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La sociedad narco
Miércoles 3 de enero de 2018, por Carlos del Frade *
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"Nosotros teníamos la orden de investigar policías y particulares en relación al narcotráfico dentro de la Secretaría de Delitos Complejos creada en diciembre de 2012 y conducida por Ana Viglione y Ferratto. No dijeron la verdad cuando sostuvieron que no investigaban la actividad narco en la zona".

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* Periodista. Agencia de Noticias Pelota de Trapo (APE)

"Tanto es así que la doctora Viglione, yendo en el auto conmigo, sacaba fotos de las propiedades atribuidas a Delfín Zacarías en la zona de Granadero Baigorria y San Lorenzo", dijo el comisario Gustavo “Gula” Pereyra, uno de los trece policías acusados de integrar la banda de Los Monos, en la mañana del jueves 28 de diciembre de 2017, donde quedó claro que no hay santos inocentes en la fuerza ni tampoco en otras instituciones.

Pereyra pidió hablar y sorprendió por la precisión de sus dichos y la hondura de los mismos, describiendo maniobras policiales que contaron, según su punto de vista, con el apoyo político de parte del gobierno provincial.

Llegó a plantear que seguía a dirigentes políticos, como el entonces diputado provincial del radicalismo, Maximiliano Pullaro, hoy ministro de Seguridad de Santa Fe, por sus potenciales vínculos con narcos cordobeses en la zona del departamento General López, en el fondo de la bota. Su relación era con un jefe policial, de apellido Druetta, hoy asesor del actual funcionario de la administración de Miguel Lifschitz. Apuntaba que el nexo entre Pullaro y Druetta era de 200 mil pesos. También hay que destacar que la señora Viglione integra la lista de integrantes de la cartera de Seguridad del presente gobierno.

El comisario procesado sostuvo, además, que “había dos líneas en el gobierno, la que quería recaudar y la que no” y remarcó que cuando declaró la doctora Viglione negó que en una reunión de gabinete dos personas de mucho peso político la hicieron callar cuando quiso cuestionar al jefe de la división de judiciales, Cristian Romero. Pereyra ratificó que ese momento fue real y que efectivamente fueron dos hombres muy importantes de la administración anterior los que la hicieron callar.

- Había una protección política para Romero y su gente. Hacían las cosas mal y ellos seguían. Los datos que yo pasaba por mails después eran trabajados por ellos y se ganaban los méritos…nosotros llegamos a demostrar que hasta la Guardia Urbana Municipal recibía dinero de los narcos en Rosario.

Relató que un determinado procedimiento fue la presentación en la sociedad narco de la división de judiciales y que ante “las decisiones políticas” no tenía que meterse. Apuntó que en una oportunidad se cruzó, en medio de una investigación sobre un bunker, con otros policías enviados por otro sector, hecho que pudo haber terminado en una masacre. Ese mismo bunker, a los quince días, estaba trabajando, vendiendo drogas.

Hasta que lo detuvieron “por hacer bien el trabajo”, repitió Pereyra. Detalló que nunca tuvo una oficina de trabajo. Que todo parecía indicar que la división de Judiciales trabajaba para dejarle la ciudad a dos narcos, Alvarado y Medina y que, por lo tanto, iban detrás de los Cantero, de Los Monos. Que sufrió una gran campaña de prensa en su contra, todo por sostener lo que hacía la brigada de Judiciales y protegerlo a Romero.

- Por eso sacrificaron a los peones – reflexionó Pereyra en voz alta ante un clima de atención pocas veces visto y percibido en estas seis semanas de proceso judicial.

También apuntó que en sus investigaciones sobre el negocio narco mientras estaba en Delitos Complejos lo llevó a reparar en “Ema Pimpi”, hecho que generó un conjunto de datos que elevó oportunamente a la doctora Viglione. Emanuel “Pimpi” Sandoval, con el tiempo, sería el autor material del atentado contra la vida del ex gobernador de Santa Fe, Antonio Bonfatti, el 11 de octubre de 2013.

Denunció también fuga de información de la división de Delitos Complejos a otras divisiones de la propia Santafesina SA, cosa que también informó a la doctora Viglione que le llegó a confesar que “le daba oxígeno a quien no se lo tenía que dar”.

Por último, Gustavo “Gula” Pereyra repitió que estuvo ocho meses preso por haber hecho lo que tenía que hacer.

Su testimonio marcó un punto de inflexión en el proceso judicial.

Ahora deberían aparecer las voces de distintos sectores políticos en relación a estos dichos de Pereyra.

Mucho dinero y mucha sangre ha corrido en los últimos cinco años en la ex ciudad obrera.

Guardar silencio es, definitivamente, una prueba más de complicidad.

Fuente: www.pelotadetrapo.org.ar

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