Son 30 mil y fue un genocidio
El Poder Judicial fue cómplice
Sábado 25 de marzo de 2017, por Prensa AJB *
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A 41 años del golpe, la AJB sigue denunciando la complicidad del Poder Judicial con la última dictadura y exige la separación de sus cargos a aquellos magistrados imputados de la comisión de delitos de lesa humanidad.

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A lo largo de sus 56 años de existencia, la Asociación Judicial Bonaerense (AJB-CTA) ha sido –y sigue siendo- un actor fundamental en la defensa de los derechos humanos. Fiel a sus principios, no ha dudado en denunciar la complicidad del Poder Judicial con la dictadura más sangrienta de la historia de nuestro país, y las políticas de impunidad implementadas por los gobiernos constitucionales posteriores, como fueron las leyes de obediencia debida y punto final –gobierno de Alfonsín-, los indultos –gobierno de Menem- y la designación de Milani al frente del ejército argentino –gobierno de Fernández de Kirchner- en paralelo con el reclamo de destitución del Poder Judicial de los magistrados, funcionarios o empleados vinculados a la dictadura.

Son 30.000. Fue genocidio

“A 41 años del golpe, los dichos de algunos funcionarios del gobierno merecen el repudio de todos aquellos que militamos la defensa de los derechos humanos; poner en duda la cantidad de desaparecidos, tratar de reinstalar la teoría de los dos demonios en la opinión pública y negar el plan sistemático de desaparición de personas y de apropiación de bebés, es una afrenta a todos aquellos que seguimos buscando y reclamando MEMORIA, VERDAD Y JUSTICIA”, señaló la Secretaria de DDHH de la AJB, Analía Maiztegui.”

“Los mismos grupos económicos que hicieron negocios con los genocidas y se enriquecieron, hoy en democracia siguen con la intención de ajustar en pos de maximizar sus ganancias a costa de la subsistencia digna de la clase trabajadora. Tal como ocurrió en la época de la dictadura, hoy se apuesta a la represión de los manifestantes, a la persecución y espionaje de dirigentes y delegados sindicales, como una manera de doblegar la resistencia organizada y asegurar la implementación de esas políticas. Algo no exclusivo de este gobierno, pero que se ha acentuado en el último año”, manifestó.

El Poder Judicial fue cómplice

Miles son los compañeros y compañeras que fueron revictimizados por un Poder Judicial que, lejos de erigirse en custodio de los valores democráticos y asegurar la correcta aplicación de las leyes, se convirtió en cómplice de los responsables de instalar el terror en nuestro país.

Rodolfo Walsh en su “Carta de un escritor a la Junta Militar” del 24 de marzo de 1977, en el primer aniversario de la instauración del autodenominado “Proceso de Reorganización Nacional”, y un día antes de su muerte, afirmaba: “Más de siete mil recursos de hábeas corpus han sido contestados negativamente este último año. En otros miles de casos de desaparición el recurso ni siquiera se ha presentado porque se conoce de antemano su inutilidad…” Pero no sólo eran denegados, también miles de hábeas corpus, al igual que nuestros compañeros y compañeros, eran desaparecidos sin siquiera ser tratados.

Un caso emblemático para los judiciales bonaerenses fue el hábeas corpus interpuesto por el padre de María Elena Peter, luego de haber sido secuestrada junto a su marido, y que fuera encontrado cajoneado en los Tribunales de Morón, más de 30 años después de su desaparición.

Una prueba más de la complicidad del Poder Judicial, fue la resolución dictada el 13 de junio de 1977, en la que la Suprema Corte “recomendaba” a los jueces provinciales que en la tramitación de los hábeas corpus, se abstuvieran de pedir informes relacionados con personas detenidas y/o desaparecidas a la Jefatura del Estado Mayor Conjunto. Resolución que siguió vigente durante la democracia, hasta que en el año 2006 fue finalmente derogada.

Sin embargo, no es necesario remontarse tantos años atrás. En la actualidad, el Poder Judicial sigue albergando en su seno a magistrados, funcionarios y empleados, que fueron partícipes de la dictadura y que están siendo investigados por la comisión de delitos de lesa humanidad.

El Juez Hooft y el Fiscal General Fernandez Garello, ambos del Depto. Judicial de Mar del Plata, el Fiscal General de Morón Nieva Woodgate o el camarista Casanello de Quilmes son ejemplos de magistrados que siguen ocupando sus cargos, pese a estar siendo investigados por Tribunales federales de distintas jurisdicciones.

La AJB rinde homenaje a los miles de compañeros y compañeras que perdieron su vida luchando por una sociedad mejor.

Fuente: www.ajb.org.ar

* Equipo de Comunicación de la Asociación Judicial Bonaerense (AJB-CTA)

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