¿Libertad de prensa o libertad de empresa?
Lunes 24 de agosto de 2020, por Mariana Mandakovic *
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Entiendo la libertad de prensa como la libertad que requieren las empresas periodísticas de no tener ataduras, ni gubernamentales ni comerciales, para desarrollar su tarea. Un concepto que sufrió modificaciones a la luz de los nuevos escenarios, las transformaciones en la industria cultural y mediática por la convergencia tecnológica, y la dependencia de las empresas de comunicación de la pauta oficial, entre otras cosas.

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* Secretaria de Comunicación de la CTA Autónoma. Secretaria general del Cispren. Secretaria Gremial de la Fatpren y profesora de la Facultad de Ciencias de la Comunicación (UNC).

Cuando estudiamos en la escuela de Ciencias de la Información de la Universidad Nacional de Córdoba qué era la libertad de prensa decíamos que había que distinguir ese concepto del de libertad de empresa, justamente porque se presumían parecidos. Bien entendida, la libertad de prensa supone que los medios de comunicación pueden ejercer su función libremente, pero siempre dentro del marco y el respeto de las leyes que los regulan. Algo bastante difícil en un país donde los grupos empresarios de poder mediático se las han arreglado muy bien para condicionar leyes y mantener el discurso hegemónico.

Por esto, me atrevo a decir que la libertad de expresión está devaluada. Y es algo muy peligroso porque la libertad de expresión y el derecho a la información son pilares fundamentales para el sistema democrático.

Existen un montón de “opinólogos”, totalmente alejados del oficio de informar, que muchas veces obtienen información de manera poco ética. No es digno valerse de oscuras fuentes para producir contenidos; no hace honor al periodismo. Y hay que saber que cuando se hace una operación de prensa con información obtenida a través de relaciones promiscuas con miembros de cualquier poder del Estado o empresa, ya sean agentes de inteligencia, funcionarios judiciales u otros niveles, se está cometiendo un delito. Y nadie debería ampararse en la “libertad de expresión” cuando ese accionar da lugar a una investigación judicial o parlamentaria. Son estas actitudes las que devalúan la libertad de expresión.

Además, hay que tener siempre presente que el derecho a la información y la libertad de expresión se construyen y garantizan colectivamente. Nunca pueden ser vistos como patrimonio exclusivo e individual de uno o una periodista.

Y mientras eso sucede y se generan debates mediáticos producidos como verdaderos shows de victimizaciones, desde los sindicatos decimos que sí está en riesgo la libertad de expresión cuando la ciudadanía ve vulnerado su derecho a la información por la alta concentración en la propiedad de los medios. La hegemonía mediática limita el acceso del pueblo a una información plural cuando las trabajadoras y los trabajadores de la prensa y la comunicación, a partir de los nuevos paradigmas que se imponen en las relaciones laborales, son llevados a la precarización más absoluta: la carencia de derechos laborales mínimos, el no acceder a un salario digno, impactan en el ejercicio de nuestro oficio. Cuando se producen cierres o desmantelamiento de medios de comunicación con la consecuente pérdida de fuentes de trabajo. Cuando las patronales de medios no respetan los convenios colectivos y bajo cualquier excusa buscan eliminar derechos adquiridos. Cuando se observa la inequitativa distribución de la pauta publicitaria de los Estados en sus distintos niveles y semejante arbitrariedad arrastra a niveles de apenas supervivencia –si no a la desaparición– a los medios alternativos, los autogestionados, las cooperativas de comunicación.

De todas estas cuestiones no se habla y, sin embargo, atentan contra el ejercicio del oficio y, en consecuencia, contra la libertad de expresión. Por eso, considero que cuando se habla de “libertad de expresión” es necesario ser muy claros em relación a desde qué lugar se lo hace y qué intereses se defienden.

Al referirnos a la libertad de expresión, necesariamente hay que vincularla a la calidad de la información que debemos producir los y las trabajadoras de prensa y la comunicación. Esto también viene en franco retroceso. Actualmente, cada vez hay menos periodistas en las redacciones, menos tiempo y recursos de prepararse para hacer una investigación o una entrevista. En todos los medios predominan las multitareas: tengo que investigar, producir la información, sacar la foto, redactar un hilo de Twitter y grabar un minuto para Youtube. Todo al mismo tiempo, sin soplar ni repetir.

Las redes sociales, por donde también circula la información y han permitido llegar a un universo inimaginable de personas, proponen una nueva forma de comunicar. Pero, junto con esto, se abre una posibilidad mayor de que por esas mismas redes circule información de mala calidad, chatarra, fake news, etc. Estos procesos paralelos entre lo que imponen las redes, la necesidad de trabajar a ese ritmo y las exigencias de las empresas para adecuarse a todo esto, sin lugar a dudas, atenta contra la libertad de expresión.

Los y las periodistas tenemos la responsabilidad de informar, de producir contenidos para que la sociedad se entere y pueda tomar decisiones. Esto que parece tan simple es evidente que no funciona así, y cotidianamente escuchamos a comunicadores que resultan ser verdaderos hacedores del discurso del odio. ¿Por qué sucede esto? Porque cuando se trabaja con palabras, imágenes y sonidos se están disputando sentidos y poder; eso está determinado de alguna manera por distintos intereses económicos y políticos. Pero, ese es el juego de la democracia. Lo peligroso es que, amparados en la libertad de expresión, que es un derecho colectivo, atropellen otros derechos. Los ejemplos sobran: los Baby Etchecopar, los Majul, los Leucos, y la lista podría continuar con nombres en cada ciudad o región del país.

Las y los periodistas tenemos que comprender que la actividad es tan dinámica como los procesos comunicacionales y sociales mismos. Y en esto es necesario no olvidar jamás que en nuestro oficio la responsabilidad social es la base en la que se asienta la libertad de expresión.

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