Los niños, niñas y adolescentes y los prodecimientos policiales
Miércoles 30 de octubre de 2019, por Ricardo Berenguer *
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La detención de la docente de la Facultad de Trabajo Social, Silvina Pantanali, puso de nuevo en evidencia la falta de una adecuada implementación de mecanismos de abordaje de niños, niñas y adolescentes frente a la intervención policial.

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* Defensor Oficial del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil de La Plata e integrante del Foro por los Derechos de la Niñez.

Las normas internacionales exigen que se establezcan autoridades e instituciones específicas para el trato con niños y niñas cuya intervención se presume en hechos delictivos.

En todos los casos, se requiere que aun desde el inicio de la intervención policial se dé intervención a los organismos de niñez, con operadores especializados y, en caso de disponerse el alojamiento transitorio que éste sea en un ámbito exclusivo para niños y con personal especializado.

En el análisis más simplista sería posible responsabilizar a la Policía, pero lo cierto es que existen responsabilidades compartidas y una preocupante falta de voluntad política en esta gran deuda de la democracia.

En otras gestiones se organizó un sistema de intervención con patrullas juveniles, que si bien nunca tuvo plena efectividad, se acercaba a los objetivos mínimos exigibles. Pero actualmente ese sistema quedó desarticulado. Es necesario implementar nuevamente una intervención temprana de personal especializado frente a procedimientos policiales para garantizar el adecuado abordaje de los pibes detenidos.

También es necesario que se implementen Centros de Derivación donde los jóvenes puedan ser conducidos sin previo paso por las Comisarías. Aún existiendo prohibición de alojamiento de jóvenes en Comisarías, los niños, niñas y adolescentes detenidos pasan varias horas en dependencias policiales mientras se realizan los primeros trámites de las causas.

Y el escenario es peor en muchas ciudades del interior bonaerense donde no existen centros juveniles de detención.

No es posible pasar por alto que nuestro país recibió la sanción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Walter Bulacio que a los 17 años fue asesinado a golpes por la Policía Federal en el marco de una razzia en inmediaciones de un recital de rock. En ese fallo se encomendó al Estado Argentino no sólo investigar el hecho y sancionar a los responsables, sino “garantizar que no se repitan hechos como los del presente caso, adoptando las medidas legislativas y de cualquier otra índole que sean necesarias para adecuar el ordenamiento jurídico interno a las normas internacionales de derechos humanos y darles plena efectividad”.

La falta de oportuna intervención de autoridades administrativas especializadas expone a los pibes a la violencia policial o, cuanto menos, a un trato inadecuado y degradante, estigmatizante y contrario a los objetivos de incorporación en los jóvenes del respeto por los derechos de todas las personas, aspiración imposible de cumplir si la autoridad no predica con el ejemplo.

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