Golondrinas en el surco
Milonga del peón de campo
Martes 18 de enero de 2011, por Carlos Saglul *
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Tienen la suerte de amanecer cada día donde, parafraseando a Haroldo Conti, “el cielo es ancho y profundo, no un miserable agujero en lo alto de la ciudad”, pero también la desventura de ganarse la vida con uno de los oficios más mal pagos. De un millón y medio de obreros rurales que se registran en el país, no más de 350 mil tienen salarios en blanco. Sufren maltrato, explotación, hacinamiento, trabajo infantil. Estos son los desafíos que enfrentan los sindicatos de la CTA que en la rica geografía del agro argentino organizan a los trabajadores más pobres, los peones de campo.

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En el agro argentino se reproducen realidades casi feudales. Recién en enero del año pasado quedó en vigencia legalmente la jornada laboral de ocho horas diarias y cuarenta y ocho semanales para los trabajadores rurales. Según la disposición correspondiente, el tiempo que excede ese horario debe ser considerado hora extra.

Victoriano “Tocho” Torres del Sindicato de Trabajadores y Estibadores de La Plata (SITRE-CTA) dice: “Las ocho horas no se respetan. Eso es sólo para los papeles. Tampoco se cumple con el salario mínimo, las dos mudas de ropa que deberían darnos, condiciones de alojamiento y alimentación. Hacen lo que quieren. Para ellos las normas que defienden los derechos del trabajador son cosas que publican los diarios pero en realidad no existen. Nos rigen todavía las leyes de la dictadura militar”.

“Tocho” Torres se refiere a la Ley 22.248 que data del año 1980 y que flexibilizó al trabajador rural excluyéndolo de las previsiones y el amparo de la Ley de Contrato de Trabajo. “Queremos volver a Ley de Contrato de Trabajo, tener una jornada de 8 horas, no de entre 15 y 17 horas diarias”.

Ya en 1920 Alfredo Palacios se preocupaba por la situación de los peones rurales a la que definía como deplorable “en razón de la falta de organización sindical y debido a la prepotencia de los señores del suelo a quienes responde incondicionalmente una policía absolutamente bárbara”.

El primer estatuto sancionado en 1944 fija condiciones para los trabajadores del campo que dan una idea del maltrato a que son sometidos. Por ejemplo prohíbe que los braceros sean trasladados en los mismos camiones que el ganado y evita que se los despida en caso de enfermedad. También se trata de desterrar el pago con vales que se debían canjear por alimentos en el almacén del empleador. Hito histórico en la defensa de los derechos del trabajador de campo, en 1944 se sanciona el Estatuto del Peón Rural redactado por la Secretaría de Trabajo a cargo del entonces coronel Juan Domingo Perón. Las patronales del campo ponen el grito en el cielo. La nueva legislación se empeña en garantizar que los obreros tengan alojamiento y alimento dignos. Se disponen salarios mínimos para cada una de las categorías. Reglamenta la asistencia médica. Se prohíbe el trabajo de los niños. Ante el estupor feudal de la oligarquía rural hasta se legisla el otorgamiento de una parcela mínima de campo donde la familia del trabajador pueda “tener su huerta, criar sus aves” con destino a la alimentación diaria. Por supuesto, la normativa no sobrevive a la Revolución Libertadora. Es pisoteada por el golpe oligárquico-militar y pasa a ser parte de los mitos de “ese país socialmente más justo” que sobrevivirá en la memoria popular.

José “Lulo” Gómez del Sindicato de Trabajadores Rurales y Estibadores de Santiago del Estero (SITRE-CTA) da su versión: “Vas al Ministerio de Trabajo a denunciar y no te dan bolilla. Te pagan como quieren. Muchos compañeros tuvieron problemas para cobrar la Asignación por Hijo por la forma irregular en que fueron contratados. Como hay mucha desocupación trabajás por menos de lo que dice el recibo o no trabajás. Muchas veces los aportes figuran pero no los hacen. Todo el norte es igual”.

La única ley que parece existir es la del patrón. “Sólo en La Plata y el Gran La Plata hay más de 21 mil trabajadores. Es necesario que nos organicemos ya que no hay otra garantía de que nos respeten. Podríamos hablar horas de nuestras demandas. Son muchas las carencias. Ahora estamos empeñados en que deje de perjudicarnos la falta de combustible. Cuando no hay gasoil, el tractorista se tiene que volver a la casa sin cobrar la jornada y no es justo. Y esto pasa con todos los compañeros que manejan maquinaria”, cuenta “Tocho” Torres del SITRE de La Plata.

Mundo tarefero

Rubén Ortiz es el secretario adjunto de la CTA Misiones, y promotor del Sindicato de Tareferos, Trabajadores Temporarios y Desocupados. Nos cuenta que en la actividad yerbatera el contratista no es algo nuevo, existió desde siempre en esa zona pero “en los ’90, cuando la cooperativa decidió levantar la cosecha apelando mayoritariamente a terceros, tuvo un nuevo empuje y auge. El sistema funciona con subcontratación de mano de obra a través de la compra y venta de servicios. El contratista acuerda directamente con los productores. Es un intermediario que brinda el servicio de cosecha a empresas y a la Cooperativa Agrícola Mixta Montecarlo. La mayoría tiene organizada más de una cuadrilla de 25,y 30 hombres y mujeres. Hasta mediados de los ’90 las empresas y cooperativa tenían sus propias cuadrillas, existían una mayor estabilidad y formalidad en las relaciones laborales”.

