Bienes comunes y modelo productivo
Fracking, flexibilización y pueblos fantasma: Las consecuencias de la política energética
Sábado 15 de julio de 2017, por Redacción *
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Con la producción de gas y petróleo en los niveles de 1981, el redireccionamiento de las inversiones a los no convencionales amenaza con un impacto social sin precedentes. Opina el especialista Gustavo Lahoud.

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La producción de petróleo y gas en la Argentina continúa en baja y todo indica que este año terminará peor que en 2016, cuyos niveles fueron los peores en 25 años.

La explicación de este fenómeno no es casual: el Gobierno está redirigiendo las inversiones hacia el gas no convencional –con Vaca Muerta a la cabeza- y, de forma accesoria, hacia el petróleo no convencional, para asegurar un boom de extracción y una posible exportación.

“La decisión estratégica que han tomado es masificar un modo de explotación, el fracking, que asegurara la extracción de grandes cantidades de recursos pero que demanda un aumento de la productividad permanente y una baja de costos”, explica Gustavo Lahoud, especialista en energía y relaciones internacionales del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas (IPyPP).

Esta decisión conlleva, en principio, tres consecuencias de alto impacto social. Por un lado, como las tasas de declinación de producción de los pozos no convencionales son mucho más pronunciadas que las de los pozos tradicionales, al paso de los años se necesitará una productividad mucho mayor por parte de los trabajadores. Esto explica la flexibilización de los convenios que el Sindicato de Petróleo y Gas privado, conducido por Guillermo Pereyra, negoció a comienzos de este año con la excusa de impulsar la producción de gas no convencional en Vaca Muerta. Y que Emilio Apud, ex secretario de Energía y actual director de YPF, sostuviera que esta baja en la producción de crudo se debe a “problemas con los sindicatos”.

Por el otro, hay un impacto ambiental que es difícil de predecir en el corto plazo pero que significa explotaciones muy intensivas en territorios muy reducidos. “En los primeros años seguramente el problema no será la competencia por el uso del agua sino la calidad de los procesos productivos que ponen en marcha, de los controles ambientales, de los controles del terreno. Ahí está el mayor daño sobre las comunidades”, agrega el especialista.

Por último, las políticas de redireccionamiento de las inversiones hacia el llamado shale gas impactan directamente sobre un tejido social que, en muchos pueblos, está trazado alrededor de los pozos petroleros. Las consecuencias ya se empezaron a sentir en el yacimiento Cerro Dragón -el más importante del país que se encuentra en Chubut y el norte de Santa Cruz- y en los campos petroleros tradicionales de la cuenca neuquina y el sur santacruceño.

“Algunos de nuestros campos están muy explotados y necesitan mayor inversión para dar recursos. Eso implica que el costo de producción se eleve, pero eso no puede ser obstáculo para hacer lo que ha hecho el Gobierno desde el año pasado: dejar caer la producción a niveles un 30% inferiores a los de 2015 -sostiene Lahoud-. En la planificación no hay un camino para recuperar o encontrar un piso en la extracción. Con este gobierno, más que de soberanía energética hablamos de disponibilidad y de sustentabilidad del negocio porque no piensan en términos de país. Las zonas de producción tradicional de petróleo son las que están sufriendo y van a seguir sufriendo las consecuencias sociales de estas políticas, porque están desconectando estas zonas del sistema productivo de energía”.

La rentabilidad la pagamos entre todos

Que la Argentina produzca casi tanto petróleo como hace 36 años -a un nivel que está un 40% por abajo del récord de 1998- se debe, para algunos especialistas, a la caída de los precios internacionales del barril de crudo que se produjo desde mediados de 2014.

Apud culpó a la gestión anterior de la actual situación, alegando que la política de pisar el precio para pagar menos a nivel local deterioró la inversión. De allí que, entre los pocos instrumentos que el oficialismo ha dado a conocer en materia gasífera para sostener la producción tradicional, esté la decisión de asegurar mejores precios para los productores, en línea con la trayectoria de los precios dolarizados. Esa seguridad descansa sobre las tarifas de energía, que suben para los hogares argentinos mientras el petróleo baja a nivel mundial.

En otras palabras, al tiempo que subió las tarifas, el Ministerio de Energía, a cargo de Juan José Aranguren, aumentó también el valor en boca de pozo a los productores. Las ganancias por este precio diferencial se sumaron a lo obtenido por el Plan Gas, un programa de subsidios que comenzó en 2013. Por él, entre 2016 y 2017, el Estado transferirá a los privados 2 mil millones de dólares, que se suman a los 3 mil millones que ya les fueron transferidos entre 2013 y 2015. Un negocio demasiado redondo para alegar una escasa rentabilidad que justifique la falta de producción.

Foto: Roberto Decurnex

Fuente: www.canalabierto.com.ar

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