Un paso adelante, pero el sistema de control de la OIT continúa en crisis
Martes 2 de julio de 2013, por Horacio Meguira *
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En primer lugar cabe resaltar que fue un paso adelante retomar el tratamiento de los casos individuales. Finalmente los 25 casos de países pudieron ser tratados en la Comisión de Aplicación de Normas, de la 102º reunión de la conferencia.

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* Director del Departamento Jurídico de la CTA

Se ha logrado, de esta forma, dar continuidad al sistema de control de la memoria ordinaria, por parte de la CEACR y la Comisión de Normas de la Conferencia (CAN) pudo retomar el círculo virtuoso del tratamiento tripartito de la situación de los convenios internacionales en cada país seleccionado.

La CEARC en su informe general, toma el tema si tapujos y reafirma su condición de órgano de control y de interpretación de la norma, resaltando que sus observaciones no tienen carácter vinculante porque sus opiniones no tienen condición de “cosa juzgada”. Afirma una vez mas que no se considera a sí misma como un tribunal y insiste que dicha función la ejerce la Corte Internacional de Justicia, pero ratifica que por ser un órgano de control sus interpretaciones son válidas hasta tanto son se expida el mencionado tribunal.-

Los miembros trabajadores expusieron nuevamente su posición en forma general y señalaron que resultaba difícil no regresar a los hechos que habían afectado el desarrollo de los trabajos de la Comisión de la Conferencia en 2012, puesto que, para los trabajadores presentes en ella, lo ocurrido había suscitado sentimientos de frustración por diversas razones.

En primer lugar, muchos trabajadores no habían podido exponer las violaciones de los derechos que les habían sido otorgados por los convenios de la OIT y habían regresado a sus países con el temor a ser objeto de represalias.

En segundo lugar, algunos gobiernos interpretaron este bloqueo como un modo de fomentar la impunidad utilizando la crisis económica como pretexto para negarse a aplicar las normas internacionales del trabajo.

Los círculos académicos y algunos órganos internacionales, como el Comité de Diálogo Social Europeo se plantearon las consecuencias que acarrearía el fracaso de la labor de la Comisión de la Conferencia. Sin embargo, los miembros trabajadores acogieron con satisfacción el hecho de que muchos gobiernos que figuraban en la lista preliminar de casos hubieran presentado a la Comisión de Expertos, tal como se les había solicitado —al final de la reunión del año anterior—, sus memorias sobre la evolución de la situación en sus respectivos países. Los miembros empleadores ratificaron la misma concepción respecto a los aspectos que dieron origen a la crisis de la 101º conferencia:

1. El derecho de huelga no forma parte del Convenio 87.

2. Las facultades que se arroga la CEACR exceden los márgenes constitucionales.

3. No se trata de órgano tripartito y por ende sus observaciones carecen de valor interpretativo.

“…Explicaron que, a la conclusión de la Conferencia del año anterior, tomaron nota de las siguientes cuestiones principales: el mandato de la Comisión de Expertos, en particular, su alcance y el modo en el que este había sido comunicado y expresado; y la interpretación dada al derecho de huelga como elemento del Convenio 87. Los miembros empleadores manifestaron su esperanza de llegar a una solución para estas cuestiones, y, en este sentido, afirmaron que propondrían una serie de medidas que contribuyeran a hacer el sistema de control normativo más eficaz, pertinente y sostenible”.

Exageradamente repitieron dicha postura de distintas formas, en cuanta oportunidad tuvieron, (a veces muy forzadamente) durante el transcurso y desarrollo de la Comisión de Aplicación de Normas.

Los 25 casos individuales y la negociación que permitió destrabar el conflict

Los miembros trabajadores como dijimos en principio estuvieron impulsados por “su deseo de llegar a una solución tripartita aceptable y equilibrada con la que se preserve el papel de la OIT como organización normativa con el suficiente poder para garantizar la aplicación en la legislación y en la práctica de las normas elaboradas por ella. Reiteraron la declaración del Director General de la OIT de que un sistema de control que carezca de la necesaria credibilidad y autoridad y del apoyo de todas las partes impediría a la OIT ejercer sus obligaciones fundamentales.

Señalaron que se habían celebrado reuniones constructivas entre los Grupos de los Trabajadores y de los Empleadores para determinar la lista de casos individuales, lo que debería garantizar que la Comisión de la Conferencia funciona con normalidad este año.

Recordaron que el derecho a la huelga es el último recurso de los trabajadores para presionar en aras del respeto de sus derechos y ello puede suscitar reacciones comprensibles. No obstante, lo cierto es que es de todo punto imposible una lista que excluya deliberaciones sobre la aplicación del Convenio 87, puesto que el Convenio relativo a los derechos fundamentales debe garantizarse tanto para trabajadores como para empleadores.

