Neuquén
Los genocidas deben ir a cárcel común
Martes 5 de febrero de 2013, por Corresponsalía Neuquén *
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Juan Cruz Goñi, abogado de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, adelantó los ejes de la apelación en el juicio histórico denominado Escuelita Dos que terminó con ocho absoluciones y la detención domiciliaria de condenados.

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Las absoluciones a ocho imputados acusados por delitos de lesa humanidad ocurridos en la región durante la última dictadura militar, las bajas penas dictadas por el Tribunal Oral Federal a los condenados y el mantenimiento de las condiciones de detención serán los ejes de impugnación del fallo en el juicio La Escuelita II por parte de la Asamblea por los Derechos Humanos (APDH) de Neuquén, cuyo veredicto se dio a conocer el 6 de noviembre del año pasado.

“En primer lugar, se atacarán las absoluciones en la convicción de que hubo elementos de prueba suficientes para condenar y que el Tribunal los desestimó indebidamente; en segundo lugar, se objetarán las bajas penas que se han aplicado en numerosos casos (que fueron desde los 4 años de prisión hasta los 23) frente a los crímenes más graves y, por último, refutaremos el mantenimiento de las condiciones de detención porque entendemos que las penas deben ser cumplidas en cárcel común”, explicó el abogado Juan Cruz Goñi, representante de la querella de la APDH en relación a la presentación de la apelación que hará en febrero. “Estos tres aspectos intentaremos revertirlos en casación y creemos que hay elementos suficientes para que suceda”, agregó.

En cuanto a las absoluciones, la de Emilio Sacchitela es, para la querella de la APDH, “una de las más desacertadas”, y será recurrida ya que consideran que “el caudal probatorio” contra el ex gendarme es suficiente para condenarlo. Según Goñi, el tribunal “ha hecho una incorrecta valoración de la prueba porque ésta existe y fue clara y contundente”. “Consideramos la de Sacchitela una absolución preocupante y definitivamente importante para ser objeto de casación”, aseguró.

Con respecto a la insuficiencia de las penas, Goñi señaló que se da un caso paradojal puesto que en el fallo que lideró el juez Orlando Coscia hay, en general, una asignación correcta de las responsabilidades planteadas por la parte acusadora desde el punto de vista conceptual pero, “absurdamente se han aplicado condenas muy bajas e incompatibles con las que corresponden frente a crímenes de lesa humanidad”.

El abogado señaló que "se han aplicado penas propias de delitos comunes para criminales que han atentado contra la humanidad, esto es algo que no se puede aceptar de acuerdo a nuestras convicciones por ello solicitamos la revocación de las exiguas penas impuestas y la aplicación de las solicitadas por nuestra querella”.

En relación al mantenimiento de las condiciones de detención resuelta por el Tribunal Oral Federal de Neuquén, Goñi manifestó que es “inaceptable”. “Los responsables de estos crímenes deben estar en cárcel común. Las prisiones domiciliarias no pueden constituirse en otro de los tantos dispositivos de impunidad que han empleado los genocidas para evadir la Justicia”, expresó.

Consideró que existe una “aplicación automática” de la detención domiciliaria que la APDH rechazó enérgicamente en el alegato “porque no consideramos que la franja etaria sea un indicio suficiente para la concesión del beneficio de la domiciliaria”, dijo.

Señaló que la Cámara de Casación, en un precedente importante, si bien no llegó a dictaminar que para crímenes de lesa humanidad “hay que aplicar un régimen diferenciado en materia de ejecución de penas, dijo que el beneficio no es automático, que en crímenes de lesa humanidad se debe tener el mayor celo en la concesión. Sin embargo, los jueces del tribunal de Neuquén no hicieron lugar a nuestra pretensión y se mantuvieron estas condiciones de detención. Los genocidas están en sus casas y no en las cárceles, que es donde deben estar”.

Por último, comentó que la APDH reiterará su pedido de prisión perpetua a los responsables del homicidio en tortura del cooperativista José Luis Albanesi.

El abogado evaluó que el fallo ha ratificado las responsabilidades militares, “incluso los razonamientos acerca del plan sistemático, el importante rol de Inteligencia y otros elementos. Pero hay otros aspectos que son inaceptables y ellos serán objeto de impugnación”.

La Mañana y Corresponsalía Neuquén.

* Equipo de Comunicación de la CTA Neuquén

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