Impulsan investigación contra el expresidente
Macri y el uso de las propiedades del Estado para favorecer a sus amigos
Lunes 21 de septiembre de 2020, por Redacción *
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Como antecedente el fiscal nombra la denuncia presentada por la CTA Autónoma de Capital, sobre la venta de 73 terrenos del Estado nacional, sin que mediara ninguna autorización del Congreso.

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La justicia investigará la venta de los fabulosos terrenos que en CABA y en Córdoba el gobierno de Mauricio Macri le entregó a los amigos de Mauricio Macri y a los aportantes a su campaña electoral. El fiscal Gerardo Pollicita impulsó la acción y se ordenaron una serie de medidas, incluyendo un pedido a la Inspección General de Justicia (IGJ) para que certifique que detrás de los compradores estuvieron, por ejemplo, Nicolás Caputo, el amigo de la vida del expresidente; los titulares del Banco Safra, donde Gianfranco Macri depositó los dólares que luego blanqueó; el dueño de la casa en Villa La Angostura, donde Macri suele descansar y hasta integrantes de los Blanco Villegas, la familia de la madre del exmandatario.

Pollicita no sólo pide investigar, sino que relaciona el expediente con otra denuncia por la venta de 73 terrenos y playones ferroviarios, entregados por Macri al gobierno porteño. Como frutilla del postre, en la mira entró otro terreno, una de las manzanas más valiosas de la Ciudad de Buenos Aires, en Barrio Parque, que el gobierno de Macri le vendió a un sociedad que integraba, entre otros, Gustavo Arribas, el extitular de la Agencia Federal de Inteligencia.

Rarezas

La hora de fabricar igualdad | Movida de género dentro de AIM y FISFE La denuncia por la venta de seis terrenos aledaños a Puerto Madero, otros dos predios de CABA y una estancia de 12.000 hectáreas en Córdoba, la presentó la Oficina Anticorrupción, que encabeza Félix Crous. En un escrito breve, Pollicita consideró que hay sospechas de delito, y por ello ordenó medidas de prueba. Los imputados son el propio Macri, su jefe de Gabinete, Marcos Peña, y el ex titular de la Agencia de Administración de los Bienes del Estado (AABE), Ramón Lanús. Sin embargo, la denuncia surgió de los datos de un informe de la Sindicatura General de la Nación (Sigen) y de un trabajo de la auditoría interna de la AABE.

Los seis valiosos terrenos están ubicados detrás del Hotel Sheraton, en la zona conocida como Catalinas, lindante con Puerto Madero. Fue llamativo que en las audiencias realizadas para evaluar las posibilidades de participar de las subastas intervinieron unos 15 grupos empresarios, pero luego se presentaron uno o dos en la subasta misma. Los que se quedaron con los terrenos son Consultatio, el grupo que aportó 850.000 pesos a la campaña de Macri y que encabezan Eduardo Constantini y Carlos Aníbal Reyes Terrabusi. Este es socio del tío de Macri en una sociedad que le aportó al ex presidente 1.500.000 pesos a la carrera presidencial. El otro grupo ganador fue TGLT, el conglomerado que absorbió Caputo S.A., la empresa de Nicky Caputo.

En los seis terrenos, el precio de adjudicación estuvo por debajo del valor del Tribunal de Tasación. De entrada se dijo que se fijaba una base por debajo de la establecida por el Tribunal, pero la idea era que con la competencia se superara el valor. Dado que sólo se presentaron uno o dos oferentes, se terminó pagando entre 15 y 25 por ciento por debajo del valor comercial.

Antecedente

En su escrito impulsando la investigación, Pollicita hizo referencia a otra causa que, según él, apunta a una operatoria similar. Es una denuncia presentada por la CTA Autónoma de Capital, junto a otras organizaciones sociales, sobre la venta de 73 terrenos del Estado nacional, sin que mediara ninguna autorización del Congreso. A esto se agregan otros 18 terrenos, entre ellos los inmensos playones ferroviarios, que se entregaron al gobierno porteño. La sospecha, en este caso, es que como ya habían perdido las elecciones, no se animaron a vender éstos últimos terrenos y prepararon una maniobra similar, aunque pasándoselos primero al gobierno de CABA.

La denuncia la firmaron Jonatan Manuel Baldiviezo, María Eva Koutsovitis, Pablo Damián Spataro y Franco Damián Armando y tramita en el juzgado de Marcelo Martínez De Giorgi. Los imputados son Mauricio Macri y el extitular de la AABE, Ramón Lanús. (http://www.agenciacta.org/spip.php?...).