Recalcaron también la importancia de que la Comisión adopte conclusiones, compartidas tanto por los trabajadores como por los empleadores, que sean claras, pertinentes y cuya aplicación por los gobiernos interesados sea posible. A estos efectos, ambos grupos debían procurar que las conclusiones se adoptaran por consenso, incluso si los debates correspondientes eran largos y complejos. Un desacuerdo en torno a las conclusiones comunicaría un mensaje negativo a los Estados renuentes a ratificar o aplicar los convenios de la OIT.

Los gobiernos solicitaron que se analicen los casos individuales sobre los que podría llegar a un acuerdo. Cabe resaltar la declaración del GRULAC (Grupo de Gobiernos Latinoamericanos y del Caribe) al respecto en donde se declara que la interpretación que efectúan los empleadores respecto al Convenio 87 es aceptable y coincide con la postura de los gobiernos latinoamericanos.

Esta declaración fue muy mal recibida por el grupo de trabajadores, lo que provocó reuniones informales donde se les reclamo a los gobiernos latinoamericanos posturas más acordes a los intereses de los trabajadores.

Finalmente se anuncio que existía acuerdo en el listado de casos individuales, menos en la inclusión de Colombia, ya que los empleadores se negaban a tratar dicho caso individual.

Ante la negativa reiterada del grupo de empleadores a que en las conclusiones se hicieran mención al derecho de huelga finalmente se arribo a un acuerdo sobre una formula común para los nueve casos donde la comisión de expertos hacia alusión al derechos de huelga. Es así que en el texto de todas las conclusiones de los casos individuales sobre el Convenio 87 y en donde el informe de la CEACR se refiere al derecho de huelga se dice que “La Comisión no abordó el derecho de huelga en este caso, dado que los empleadores no están de acuerdo con que el derecho de huelga esté reconocido en el Convenio 87”.

Cabe hacer una referencia a la actitud de las centrales sindicales Colombianas que expresadas en el discurso del representante de la CUT de Colombia quien hizo alusión a la importancia que los casos individuales se trataran no obstante no estar Colombia.

Comentarios de la situación general

En el discurso final el vocero de los trabajadores en la Comisión Marc Lemmon, describe frontalmente la situación:

“Los miembros trabajadores recordaron que su primer objetivo era conseguir un acuerdo con los miembros empleadores sobre una lista de 25 casos a ser examinada por la Comisión; la condición era que ningún veto fuera impuesto por ninguna de las partes en los casos propuestos y que ningún convenio fuera dejado de lado, sin perjuicio del respeto del equilibrio geográfico y temático entre convenios fundamentales, prioritarios o técnicos.

El segundo objetivo era que empleadores y trabajadores pudieran adoptar conclusiones en común. Ésta fue la única hipótesis factible de trabajo, para preservar el buen funcionamiento de los órganos de control. Ello supuso, por un lado, que los asuntos relacionados con los incidentes acontecidos en el año 2012 no fueran abordados en el seno de la Comisión, por respeto a los procesos iniciados oficialmente ante el Consejo de Administración o al margen del mismo, con la ayuda de personalidades de alto nivel preocupadas por preservar el rol normativo de la OIT y de los procedimientos de control. Esto implicó por otra parte que la Comisión pudo abordar todos los casos de la lista negociada con los empleadores en un clima hasta entonces prometedor.

Subrayaron que eran ellos los que, este año, habían salvado el mecanismo de control. En aras de la subsistencia del sistema normativo y de la defensa del liderazgo de la Comisión, desearon darle todas las oportunidades a los procesos ideados para salir de la crisis. La evolución positiva de los debates fue posible no sólo gracias a los esfuerzos sino también a las concesiones muy importantes de los miembros trabajadores, dichas concesiones no deben ni reproducirse cada año ni ser interpretadas como muestra de debilidad".

El caso Colombia. En tal sentido dijo nuestro vocero:

“Lo mismo ocurre respecto de la decisión de sacar de la lista el caso de Colombia, no obstante el hecho de que dicho caso figurara desde mucho antes que el 2012 y que no haya podido ser tratado desde el 2009 en un contexto de violación sistemática de los Convenios 87 y 98 y de un clima de impunidad que beneficia a los responsables de los asesinatos de sindicalistas. Esta sesión de la Conferencia fue ocasión para el establecimiento de contactos entre el conjunto de las partes interesadas, liderados por el Director General de la OIT, que evidenciaron la voluntad de todos por continuar el diálogo en Colombia en el marco de la comisión de concertación tripartita. Aún queda mucho por hacer, no obstante se han dado señas positivas que deberían constar en el informe de la Comisión. La Comisión debería, asimismo, ser debidamente informada del seguimiento brindado a los precitados contactos".

