El grito de la tierra
Lunes 2 de octubre de 2017, por Juan Carlos Giuliani *
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En una sesión especial y con 62 votos afirmativos, el Senado de la Nación aprobó el 27 de septiembre por unanimidad la prórroga por cuatro años de la Ley 26.160 de Emergencia Territorial Indígena. El proyecto aprobado ahora deberá ser tratado en Diputados. Una medida que impide por ese tiempo los desalojos de las comunidades originarias de sus territorios ancestrales.

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* Secretario de Relaciones Institucionales de la CTA

El reconocimiento de los antiguos pueblos como parte indivisible del sujeto social que alimenta la identidad de la clase trabajadora, es un paso significativo en la toma de conciencia de nuestra fuerza en este nuevo tiempo.

La resistencia al poder establecido desde hace más de 500 años es la fuerza vital que permite dar visibilidad a los pueblos originarios en la Argentina y América Latina. Comunidades que, por otra parte, militan por doquier a nivel de nuestra CTA Autónoma, demostrando un protagonismo fundamental en la construcción de un proyecto de emancipación plurinacional e intercultural.

Estando en el Alto Perú, Juan José Castelli, enviado de la Primera Junta de Gobierno patrio, decidió convocar a festejar el primer aniversario de la Revolución de Mayo, en el Tiahuanaco, lugar sagrado que la cultura aymara considera el origen de su pueblo, el mismo donde casi 200 años después Evo Morales juró como presidente de Bolivia.

La proclama, fechada en el Cuartel General del Ejército Auxiliar y Comisionado de la Libertad en Tiahuanaco, 25 de mayo de 1811, que lleva las firmas de Castelli y Bernardo de Monteagudo y que ha sido deliberadamente ocultada por la historia oficial rezaba: “Ordeno que siendo los indios iguales a todas las demás clases en presencia de la ley deberán los gobernadores intendentes con sus colegas y con conocimiento de sus ayuntamientos y los subdelegados en sus respectivos distritos del mismo modo que los caciques, alcaldes y demás empleados dedicarse con preferencia a informar de las medidas inmediatas o provisionales que puedan adoptarse para reformar los abusos introducidos en perjuicio de los indios aunque sean con el título de culto divino promoviendo su beneficio en todos los ramos y con particularidad sobre repartimiento de tierras, establecimiento de escuelas en sus pueblos y exención de cargas o imposición indebidas […] Últimamente declaro que todos los indios son acreedores a cualquier destino o empleo de que se consideren capaces del mismo modo que todo nacional idóneo sea de la clase y condición que fuese, siempre que sus virtudes y talentos lo hagan digno de la consideración del gobierno […] que en el preciso término de tres meses contados desde la fecha deberán estar ya derogados todos los abusos perjudiciales a los Naturales y fundados todos los establecimientos necesarios para su educación sin que a pretexto alguno se dilate, impida o embarace el cumplimiento de estas disposiciones”.

Algo similar proclamaba Manuel Belgrano a su paso por el territorio de las “misiones jesuíticas” que llevaba al Paraguay y José de San Martín incorporó en su ejército a los aborígenes en igualdad de condiciones, les suministró la enseñanza de la lucha por sus derechos y reconoció la justicia de sus reclamos. José Gervasio Artigas, en su Reglamento de Tierras, proponía que zambos, negros, indios y criollos pobres tuvieran derecho a recibir la propiedad de tierras que les permitieran “propender a su felicidad”.

La opinión del General San Martín, el Gran Libertador, era categórica: "Los ricos y terratenientes se niegan a luchar, no quieren mandar a sus hijos a la batalla, me dicen que enviarán tres sirvientes por cada hijo solo para no tener que pagar las multas, dicen que a ellos no les importa seguir siendo una colonia. Sus hijos quedan en sus casas gordos y cómodos, un día se sabrá que esta patria fue liberada por los pobres y los hijos de los pobres, nuestros indios y los negros, que ya no volverán a ser esclavos de nadie".

Sólo la sistemática tarea de ocultamiento y estigmatización de estos pueblos que han realizado durante décadas las clases dominantes, explica la soberbia indiferencia del poder para despojarlos de sus pertenencias históricas.

El actual modelo productivo, que promueve la ampliación de la frontera agropecuaria para aumentar la producción de soja, y da luz verde a la megaminería contaminante a cielo abierto, multiplica las consecuencias ambientales y sociales y motoriza el desplazamiento de estos pueblos de las tierras que habitan desde tiempos inmemoriales.

Les niegan los derechos humanos más elementales: Vivienda, salud, trabajo, documentos de identidad, educación. Y los asesinan, encarcelan y persiguen, como en Tucumán, Formosa y la Patagonia. La obstinación en resguardar su identidad, augura el día de su resurrección política, social, económica y cultural para volver al buen vivir de acuerdo a sus costumbres, su lengua y su espiritualidad.

Resignificar las luchas emancipatorias del pasado ayudarán a confrontar conscientemente con la globalización neocolonial, y a repensar –colectivamente-un nuevo Proyecto Plurinacional, Popular, Democrático y Latinoamericano, capaz de convertirse en una alternativa a la crisis civilizatoria del capitalismo del Siglo XXI.

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