La Justicia reconoce el derecho a huelga a todas las organizaciones sindicales
Viernes 18 de marzo de 2016, por Javier Fernando Izaguirre *
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En un reciente y trascendente fallo, la Sala X de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo se pronunció en favor del derecho de un sindicato sin reconocimiento estatal, y de los trabajadores nucleados en el mismo, a promover y participar medidas de acción directa.

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* Integrante del Observatorio del Derecho Social de CTA-A

Se trata del caso “Luzuriaga Marina Laura y Otros c/Sist. Nacional de Medios Públ. Soc. Del Est. Unidad de Neg. Radio Nacional s/Diferencia de Salarios”, donde se discutió sobre la justificación o no de la suspensión de 29 días impuesta por el empleador a trabajadores que llevaron adelante un quite de colaboración de 12 horas en reclamo de mejores condiciones de trabajo. Los trabajadores impugnaron la sanción y reclamaron en sede judicial el pago de los salarios caídos.

El dato relevante es que quien convocó a la medida de acción directa fue la Asociación de Trabajadores de Radio Nacional (ATRANA), sindicato que al momento de la huelga hacía tres meses se había constituido y ni siquiera había solicitado la inscripción gremial en el Ministerio de Trabajo.

Los jueces, confirmando el fallo de primera instancia, hicieron lugar al reclamo de los trabajadores pues consideraron que la sanción impuesta por la empleadora, Sistema Nacional de Medios Públicos, resultó injustificada aún cuando habían participado en una medida de fuerza no convocada por alguna entidad gremial reconocida formalmente.

Cómo es sabido, en los tribunales del trabajo se impone mayoritariamente la tesis según la cual la huelga sólo es legal cuando es convocada por un sindicato que goza de personería gremial. De ahí la importancia del antecedente “Luzuriaga” en cuanto amplía sin restricciones a todos los sindicatos la capacidad de de promover conflictos y permite a los trabajadores organizados en entidades que no cuentan con el reconocimiento del Ministerio de Trabajo activar medidas de acción directa sin por ello actuar por fuera del marco legal.

Con su decisión, los camaristas han colocado las cosas en su lugar, dejando de lado las interpretaciones reductivas de la protección constitucional al ejercicio del derecho de huelga que en el ámbito de la justicia se impuso durante décadas. Señalan sin rodeos que “Si bien los trabajadores del caso no gozaban de la tutela sindical prevista en la ley 23.551, ello no los priva de la protección genérica que el art. 14 “bis” de la Constitución Nacional establece a favor de los gremios y los trabajadores en el ejercicio de la libertad sindical, entendida ésta como el conjunto de derechos, potestades, privilegios e inmunidades otorgadas por las normas constitucionales, internacionales y legales a los trabajadores (en la faz individual) y a las organizaciones voluntariamente constituidas por ellos (en la faz colectiva), para garantizar el desarrollo de las acciones lícitas destinadas a la defensa de sus intereses y al mejoramiento de sus condiciones de vida y trabajo”.

La trascendente resolución judicial dota de eficacia a la cláusula constitucional que garantiza a los gremios, en sentido amplio, el derecho de huelga, recogiendo la voluntad de los convencionales constituyentes que a través del art. 14 bis reconocieron a los gremios, sin distinciones ni preferencias, el derecho a ejercer la huelga. Y es lógico que haya sido así pues, la huelga es la herramienta básica y fundamental con que cuentan los trabajadores y sus organizaciones para la defensa de sus derechos en el contexto de relaciones esencialmente desiguales. Es el instrumento típico de presión que posee la parte más débil y menos favorecida de la relación de trabajo. Solo los trabajadores organizados y con potencialidad de desplegar medidas de acción directa pueden reequilibrar temporalmente esa dispar capacidad de negociación. Por ende, privar del derecho a huelga a un porción de los trabajadores implica acotar su ciudadanía en un Estado que formalmente proclama la igualdad de derechos. Es la injusticia que el fallo viene a enmendar.

Y cuando los camaristas calibran en su justa medida los alcances de la disposición constitucional contenida en el art. 14 bis, están asestando un nuevo y duro golpe a la lógica corporativa y sesgada que aún hoy opera desde distintos ámbitos de poder en pos de la conservación del monopolio del conflicto en cabeza del sindicato con personería gremial.

En sintonía con la saga de pronunciamientos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de reconocimiento y tutela a la Libertad Sindical, el fallo se inscribe como un valioso aporte a la clase obrera pues, cuando admite la universalidad del derecho de huelga, garantiza a todos los trabajadores el recurso a la acción sindical y el conflicto.

Merece también destacarse la oportunidad en que sale a la luz un fallo de estas características, ya que en estos momentos la Corte tiene pendiente de resolución el caso “Orellano”, en el cual se debate quién o quiénes son los sujetos habilitados constitucional y legalmente para disponer medidas de acción directa. La resolución de este caso ha generado enormes expectativas en el mundo del trabajo, por lo que el caso “Luzuriaga” aparece como un valioso antecedente que la Corte, de ser consecuente con los propios lineamientos que ha fijado en torno a la Libertad Sindical, debería refrendar en “Orellano”.

Es que la decisión adoptada por los jueces en “Luzuriaga” expresa, en última instancia, un nuevo capítulo en el largo derrotero histórico que ha transitado la huelga desde su prohibición hasta nuestros días. Encontrándose hoy la huelga generosamente reconocida como derecho fundamental, pero degradada en los hechos por reglamentaciones legales e interpretaciones jurídicas reñidas con la Constitución Nacional, asoma en el horizonte la disputa por un cambio de concepción judicial a partir del cual el ordenamiento jurídico admita definitivamente, y sin discriminaciones antidemocráticas, la legalidad de esta poderosa herramienta de lucha que detenta la clase obrera.

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