Analicemos: Se abrirán negocaciones por sector. En la ley la reunión de la unidad de negociación (partitaria) es un acto voluntario, por lo tanto las partes no tienen más obligación que negociar de buena fe. Son ellas las que voluntariamente y de común acuerdo establecen las condiciones, fechas y lugares donde se llevará a cabo la negociación.

Un sector empleador puede negarse a reunirse en la Comisión Paritaria, en el mismo sentido la representación de los trabajadores puede exigir que se reabran las paritarias y los salarios se actualicen de acuerdo a otras pautas.

No hay ley que se lo prohíba.

El "sector" que componen las partes en el nivel elegido (actividad o empresa, categoría, oficio o profesión) no está obligado legalmente por el Acta Acuerdo a negociar un Bono en la mesa negociadora y, mucho menos, de pactar un monto. El Acta se refiere a "referencia/base" pero no se trata de un "mínimo obligatorio".

La pésima redacción, consecuencia de la predisposición y conducta que sectores de la CGT nos tienen acostumbrados, concluye en un texto que ha "entregado" nuevamente a los trabajadores.

Los que allí estuvieron sentados representan a un sector muy pequeño de los que trabajan.

Se trata de los trabajadores del sector privado registrados y ello no representa más del 50% de la fuerza del trabajo.

Si tomamos en cuenta que muchos trabajadores están representados por sindicatos no afiliados a la CGT, más los no convencionados, más cuentapropistas formales, más tercerizados formales, veremos la dimensión del universo que abarca la negociación entre empleadores, CGT y Gobierno. Los trabajadores comprendidos en dicha Acta Acuerdo escasamente llegan al 35% de la fuerza del trabajo.

Lo que se firmó no tiene fuerza obligatoria para los empleadores ni para los trabajadores, no comprende al sector público, ni menos aún a los trabajadores no registrados, cuentapropistas, tercerizados, trabajadores sociales, de cooperativas, etc, desocupados o sub-ocupados y los formales no comprendidos en un Convenio Colectivo.

No se trata de un acuerdo marco, y resulta imprecisa su continuidad y quienes van a ser convocados los primeros dias de noviembre.

Las expresiones de repudio a las políticas de ajuste emprendidas por el Gobierno desde el 24 de febrero en adelante -especialmente en la movilización unitaria del 29 de abril-, no tienen vinculación alguna entre la capacidad movilizatoria y demostración de fuerza de los trabajadores y sus organizaciones con el Acta suscripta por la CGT.

El acuerdo es "un saludo" a los empleadores y a la "paz social". No tuvo en cuenta ni los despidos ni los retrasos salariales que de acuerdo a cifras ya oficiales rondan el 12% tomando como referencia el promedio de lo pactado con la inflación probable al 31 de diciembre del 2016.

Los que quedan comprendidos dentro del pacto son muy pocos en comparación con los excluidos.

Estos sectores, seguramente, volverán a movilizarse.

Lo que no queda claro es la actitud del Gobierno al respecto. Todo indica que los que quedaron afuera están por los márgenes de la "legalidad" y, por ende, mas propensos a ser reprimidos.