La Memoria ¿guardada o escondida?
Viernes 25 de marzo de 2016, por Luis "Vitín" Baronetto *
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A 40 años de aquel trágico 24 de marzo de ruptura democrática e instauración del terrorismo de Estado neoliberal, la realidad socio-política nos interpela. Muchos han sido los esfuerzos movilizadores de la sociedad y sus instituciones democráticas para consolidar el “Nunca Más”.

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* Ex detenido político. Director de Tiempo Latinoamericano. Biógrafo del Obispo Enrique Angelelli. Ex secretario de Derechos Humanos de la Municipalidad de Córdoba

En este largo trayecto hay avances y retrocesos. Son amplios los sectores, de diverso signo, que tienen incorporado el valor de la democracia y los derechos humanos.

Muchos también que en esa memoria incluyen los proyectos inconclusos de justicia social, hoy tan imperativos como ayer; aunque con pasos favorables de inclusión social en tramos de estos 40 años. Entre quienes contribuyeron a poner en escena aquellas memorias debe reconocerse la perenne tarea de las abuelas en la búsqueda de sus nietos y el aporte de los testigos en los juicios de lesa humanidad.

Estos relatos de lo padecido dieron sustento a la vigencia de la Justicia y coronaron un gigantesco esfuerzo de quienes no bajaron los brazos a pesar de las contrariedades políticas. Fueron y son muchos los que continúan en ese empeño, donde hay que incluir a los actores judiciales, que dignifican su rol, aunque decaiga hoy el necesario apoyo institucional de otros poderes republicanos.

Pero con estas fortalezas, hay que señalar también las debilidades. De lo contrario no se entenderían medidas políticas y económicas que acarrean gran preocupación a quienes resultan afectados por despidos, nuevos protocolos represivos, restricciones a la protesta social, amenazas a la sobrevivencia de la pequeña y mediana industria, retrocesos en la democratización de los medios de comunicación, etcétera. Los derechos humanos tienen relación directa con la política, de ayer y de hoy.

De allí nuestro interrogante: ¿Dónde quedó guardada la memoria? ¿estará tan bien guardada que pocos la pueden encontrar? ¿o habrá quedado escondida para anquilosarse en el pasado y que no moleste ni incida en las políticas del presente? Pero si fuera así, ¿dónde residen las principales responsabilidades para revertir esas políticas? No son simples, únicas ni lineales las respuestas. Sin embargo debemos abrirnos a estos interrogantes para contribuir a la modificación de escenarios sociales y políticos.

Algunas conmemoraciones reducen la memoria a la petrificación en el ayer para que no interpele al hoy; y contribuyan a corregir las violaciones de los derechos humanos en nuestra realidad. El impacto de la agresión del terrorismo de Estado fue de tal magnitud que tuvo efectos culturales que seguimos arrastrando como sociedad. Ningún sector puede sentirse excluido de responsabilidad. Algunos – los beneficiarios económicos o religiosos – reverdecen la teoría de los demonios, descargando responsabilidades en otros para liberarse de las complicidades que se ocultan en mantos de olvidos o en reconciliaciones que omiten reconocimientos de la culpa y arrepentimientos.

La persistencia durante estos 40 años en el reclamo de verdad y justicia por las violaciones del terrorismo de Estado logró extender la conciencia a importantes sectores sociales que cada 24 de marzo se movilizan y evocan aquella memoria. Ello también instaló la necesidad de que los Estados – nacional, provinciales, municipales – fueran asumiendo políticas de memoria, y así contribuyeron a extenderlas socialmente.

Aunque los distintos gobiernos que las encarnan con frecuencia violen múltiples derechos, aquella memoria reivindicada y constituida en paradigma ha generado instancias institucionales de vigilancia, observación y cuidado de los derechos ciudadanos. Esas áreas específicas sirven para que sea el mismo Estado el que observe sus propias violaciones a los derechos humanos y se plantee políticas correctivas.

Hay que señalar también que por limitaciones históricas y políticas, que mantuvieron introyectado el miedo social y posibilitaron las leyes de impunidad, el reclamo de justicia quedó restringido a los organismos no lográndose insertar con fuerza en el conjunto de la sociedad. Los derechos humanos del pasado quedaron como tarea exclusiva de algunos y eso favoreció el descompromiso de otros actores sociales. A título de muestra, no fueron tantos los gremios que asumieron la reivindicación de sus trabajadores desaparecidos o asesinados por el terrorismo de Estado, aunque hubo un avance en los últimos años.

También en forma reciente algunas universidades y/o colegios han recuperado la historia de vida de sus estudiantes víctimas del genocidio. No lo hicieron con la fuerza necesaria los principales partidos políticos. Menos aún desde los grandes medios de comunicación que desinformando generaron consensos en torno a los valores predominantes del neoliberalismo, con mensajes que acentuaron la ruptura de la solidaridad y alentaron las conductas individualistas.

La iglesia católica, que tiene obispos, sacerdotes, religiosas, catequistas y laicos mártires, no se pronunció en su máxima jerarquía nacional sobre la condena judicial a los asesinos del obispo Angelelli. Ni con las señales positivas del Papa Francisco se muestra celeridad para la apertura de los archivos propios tanto del episcopado argentino como del vicariato castrense.

Si la memoria está guardada, y no escondida, es motivo de esperanza; y nos abre a posibilidades de transformación social, para mayor justicia especialmente para los empobrecidos por la escandalosa concentración de las riquezas en pocos, que también ocupan espacios importantes de poder social y político. No es tarea fácil. Es construcción paciente y generosa, que requiere compromiso, mirada plural y participación de muchos.

Organizaciones de la sociedad civil en interacción con instituciones de la democracia, en sus distintos poderes, tienen el desafío de actuar como los grandes ojos y oídos abiertos del conjunto social para que se consolide la convivencia en base a la mayor vigencia de los derechos individuales y sociales, económicos, culturales, ecológicos y políticos. Cuando esto no suceda deberemos revisar las políticas de memoria. Porque será la evidencia de que la memoria se esfumó en el baúl de los recuerdos.

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