Reforma laboral: Fomento del empleo Juvenil, un fraude disfrazado
Martes 8 de mayo de 2018, por Veronica Quinteros *
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Nuevamente el gobierno nacional ha remitido al Senado de la Nación tres proyectos de ley para modificar los estándares mínimos de protección a los trabajadores en materia de relaciones laborales.

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* Observatorio de Derecho Social CTAA

Las propuestas estaban incluidas en el proyecto ampliado de reforma laboral cuyo tratamiento fracasó a fines del año pasado en el Congreso a raíz de los fuertes cuestionamientos que recibió por parte de la oposición y de las organizaciones sindicales, incluida nuestra Central.

Entre los tres proyectos se encuentra el de “capacitación laboral continua”, que refleja, con características propias, la ofensiva del gobierno direccionada hacia una profunda modificación del derecho del trabajo, que elimine las últimas trabas al proceso de precarización de las condiciones laborales y de vida en este caso, en el que se encuentran inmersos los trabajadores jóvenes.

A medida que se avanza en el articulado, la supuesta práctica comienza a desnudar una relación precaria de trabajo pura y simple.

En el capítulo que se avoca a definir el sistema educativo formal y el trabajo se excluye de la Ley de Contrato de Trabajo a los trabajadores mayores de 18 años con fines “formativos”.

Se reemplaza el sujeto trabajador por el de “estudiantes y noveles graduados de la Educación Superior, y los estudiantes de la Educación Permanente de Jóvenes y Adultos.

Se reemplaza la remuneración por una “asignación estimulo".

Se destina a la negociación colectiva la fijación de la jornada laboral “de acuerdo a las características y complejidad de las actividades a desarrollar” con un máximo de hasta 12 meses y con una carga horaria de hasta 30 horas semanales.

El riesgo de este sistema de prácticas formativas, a la luz de la regulación descrita, con un Estado ausente o connivente en la omisión de controles, y considerando el resto de las modificaciones contenidas en la mega ley en análisis, manifiestamente regresiva y desprotectoria en materia laboral, confirman el altísimo riesgo de habilitar la inclusión en las empresas públicas y privadas, mano de obra flexible, barata y en reemplazo de trabajadores permanentes.

En el capítulo destinado al “fomento del empleo juvenil” se excluye a los jóvenes de hasta 24 años “en proceso de incorporación al mundo del trabajo”.

Su remuneración se reemplaza por una “ayuda económica” pudiendo los empleadores contabilizarlo como parte del salario.

Desde el Título Preliminar se explicita esta “Finalidad de la Ley”.

A través de su artículo 1º se expresa sin lugar a interpretación que el objetivo principal de la norma no es la formación de los trabajadores sino la de “facilitar el desenvolvimiento económico y la generación de empleo mediante la simplificación de trámites y regulaciones que lo contradigan”.

Los Títulos siguientes se enrolan también en ese objetivo.

En el Título I denominado “Capacitación laboral continua” (Capítulo I, Propósitos específicos, art. 2, Capitulo II; Sistema Nacional de Formación Laboral Continua art. 3; Capitulo III, Acciones del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social art. 4; Capítulo IV, Consejos Sectoriales Tripartitos de Capacitación Continua y Certificación de Calificaciones Laborales, art. 5 a 6; Capítulo V, Matriz de Calificaciones Laborales y Documento de Identidad Ocupacional, art. 9 a 13.); se desarrolla el concepto de capacitación laboral, no obstante la inclusión de palabras como derecho de los trabajadores, como la adaptación de los mismos con agilidad a los cambios en los sistemas productivos.

Se la describe como una necesidad para “…la satisfacción de las necesidades territoriales y sectoriales de competitividad a partir de la formación y el reconocimiento de las calificaciones laborales...” es decir desde una visión empresarial.

Y a continuación se agrega el establecimiento de un sistema por el cual todo trabajador acceda, a lo largo de su vida laboral, a una cantidad de horas de aprendizaje continuo, que será determinada en el nivel tripartito de empleadores privados o públicos y trabajadores, las cuales quedarán registradas en un Documento de Identidad Ocupacional.

Conforme el art. 8 del proyecto, dicho perfil digital contendrá el conjunto de evidencias de los procesos educativos y formativos previos, y a partir del comienzo de su vida laboral, los antecedentes y la certificación de competencias laborales de su titular.

