¿Qué se está jugando en las calles de París?
Sábado 19 de marzo de 2016, por Adolfo Aguirre *
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La reforma laboral que el gobierno de Hollande pretende llevar a cabo, aún atemperada y maquillada bajo el signo de una "transacción" con la sociedad civil, simboliza el intento más atrevido desde la posguerra para reformar el régimen del mercado laboral francés.

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* Secretario de Relaciones Internacionales de la CTA Coordinador del Foro por los Derechos de la Niñez, la Adolescencia y la Juventud de la Provincia de Buenos Aires

Se trata de una nefasta reforma impulsada bajo el compromiso de combatir el desempleo, algo tan aberrante como paradójico ya que las reformas realizadas desde los gobiernos conservadores han proclamado ese mismo objetivo, con consecuencias opuestas.

Quizás por ello ha logrado convocar en las mismas calles a estudiantes jóvenes y organizaciones sindicales, para rechazar tal proyecto y reclamar juntos por las conquistas adquiridas en materia de derechos para los trabajadores. Hay allí un dato político insoslayable, que evita considerar erróneamente este rechazo a la reforma como una bandera apropiada por un único sector.

En un momento en que florecen propuestas de ajuste neoliberal y flexibilización del empleo en Europa y también en nuestra región, cobra importancia esta reacción amalgamada del pueblo que sale a las calles a expresar su voz de rechazo al avasallamiento de derechos adquiridos. La movilización del 17 de marzo y el paro general convocado para el 31 son los símbolos de esta reacción.

Observamos que en el contexto europeo tiene lugar desde hace más de 10 años un proceso de flexibilización laboral a través de reformas por vía legislativa que desbarata la protección a los trabajadores. En la región de América Latina el avance sobre los derechos de los trabajadores se materializa no solamente bajo el intento de concretar reformas laborales como en Chile y Brasil, sino a través de los despidos indiscriminados en el sector público y privado bajo la escaramuza de la modernización para la eficiencia, como sucede en nuestro país.

Una muestra más del carácter global de la embestida a los derechos de los trabajadores lo provee la actual reunión del Consejo de Administración de la OIT que tuvo lugar en los últimos días. En ese ámbito tripartito también prevalece un cuestionamiento al derecho internacional de huelga por parte del grupo de empleadores, buscando modificar el sistema de normas internacionales y la influencia de ellas sobre las esferas estatales.

No podemos olvidar, a su vez, que la reforma laboral en Francia está siendo propuesta y defendida por un gobierno que se pronuncia socialista, lo cuál aumenta aún más el alerta respecto de la configuración actual de la relación de fuerzas en Francia. En este contexto de embestida patronal y gubernamental hacia los derechos de los trabajadores, la supresión del establecimiento de un tope a las indemnizaciones por despido improcedente, así como los parches a los despidos por motivos económicos y la negociación colectiva de la jornada de trabajo no parecen ser más que las carnadas que llevan a la reestructuración del régimen laboral francés bajo el signo del ajuste neoliberal. Hablamos de un proyecto que pone en jaque la garantía de un máximo semanal de 35 horas para la jornada laboral—uno de los regímenes laborales de mejores condiciones en el mundo en este sentido—, impone una baja a las indemnizaciones que abarata los despidos y busca atomizar las negociaciones sectoriales de las condiciones de trabajo. También resulta preocupante la posibilidad -aunque aún descartada por el primer ministro francés, Manuel Valls- de que el Poder Ejecutivo recurra al artículo 49.3 de la Constitución, que suspende el debate parlamentario, para aprobarla, haciendo a esta reforma más unilateral e ilegítima de lo que ya es.

Puestas estas cartas sobre la mesa es preocupante la posición del gobierno francés, que en lugar de hacerse cargo del retroceso del proyecto al que se vio obligado por la movilización popular reciente y venidera, refiere al proceso como un diálogo mediado por la búsqueda de persuadir a todos los sectores, que finalmente llevó a trasladar la fecha de presentación del plan en el Consejo de Ministros del día 9 para el 24 de marzo. Allí se revela sin dudas la importancia de la acción conjunta de estudiantes y sindicatos, pero también la convicción del gobierno de Hollande para no darse por vencido en el intento de poner coto a la representación sindical y reducir las garantías y derechos de los trabajadores franceses. La ironía es que Hollande llegó al gobierno con un apoyo de parte de sectores sindicales y la promesa de luchar contra los planes de austeridad europea.

Por ello no es menor destacar la intransigencia de centrales sindicales y organizaciones estudiantiles y juveniles para sostener la movilización del 17 de marzo y la huelga general para el próximo 31 exigiendo la anulación de todo proyecto de reforma laboral aún luego de los intentos de persuasión y concesiones propuestas por el Ejecutivo.

El actual proyecto es inaceptable porque no tiene en cuenta las verdaderas necesidades de seguridad de los trabajadores: por ese motivo impide atacar el desempleo. El proyecto ocurre en medio de un proceso de ajuste estructural en Francia, que profundizó el desempleo y la vulnerabilidad de los trabajadores. Es imprescindible una reflexión más profunda, pero también abierta y participativa que tenga en cuenta las necesidades e inquietudes reales de los trabajadores franceses para formular un nuevo código de trabajo. No hay lugar para dejar en manos del gobierno y bajo la influencia de las patronales la discusión sobre cómo debe regirse el empleo. Los trabajadores debemos ser protagonistas de aquella discusión, y queda demostrado que ello sólo es posible por medio de la organización, la sindicalización y la unidad.

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