El transporte subterráneo no es servicio esencial
Jueves 6 de diciembre de 2012, por Horacio Meguira *
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El proyecto de ley del oficialismo en la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires marca los récords de ilegalidad manifiesta. No puede ser que a esta altura de la República, el poder político del Gobierno porteño desconozca la legislación nacional como si la ciudad no fuera parte de su territorio y no le sea aplicable a sus ciudadanos (vecinos, como diferencia los voceros del oficialismo).

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* Director del Departamento Jurídico de la CTA

En su proyecto de ley define que el transporte de personas en los Subterráneos de Buenos Aires como un Servicio Publico Esencial haciendo caso omiso a la reglamentación del derecho de huelga ya implementado por la Constitución Nacional, los tratados internacionales, los criterios o principios órganos de control de la OIT, la ley especial y su reglamentación.

Cabe recordar que el tema de huelga en los servicios esenciales fue tratado por el Art. 24 de la Ley Nacional 25.877 y reglamentado por el Decreto Nacional 272/06, y se encuentra plenamente vigente.

Esto, que parece tan sencillo fue elaborado, trabajosamente en el 2004 entre el Gobierno, en consulta técnica con las asesorías jurídicas de las dos centrales obreras (CGT y CTA).

Este artículo de la ley incorpora en el ordenamiento jurídico a través de un reenvío expreso a los principios de la OIT.

Esto conforma un cuerpo normativo, un bloque constitucional articulado que legisla a un derecho fundamental: el derecho de huelga.

Por otra parte, es un derecho constitucional que la Nación reserva para sí, es federal y delega en las provincias y a la Ciudad Autónoma solo el procedimiento de conciliación y arbitraje.-

La Ciudad Autónoma de Buenos Aires es incompetente para reglamentar un derecho fundamental expresamente legislado y reglamentado por la legislación nacional y por este solo hecho, para el supuesto de convertirse en ley, seria pasible de ser declarado inconstitucional.

En la legislación nacional los servicios esenciales están expresamente enumerados en la ley y son los servicios sanitarios y hospitalarios, la producción y distribución de agua potable, energía eléctrica y gas y el control de tráfico aéreo. Este enunciado es un catálogo cerrado, es taxativo, por ende no puede ser ampliado sin seguir el procedimiento expreso establecido en la ley.

En el tercer párrafo se admite que una actividad no comprendida en la enumeración de servicios esenciales plasmada en el párrafo anterior, pueda ser calificado excepcionalmente como servicio esencial, por una comisión independiente integrada según establezca la reglamentación, previa apertura del procediendo de conciliación previsto en la legislación y cuando por la duración y extensión territorial de la interrupción de la actividad, la ejecución de la media pudiere poner en peligro la vida, la seguridad o la salud de toda o parte de la población o cuando se tratare de un servicio publico de importancia trascendental, conforme los criterios de los organismo de control de la OIT.

Queda claro entonces que el método seguido por la legislación es taxativo en la calificación de servicio esencial y solo habilita a dos excepciones: una por duración y extensión, que aunque no esta expresamente enunciado puede ser calificado como esencial, y el segundo cuando se tratare de un servicio publico de importancia trascendental.

En ambos casos debe tener intervención la Comisión de Garantías que fuera reglamentada por el Decreto 272/06 y que se encuentra actualmente designada y en funciones. No puede ser calificada ni extendida por ningún órgano que no sea expresamente dicha comisión.

Ésta se conformó siguiendo los criterios de los organismos de control de la OIT, ya se exige que se trate de un órgano independiente.

Por otra parte en reiteradas ocasiones el Comité de libertad sindical de la OIT ha resuelto que el transporte no es un servicio esencial. Este criterio fue consecuencia de la denuncia que oportunamente hiciera la Unión de Transporte Automotor (UTA) a raíz de la declaración de ilegalidad del gobierno del doctor Menem en la década del 90.

Actualmente la Comisión de Garantías ha emitido cuatro dictámenes.

Aún cuando falta mucho para que el sistema de reglamentación funcione correctamente, respetándose la auto composición, la intervención oportuna, el dictamen para cada caso especifico, no puede ser avasallado por un proyecto que omite toda consideración de la legislación federal. Se aviene a legislar como si no tuviera obligaciones de respetar el principio de legalidad y de preeminencia de la norma nacional.

Cabe recordarle al Ingeniero Macri que éstas son de aplicación también en el territorio de la Capital Federal, su autonomía no llega al extremo de omitirla o negarla como si se tratara de otra Nación.

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