existente 9 años atrás, y asumiendo una inflación del 10% para el primer trimestre del año, en Río Negro sería necesario reclamar un aumento extraordinario de casi el 44% y luego recién negociar un porcentual salarial que se determine como consecuencia de la inflación que pueda preverse para el período de vigencia del próximo acuerdo salarial.

Por supuesto, lograr semejante incremento en una única negociación salarial aparece como una empresa de imposible concreción, pero esa imposibilidad no debe ser un obstáculo a la hora de conocer la verdad.

Los salarios en el sector público han sido una variable de ajuste durante las últimas décadas y esta situación, más temprano que tarde, se debe revertir.

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