El fallo de la Corte declara inconstitucional la piedra angular del modelo sindical argentino
Miércoles 3 de julio de 2013, por Jorge Yabkowski *
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Para entender la importancia histórica del fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación declarando inconstitucional el inciso a del articulo 31 de la Ley 23.551 hay que retroceder en el tiempo hasta 1945.

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* Secretario del Interior de la CTA Autónoma. Secretario General de la Federación de Asociaciones Sindicales de Profesionales de la Salud de la República Argentina (FeSProSa)

La ley 23.551 fue sancionada en 1988. Sin embargo, el articulo 31, inciso a dando exclusividad de la representación al gremio con personería, nació cuarenta tres años antes.

Las transformaciones de la economía argentina durante la Década Infame habían impactado profundamente en el movimiento sindical. El anarquismo y su creación principal, los sindicatos de oficio, habían perdido peso. Surgían poderosos los sindicatos de rama. La Fraternidad, la Unión Ferroviaria, la UOM, la Federación Obrera de la Construcción. La sustitución de importaciones y la migración interna llevaron a un crecimiento vertiginoso de la clase obrera.

A comienzos de los cuarenta la tasa de sindiaclización era todavía baja. Producido el golpe del 43 el gobierno militar conducido por el GOU produce un doble movimiento. Por un lado encarcela y persigue a militantes sindicales. Centenares de ellos (principalmente comunistas) son detenidos y enviados a la cárcel de Ushuaia. Paralelamente, Perón, desde la Secretaría de Trabajo, abre un diálogo con otro sector de la dirigencia sindical y va modelando el proyecto que daría a luz dos años más tarde.

La expresión institucional de ese acuerdo se plasma el 3 de octubre de 1945, dos semanas antes del 17 de octubre. Es el Decreto 23.852 que establece la distinción entre los sindicatos con personería y los simplemente inscrcriptos, fomenta los sindicatos de rama y da el monopolio de la representación y el derecho de huelga al gremio con personería. El otorgamiento de dicha personería sería una atribución exclusiva del Ministerio de Trabajo.

Esta triada conceptual, base de nuestro modelo sindical de “unidad promovida”, se mantuvo invariable desde entonces. El inciso a del art 31 de la 23.551 reproduce casi textualmente el Decreto 23.852 de Perón. Esta concepción estatalista de la política sindical del primer peronismo dejó una huella indeleble y fue política de Estado militar, peronista y radical (y por sobre todo patronal y de la burocracia sindical) por 67 años.

Podríamos decir que, retrospectivamente, lo que la Corte dice es que el Decreto 23.852 de Juan Domingo Perón es inconstitucional.

Mucha agua ha corrido bajo el puente desde el 45. En primer lugar, la firma del Convenio 87 de la OIT a comienzos de los cincuenta.

Luego, la promulgación del articulo 14 bis en la Convención Constituyente del 57 que dice textualmente: “El trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de las leyes, las que asegurarán al trabajador: condiciones dignas y equitativas de labor; jornada limitada; descanso y vacaciones pagados; retribución justa; salario mínimo vital móvil; igual remuneración por igual tarea; participación en las ganancias de las empresas, con control de la producción y colaboración en la dirección; protección contra el despido arbitrario; estabilidad del empleado público; organización sindical libre y democrática, reconocida por la simple inscripción en un registro especial. Queda garantizado a los gremios: concertar convenios colectivos de trabajo; recurrir a la conciliación y al arbitraje; el derecho de huelga. Los representantes gremiales gozarán de las garantías necesarias para el cumplimiento de su gestión sindical y las relacionadas con la estabilidad de su empleo”.

Sin embargo, el 14 bis nunca se hizo operativo a través de una ley. Vino después la reforma del 94 que incorporó los tratados internacionales con rango constitucional.

Y más tarde las sucesivas condenas de la OIT exigiendo la reforma de la 23.551 por violar el Convenio 87.

Sin embargo, de la mano de los gobiernos radicales y peronistas que se sucedieron desde el 83 el régimen creado por Perón de personería gremial siguió incólume.

Fue la CTA la que desde comienzos de los 90 encarnó la batalla gremial y social por la libertad sindical.

Por fin, la Corte Suprema post menemista fue la que con sus fallos ATE-PECIFA y Rossi–Hospital Naval la que empezó a dar los golpes finales a una legalidad que atrasaba varias décadas.

El fallo ATE-Municipalidad de Salta tiene aún mayor envergadura que los antes mencionados porque apunta al corazón del modelo. El régimen de personería gremial creado en el 45 ha comenzado a dejar de existir.

En modo alguno esto significa el final del camino. Para que los fallos operen en la realidad en toda su dimensión (y no debamos judicializar cada caso) es imprescindible reformar totalmente la Ley 23.551 reemplazando en primer lugar sus artículos inconstitucionales.

Esa pelea requiere una mayoría parlamentaria que sólo se conseguirá cuando una mayoría política y social se lo exija desde la calle.

Esa es la tarea que nos espera.

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