Otro amigo

Como se ve, hay una mecánica definida que se parece a muchísimos otros negociados que concretó el macrismo: negocios fabulosos para los amigos, pocos oferentes, condiciones ventajosas. Se advierte en el expediente sobre el desfalco en los peajes, en los parques eólicos, en la venta de las centrales de energía, las operatorias de la deuda, la adjudicación de rutas aéreas y varios otros.

En la mira está ahora la venta de una de las cuadras más valiosas de CABA, en Barrio Parque, sobre la calle Ocampo. Se trata de 10.000 metros cuadrados en un sitio aún de mayor privilegio que Puerto Madero y donde está el gimnasio en el que se conocieron Mauricio Macri y Juliana Awada. Además, allí había un complejo de canchas de fútbol. El primer paso fue incluir ese terreno ferroviario en una rezonificación, lo que luego permitió la venta de la AABE ya que habilita a la construcción de 30.000 metros cuadrados.

El consorcio ganador, Vías de Ocampo, se formó el 3 de julio de 2018 mediante un fideicomiso y la subasta en la que ganaron se concretó apenas 15 días después, el 18. Además, hubo un solo oferente para semejante propiedad. Nuevamente el valor de base fue bajo para que en la puja se llegara al valor real, de mercado. El resultado fue que la base fueron 44 millones de dólares y se adjudicó en 44.100.000 dólares. No faltan los que dicen que el valor real era 70 millones de dólares, aunque se trata de una especulación.

Como no podía ser de otra manera, en Vías de Ocampo aparece otro amigo del alma de Macri, en este caso Gustavo Arribas, el ex titular de la AFI e inquilino del departamento en el que vivía el expresidente antes de mudarse a Olivos.

La OA no recibió informes sobre esa venta de la Sigen o de la auditoría interna de la AABE, porque esos trabajos se hicieron sobre la base de una muestra de todas las ventas, por lo que entraron algunas sí y otras no. Sin embargo, podría entrar en el análisis porque la denuncia no está cerrada.

Córdoba

La escalada de contagios de coronavirus en Córdoba o la fase "sálvese quien pueda" | El gobenador sigue en silencio mientras las cifras se disparan El Establecimiento General Paz, en Córdoba, era una gigantesca propiedad del Ejército de 12.000 hectáreas, que también fue vendida de la misma manera. Se armaron 51 lotes, pero en verdad un puñado de grupos se quedó con todos los lotes. Entre los que se quedaron con las parcelas -según se señala en la denuncia- hay integrantes de los Blanco Villegas y hasta algún familiar del ex titular de la AABE, Ramón Lanús.

Fuentes del Ministerio de Defensa le contaron a Página/12 que el Establecimiento no estaba subutilizado y que tanto Defensa como el Ejército se opusieron a la venta. "Terminaron adjudicando los lotes a un grupo de amigos, con créditos del Banco Nación a pagar en pesos y con el dólar a 16. Incluso hubo algún comprador que no calificó para el crédito e igual le asignaron el lote. Esa venta no cambió los patrones de distribución ni permitió que haya más productores".

Antes de la venta, la Federación Agraria inició gestiones para que los pequeños y medianos productores pudieran acceder a esas tierras. Sin embargo, las condiciones de la subasta impidieron cualquier participación. "El destino son los grandes capitales. Nuestros representados no tienen ninguna posibilidad", señalaron los dirigentes de la zona unos días antes de las subastas.

Inmobiliaria

Los negocios inmobiliarios del macrismo son una inmensa caja de sorpresas, aunque sin sorpresas. Los compradores: en su mayoría conocidos. Los valores: muy cercanos a los valores de base de las subastas. Las subastas: con uno o dos oferentes. Los objetivos: siempre la concentración en pocas manos, nunca el desarrollo, jamás la mirada puesta en crear oportunidades para los pequeños o medianos desarrolladores.

De todas maneras, en lo judicial se buscan pruebas muy distintas. Fraude a la administración pública, negociaciones incompatibles con la función pública y otros delitos. En su resumen, el fiscal Pollicita señala, por ejemplo, que existe "ausencia de justificación en la fijación de los precios de base", que debió establecerse que "en las subastas se requerían, como mínimo, la existencia de dos ofertas" y que hay sospechas sobre un posible acuerdo de precios. La Oficina Anticorrupción señaló que el perjuicio para el Estado fue, al menos, de 74 millones de dólares.

Nota de Raúl Kollman, para Página 12

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