Informe del Equipo de Investigación Política EdiPo
La toma de Guernica en clave de géneros
Viernes 2 de octubre de 2020, por Redacción *
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El informe del Equipo de Investigación Política (EdiPo) propone una lectura feminista del censo realizado por los organismos del Estado provincial durante los días 18 y 19 de septiembre en la Toma de Guernica, en diálogo con la Asamblea Feminista, en aras de visibilizar desde una óptica sensible las violencias, los cuidados y las tareas domésticas a las que nos vemos expuestas.

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“La Asamblea Feminista encarnó el corazón de la toma, siendo parte de la resolución de conflictos, negociaciones con dirigentes y del cuidado de otras compañeras. La articulación del movimiento de mujeres, travestis, trans y no binaries, transversaliza las lógicas de organizaciones sociales y partidos políticos para mostrar que otra herramienta de transformación es posible. Son las mujeres, lesbianas, travestis y trans quienes están en la primera línea del conflicto, y quienes habitan las trincheras saben de tejer redes de solidaridad. Los instrumentos estatales que se utilizaron para registrar la población censada, contienen un sesgo de género que debe ser destacado. Creemos que no es posible que las respuestas estatales nos invisibilicen. Nuestro tiempo llegó, y amerita ya no quedar por fuera de espacios políticos decisivos, como de ser partícipes de la planificación de las políticas públicas que se nos proponen como posibles respuestas”, se lee en el informe.

Los datos

En el documento realizado por el colectivo EdIPo (organismo de derechos humanos de nuevo tipo que surge para intervenir en casos de violencia sufridos por sujetxs del campo popular)se destaca que el reciente censo realizado por el gobierno bonaerense en la toma de Guernica da cuenta de un registro de 2340 personas, de las cuales 50 figuran de forma duplicada.

“Cabe destacar que el relevamiento realizado con el objetivo de brindar una respuesta efectiva e integral a la problemática habitacional no consigna género ni edad de las personas censadas, ante lo cual, para la confección del presente informe, se asumieron identidades de género a partir de los nombres aportados. Es de lamentar tal invisibilización de la especificidad de las experiencias, en particular de aquellas identidades travestis, transgénero, transexual y no binarias presentes en la toma, tal como evidencian diversos medios de comunicación”, se lee.

Con los datos disponibles, es posible determinar que actualmente habitan en los cuatro sectores que conforman el asentamiento (20 de julio, San Martín, La Lucha y La Unión) un total aproximado de 2290 personas, de las cuales 985 son varones y 870 son mujeres, lesbianas, travestis o trans, mientras que figuran 434 registros sin datos identificatorios que permitan asumir su género. De estas 870 mujeres, lesbianas, travestis o trans, el 81% (706) declaró tener niñes a cargo y el 3,3% (29) se encuentra cursando un embarazo. Si sumamos a les niñes que están a cargo de varones, el total de menores en la toma (ya sea que estén presentes o no) asciende a un total de 2750, de los cuales 21 tienen con discapacidad.

De las mujeres, lesbianas, travestis y trans censadas, 3 de ellas manifiestan tener algún tipo de discapacidad. 55 mujeres (el 6%) refirieron ser víctima de violencia de género, de las cuales 42 se encuentran desocupadas. 3 de ellas tienen más de une niñe con discapacidad a cargo y 3 se encontraban en situación de calle antes de la toma. Solo dos de los varones censados refieren haber sido denunciados por violencia de género. Entre el 2009 y el 2018 las denuncias por violencia familiar en el Juzgado de Paz de Presidente Perón aumentaron un 400%, de 281 a 1128, convirtiendo a este municipio en la localidad del departamento judicial de La Plata con mayor cantidad de denuncias por violencia familiar.

En relación a la situación ocupacional, el informe indica que el 76% (660) de las mujeres, lesbianas, travestis o trans censadas se encuentran desempleadas, lo que cual no impide que lleven a cuestas cargas infinitas de trabajo no remunerado. El resto vive gracias al trabajo informal o alguna changa, sin contar las 3 jubiladas y 4 pensionadas. Ante este panorama no sorprende que, preguntadas por las razones que las llevaron a la toma, el 51% (443) responda que no podía pagar el alquiler y 5 que estaban en situación de calle. A su vez, 12 de ellas declaran su condición de migrantes.

Violencias

“Si bien la violencia se manifiesta en términos individuales en 55 de las historias de las mujeres, lesbianas, travestis y trans presentes en la toma, una lectura situada de la ley 26.485 de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (modificada a través de la ley 27.501 con el reconocimiento de la violencia en espacio público y la ley 27.533 con la incorporación de la modalidad de violencia política) permite identificar la dimensión colectiva y estructural de la misma, donde el agresor resulta ni más ni menos que el estado, encarnado tanto por sus representantes ejecutivos como por los operadores de justicia”, dice el documento.