A través de dicho perfil digital, los empleadores conocerán todos los antecedentes de los trabajadores incluido el motivo de su desvinculación de los anteriores empleos y por consiguiente toda otra información referida al ejercicio del derecho fundamental de libertad sindical lo que podría facilitar la discriminación por parte de los empleadores al momento de la contratación de trabajadores con estas características.

Por su parte el Título II describe la Transición entre el sistema educativo formal y el trabajo (Capítulo I, Principios Generales, art. 9 a 13; Capítulo II, Sistema de Prácticas Formativas arts. 14 a 15; Capítulo III Plazo máximo, asignación estímulo y cupos mínimos y máximo de Prácticas Formativas arts. 16 a 18; Capítulo IV Contralor complementario, organismos con actuación confluyente en el sistema y sanciones, arts. 19 a 20; Capítulo V, Autoridad de aplicación. Instituto Nacional de Formación Laboral, arts. 21 a 23; Capítulo VI Disposiciones Transitorias de este Título, arts. 24 a 25.).

Para justificar la exclusión de la Ley de Contrato de Trabajo de los trabajadores jóvenes, el texto de la reforma sostiene que los estudiantes deben ejercer las prácticas en ambientes reales de trabajo y producción de bienes y servicios de los conocimientos adquiridos por estudiantes secundarios, terciarios, universitarios y noveles graduados.

Crea el sistema de Prácticas Formativas para los estudiantes y noveles graduados de la educación superior en todos los casos para personas mayores de 18 años a cumplirse en empresas o Instituciones públicas o privadas, con excepción de las empresas de servicios eventuales aun cuando adopten la forma de cooperativa pero por otro lado reconoce la participación de las empresas de colocación de personal como parte integrante de la Red Federal de Servicios de empleo (art. 38 subsiguientes y concordantes del Proyecto).

Limita la vigencia de la Ley 26.427 “Sistema de Pasantías Educativas en el marco del sistema educativo nacional” del año 2008 al momento de la reglamentación de esta ley.

Si bien prevé que las prácticas se regulen a través de negociaciones paritarias, el art. 16 ya establece una carga horaria de entre 12 y 30 horas semanales y un límite máximo de 130 horas mensuales. Pero en las épocas de receso educativo y en el marco de un acuerdo previo entre institución y empresa, el límite podría extenderse a un máximo suplementario de 10 horas semanales con la consiguiente modificación de las horas mensuales totales máximas.

Establece que por sus “prácticas”, los practicantes reciban una suma de dinero denominada asignación estímulo, proporcional a las horas correspondientes a la práctica considerando el salario previsto por el convenio aplicable, o el más favorable en caso de haber más de un convenio. Los establecimientos que no tengan convenio, calculen la asignación estímulo utilizando el SMVM.

El cupo máximo de alumnos queda supeditado a lo que las convenciones colectivas de trabajo establezcan.

Asimismo, se le asigna a los practicantes los beneficios regulares, licencias y cobertura de salud análogas a la prevista por la Ley de Obras Sociales. El Ministerio de Trabajo se erige como contralor complementario del Sistema de Prácticas Formativas y establece una sanción en caso de corroborarse el encubrimiento de relaciones laborales no registradas, sin especificar cuáles serían dichas sanciones a las que simplemente refiere como “sanción conforme el ordenamiento legal laboral”.

Para el caso de vulneración del ordenamiento educativo, la máxima sanción sería simplemente la exclusión del Sistema de Prácticas Formativas. Por último prevé la creación del Instituto Nacional de Formación laboral como órgano desconcentrado del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social dela Nación que entre otras funciones diseña y administra un catálogo nacional de perfiles ocupaciones autónomos y dependientes por cada una de las Áreas Productivas.

Por su parte el Título III regula el llamado “Fomento del Empleo Juvenil y Entrenamiento para el Trabajo” (Capítulo I, Destinatarios, arts. 26 a 27; Capítulo II, Acciones de promoción arts. 28 a 32; Capítulo III, Ayudas económicas, art. 33; Capítulo IV, Incentivos para la Contratación, art. 3; Capítulo V Entrenamiento para el Trabajo, art. 35).

Define como destinatarios a las personas con residencia legal en el país que no hubieran cumplido la edad de veinticuatro (24) años “que se encuentren en proceso de incorporación al mundo del trabajo”.

Señala que deberán atenderse en forma prioritaria a aquellas personas que encuentren desocupadas o que se desempeñen en la economía informal o en un empleo no registrado o que provengan de hogares en situación de vulnerabilidad social o que tengan estudios formales incompletos.