Las concesiones del grupo de trabajadores y el carácter provisional de las mismas.

“El año 2013 es por lo tanto decisivo y particular, y sus acontecimientos no deben ni reproducirse ni generalizarse. De hecho, dichas concesiones no siempre fueron comprendidas en el seno mismo del Grupo de los Trabajadores ni en el Grupo de los Empleadores, dado la perseverancia con la que éstos desearon reabrir el tema del mandato de la Comisión de Expertos y del fundamento jurídico del derecho de huelga.

La voluntad de los miembros trabajadores fue examinar, con moderación, los casos relacionados con la aplicación del Convenio 87; recordar los principios importantes contenidos en el mismo, más allá del derecho de huelga y del mandato de la Comisión de Expertos. De tal forma que, en numerosos casos, se recordó que la libertad sindical es un derecho humano, una condición previa a la negociación colectiva así como a un diálogo social sano en beneficio de los trabajadores y de los empleadores así como de la paz social.

La presión ejercida por los miembros empleadores obligó a los miembros trabajadores a hacer concesiones hasta llegar a su punto límite, arriesgando incluso la posibilidad de llegar a conclusiones para el conjunto de los casos. No obstante, el Convenio 87 es uno de los instrumentos internacionales en el que los trabajadores encuentran el fundamento del derecho de huelga o de otras acciones laborales que a menudo son la única y última arma con la que disponen los trabajadores cuyos llamados no han sido escuchados y cuyos derechos no han sido respetados por la ley.

Ahora bien, fuera del ámbito del derecho interno, la fuente de este derecho es negada. Sin embargo, si un gobierno no quiere garantizar el respeto de los derechos de los trabajadores contenidos en fuentes internacionales, ¿cómo es posible que prevea adoptar normas a nivel nacional para reconocerles la posibilidad de utilizar un arma contra él mismo en su política económica y/o social?

Tal razonamiento acarrea un desequilibrio de fuerzas a favor de los gobiernos y una guerra contra los sindicatos y el diálogo social, declarado por un pequeño grupo de actores que se equivoca en la elección del modelo social. Sin embargo ninguna economía es productiva sin un trabajo de calidad que garantice la adhesión de los trabajadores al proyecto industrial de su empleador. ¡Los trabajadores que no son respetados, no respetan su trabajo!

En 2013, los miembros trabajadores han tenido que aceptar una cláusula relacionada con lo que se planteó en 2012 cuando los miembros empleadores solicitaron la inclusión de una salvedad en el informe de la Comisión de Expertos . Las conclusiones de ciertos casos relativos a la aplicación del Convenio 87 incluyen el texto siguiente «La Comisión no abordó el derecho de huelga en este caso, en virtud de que los Empleadores no están de acuerdo con que el derecho de huelga esté reconocido en el Convenio 87".

A este respecto cabe señalar que en sus conclusiones la Comisión nunca se ha pronunciado sobre el fundamento del derecho de huelga y que los miembros empleadores son los únicos que están en desacuerdo sobre este punto.

Sobre el futuro resalto el párrafo final del discurso de Marc: “Si los miembros empleadores quieren seguir poniendo en tela de juicio el mandato de la Comisión de Expertos y el derecho de huelga deberán buscar una solución utilizando otras opciones como el recurso al artículo 37, 2) de la Constitución de la OIT. A este respecto se pueden contemplar todas las posibilidades excepto que se bloqueen de nuevo los trabajos o una nueva guerra de desgaste".

Sintetizando:

1. Se ratifica que el convenio 87 contempla el derecho de huelga.

2. Se aceptó la cláusula en las conclusiones impuesta por las presiones de los empleadores para dar continuidad al sistema de control de la OIT.

3. Que los empleadores fueron los únicos que adoptaron dicha postura.

4. Que la misma es provisoria y que en el futuro no va a ser aceptada por el grupo de trabajadores.

Es importante apoyar la actitud adoptada por nuestro vocero, pero habría que sopesar los costos y beneficios que ha significado esta posición que como mismo vocero reconoce fue poco comprendida por nuestro grupo de trabajadores.

Especialmente porque la “formula” solo contemplaba la posición de los empleadores y no la de los trabajadores.

También cabe preguntarse como será en el futuro ya que los empleadores han insistido permanentemente en su posición sin resignar nada de su interpretación.

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