La ley reconoce seis tipos distintos de violencia: física, psicológica, sexual, económica y patrimonial, simbólica y política. “A primera vista, resulta claro que las mujeres, lesbianas, travestis y trans presentes en la toma se encuentran bajo violencia: • Física: “La que se emplea contra el cuerpo de la mujer produciendo dolor, daño o riesgo de producirlo y cualquier otra forma de maltrato agresión que afecte su integridad física”, en tanto no están garantizadas condiciones mínimas de seguridad, habitabilidad y subsistencia para ellas y sus hijes. • Económica y patrimonial: “La que se dirige a ocasionar un menoscabo en los recursos económicos o patrimoniales de la mujer, a través de la limitación de los recursos económicos destinados a satisfacer sus necesidades o privación de los medios indispensables para vivir una vida digna”, por todo lo descripto en el apartado anterior en materia de desocupación, informalidad laboral, acceso a vivienda y servicios básicos, y la explotación no remunerada de sus servicios de cuidado en el ámbito familiar y comunitario. • Simbólica: “La que a través de patrones estereotipados, mensajes, valores, íconos o signos transmita y reproduzca dominación, desigualdad y discriminación en las relaciones sociales, naturalizando la subordinación de la mujer en la sociedad”, como sucede al estar siendo criminalizadas en ámbito judicial y en los medios de comunicación, y la sobrecarga mencionada de tareas de cuidado no remuneradas. • Política: “La que, dirigida individual o grupalmente, tenga por objeto o por resultado, menoscabar, anular, impedir, obstaculizar o restringir el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos políticos de la mujer y/o su participación en los asuntos políticos y públicos” al estar invisibilizadas en los registros censales que se proponen como insumo de resolución “toda conducta, por acción u omisión, basada en razones de género, que, de manera directa o indirecta, tanto en el ámbito público como en el privado, basada en una relación desigual de poder, afecte su vida, libertad, dignidad, integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial, participación política, como así también su seguridad personal. Quedan comprendidas las perpetradas desde el Estado o por sus agentes”.

A su vez, en relación a los ámbitos de (re)producción de violencias, la ley distingue entre la violencia doméstica, institucional, laboral, contra la libertad reproductiva, obstétrica, mediática y público-política pudiendo establecerse que las mujeres, lesbianas, trans y travestis presentes en la toma se encuentran en situación de violencia institucional, definida como “aquella realizada por las/los funcionarias/ os, profesionales, personal y agentes pertenecientes a cualquier órgano, ente o institución pública, que tenga como fin retardar, obstaculizar o impedir que las mujeres tengan acceso a las políticas públicas y ejerzan los derechos previstos en esta ley”.

¿De qué hablamos cuando hablamos de feminización de la pobreza?

El Ministro Nacional de Desarrollo Social, Daniel Arroyo acaba de anunciar que “los índices de pobreza sin duda van a dar un aumento importante” por la pandemia. Hace 10 meses, señalaba: “En Argentina la pobreza tiene cara de joven y de mujer. Son quienes están en la situación más crítica”. De acuerdo a los datos del INDEC, el desempleo subió al 10,6% en el segundo trimestre de 2019; y la franja más afectada es la de mujeres de 14 a 29 años, entre las que el nivel de desocupación llega al 23,4%.

Según datos de Evolución de la distribución del ingreso (EPH) del INDEC correspondientes al segundo trimestre del 2020: en el sector más pobre 6 de cada 10 son mujeres y, en general, los varones tienen un ingreso promedio 23% mayor.

Tierra y género

La brecha de género también se evidencia en la desigualdad en el acceso a la tierra: de acuerdo a los últimos datos disponibles (2002) del total de personas con títulos de propiedad, sólo el 16,2% son mujeres. Como espejo de este escenario aparece un marcado sesgo de género en la criminalización de la toma de tierras. Un informe reciente del Patronato de Liberadxs bonaerense muestra que, mientras que en los varones supervisados por delitos contra la propiedad sólo el 2% es por usurpación, el porcentaje se eleva al 7% para las mujeres.

Propuestas

Edipo propone que lo que urge es recolectar más información sobre la población travesti trans no registrada y las situaciones de violencia de género. Para ello se propone censar la población trans, travesti y marica a fin de evaluar su situación en base a las particularidades de las violencias que atraviesan a partir del marco conceptual de travesticidio social y en atención al riesgo extraordinario en que se encuentran, relevar mediante entrevistas el tipo, modalidad y recurrencia, así como aplicar instrumentos de medición de riesgo (por ejemplo S.A.R.A.), para establecer la situación actual en que se encuentran las mujeres que han referido ser víctimas de violencia machista.

Para ello, convocar a un equipo especializado y garantizar las medidas de protección necesarias. Este relevamiento y la evaluación del riesgo tienen por objetivo generar un dispositivo de abordaje y las derivaciones correspondientes a programas municipales, provinciales y nacionales. Instar a las autoridades judiciales intervinientes en la causa a solicitar a los juzgados y comisarias locales información sobre denuncias por violencias machistas realizadas contra las mujeres, lesbianas, trans, travestis presentes en la toma. Solicitar al Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación la inmediata incorporación de las personas afectadas por violencia de género al plan Acompañar y al Ministerio de Desarrollo Social de la Nación la incorporación de las población travesti trans al Plan Potenciar Trabajo.

Relevar en profundidad la situación de adultes y niñes con discapacidad a fin de tramitar los subsidios correspondientes, teniendo en cuenta que se desprende del censo casos que no estarían accediendo a ese derecho. Solicitar a las autoridades judiciales la convocatoria en carácter de testigues expertes a referentes en materia de abordaje de violencias para aportar una lectura especializada de la situación de las mujeres, lesbianas, trans, travestis presentes en la toma.

“Frenar el desalojo hasta tanto se garantice a toda la población censada el derecho efectivo a la vivienda digna”, es la última propuesta y la más urgente.

Fotos: Juan Alaimes Canal Abierto

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