Las instituciones que integran la Red Federal de Servicios de Empleo son las encargadas de desarrollar los planes y tutorías. Se incluye nuevamente a las “empresas privadas de empleo” que no son otra cosa que las agencias de colocación de personal prohibidas por la Ley 13591.

Se establece como contraprestación a los jóvenes una “ayuda económica” mensual durante su participación y asistencia en los proyectos. Dicha “ayuda económica puede ser contabilizada como parte del salario por los empleadores debiendo abonar la diferencia necesaria para alcanzar el monto establecido en las normas legales y convencionales que resulten aplicables. Ambas sumas, el monto integrado por la suma económica y la diferencia con el salario deben ser calculados a los fines de la seguridad social. La norma no determina si es el empleador o el Estado quien debe cumplir con dicha obligación previsional.

A través del Título IV denominado “Red Federal de Servicios de Empleo” (Capítulo I, Objetivos y funciones arts. 36 a 37; Capítulo II Red Federal de Servicios de Empleo arts. 38 a 43.) se crea la Red Federal de Servicios de Empleo con funciones manifiestamente ambiguas: intervenir en la regulación de las migraciones laborales internas y articular los procesos de intermediación laboral a través de un conjunto de instituciones de carácter público y privadas.

Como señalara en el análisis del título anterior, en este organismo se incluye como parte integrante a las agencias de privadas de empleo que ejercen una actividad lucrativa relacionada con la colocación de trabajadores. Dichas empresas se encuentran prohibidas por la ley 13.591.

El Ministerio de Trabajo se erige como contralor complementario del Sistema de Prácticas Formativas y establece una sanción en caso de corroborarse el encubrimiento de relaciones laborales no registradas, sin especificar cuáles serían dichas sanciones a las que simplemente refiere como “sanción conforme el ordenamiento legal laboral”.

Para el caso de vulneración del ordenamiento educativo, la máxima sanción sería simplemente la exclusión del Sistema de Prácticas Formativas.

El Título V regula el “Seguro de Desempleo Ampliado” (Capítulo I, Empresas de Transformación Productiva, arts. 44 a 52; Capítulo III, Autoridades de aplicación, art. 53.)

Este capítulo incorpora el concepto de “empresas en transformación productiva” y las define como aquellas con dificultades competitivas y/o productividad declinante que requieran mejorar sus procesos o tecnología. Se crea el seguro de desempleo ampliado para trabajadores desvinculados de empresas en Transformación productiva y con Se los define como aquellos con “dificultades de inserción laboral” haciéndolos responsables a ellos y no al Estado de su propia situación de vulnerabilidad.

Este sistema está pensado para que los trabajadores con dichas características sean incluidos en empresas en el sector privado y que a dichas empresas les sea contabilizado en carácter de subsidio por seis meses para menores de 45 años y de nueve meses para mayores de esa edad, como parte del salario.

Por último entre las Disposiciones Finales: (Título VI.- arts. 54 a 56) se determina que las erogaciones que demande la aplicación de la ley se integrarán con aportes de empresas públicas o privadas

También en este aspecto y sin lugar a interpretaciones se manifiesta que las empresas serán las principales beneficiadas de esta reforma Se desarrolla la propuesta de transición entre el sistema educativo formal y el ingreso al trabajo donde se piensa en un sistema educativo que no forme personas como sujetos de derechos plenos sino como trabajadores destinados a ser contratados por las empresas.

Conclusión

El criterio del actual gobierno mayoritariamente integrado por empresarios, se expresa en el articulado de la reforma laboral comentada que va a contramano de las normas legales, supralegales y a la propia Constitución Nacional que han operado como salvaguarda de los derechos del sujeto más débil de la relación laboral y que merece una preferente tutela.

El riesgo de este sistema de prácticas formativas y de inserción laboral, a la luz de la regulación descripta, con un Estado ausente o connivente en la omisión de controles, manifiestamente regresiva y desprotectoria en materia laboral, confirman el altísimo riesgo de habilitar la inclusión en las empresas de mano de obra joven a través de este régimen flexible, barato y con la única finalidad de reemplazar trabajadores permanentes.

Como puede observarse la reforma no solo no está destinada a mejorar la generación de empleo ni la capacitación de los trabajadores jóvenes sino que constituye una formidable herramienta de fraude masivo y agudización de la explotación, de la rebaja de salarios, condiciones de trabajo y desindicalización.

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