Para Ortiz, “el negocio para el contratista está relacionado directamente con la diferencia que logra entre lo que cobra por el servicio y el costo laboral que le significa cada tarefero. La búsqueda de la ganancia termina en la informalidad y la inestabilidad laboral. Los salarios son bajos para garantizar las tasas de ganancias del contratista y también por la masa de trabajadores desocupados y pauperizados, al borde del hambre, que aceptan trabajar en cualquier condición, sin seguridad social, ART, en negro o cobrando parte de su salario en vale de mercadería que muchas ocasiones son caras y de baja calidad”.

“Existen casos en que los contratistas no pagan la última quincena de trabajo, esto se produce al final de la zafra, se detectó que existían contratistas que en el periodo 2008 no pagaron la última quincena a los trabajadores. Queda clara la situación de violencia a los que están sujetos estos trabajadores que termina generando las protestas de los últimos tiempos”, apunta certeramente el dirigente de la CTA misionera.

La situación tiende a agravarse si desde el Estado o desde el Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM), que es el organismo que fija los precios de la hoja verde y traza las políticas del sector, no se toman las medidas de control. Un ejemplo es que para la presente zafra se fijó un precio de 0.62 centavos por kilogramo de hoja verde que nadie los cumple.

“En mi caso, la Cooperativa me paga 0,30 centavos por kilo de hoja verde. De eso yo le pagó al contratita 0,25. Si facturo pago IVA y ahí queda cero ganancia hoy en día. A fin de año, cuando la Cooperativa venda me pagará algo. Para que se tenga una idea, el año pasado la Cooperativa pagó 0,16 centavos el kilo hoja verde. Te imaginás que los números no cierran. Yo estuve obligado a tumbar pino para poder limpiar el yerbal este año, ya no sé qué hacer.”,explica Ramon, afiliado al sindicato de los tareferos en la CTA.

Ante esta realidad todos los actores ajustan hacia abajo quedando en este caso los tareferos en una situación de absoluta explotación, acosados por la falta de trabajo y viviendo en una realidad desesperante terminan aceptando relaciones laborales flexibilizados. Todo vale con tal de acceder a algunas ganancias. Los contratistas, con la ayuda de estudios contables, minimizan los salarios en blanco de los obreros para evitar los altos costos laborales. Algunos apelan a medidas que rondan el delito como no pagar los días de reposo, el 5%, etc.

Cosecha y aula

El trabajo infantil es moneda corriente. Se calcula que más de 250 mil menores son explotados en tareas rurales. Los niños trabajan en las cosechas de tabaco, yerba mate, algodón. Antonio Trigo, del Sindicato de Trabajadores Ajeros Y Afines de Mendoza (SITRAAJ-CTA) afirma: “las ocho horas no existen y el Ministerio de Trabajo lo sabe y no hace nada”. Cuando se le pregunta por la explotación infantil dice con bronca: “desde los nueve años los chicos dejan el aula para ir al campo. Trabaja toda la familia. Si hay cosecha no hay escolaridad”. Comenta que están exigiendo que se pongan guarderías para que los chicos no tengan que ir al campo.

“En algunas cooperativas los pibes llegan a las cinco de la mañana y suben al camión que los lleva de vuelta a las 21 horas. Son jornadas agotadoras. Tratan de traerlos tarde por miedo a los inspectores que en realidad nunca aparecen. Son jornadas muy duras. No hay sombra ni agua. Tampoco baños. Para comer se puede comprar algo en almacenes que los jornaleros suponen son de los patrones y que descuentan lo consumido cada quincena”, agrega Trigo.

Según la Encuesta de Actividades de Niños, Niñas y Adolescentes realizada por el Ministerio de Trabajo de la Nación, Mendoza es la provincia con mayor magnitud de trabajo infantil. En tanto, de acuerdo a la Comisión Provincial de Erradicación del Trabajo Infantil (Copreti) “tres de cada diez chicos de entre 6 y 14 años, pobres y en edad de escolaridad primaria, desempeñan alguna clase de actividad laboral en el Gran Mendoza y sus alrededores”.

En la provincia de Buenos Aires la cosa no cambia: “Contratan al jefe de la familia pero terminan trabajando todos, por ejemplo en la recolección de verdura. A la mujer le dan unos pesitos y también trabaja en el campo o atiende a la familia del patrón como sirvienta” dice Torres. “Tocho” sostiene que no obstante, “los hijos de muchos compañeros hacen treinta cuadras aún bajo la lluvia para ir a la escuela. Ya llevamos juntadas más de ochocientas firmas para que pongan colectivos que trasladen a los niños a la escuela”.

“Las condiciones de seguridad e higiene son las peores y el sector no tuvo grandes avances. Las ropas siguen siendo a cuenta del trabajador, al igual que las herramientas elementales como serrucho, tijeras y guantes”, dice, a su turno, Ortiz. “El hambre durante las jornadas de trabajo se calma con alimentos que el tarefero cocina antes de partir al yerbal y al mediodía almuerza en condiciones de extrema precariedad e higiene. Calmar la sed es tarea cada vez más complicada. Las nacientes y cursos de agua se encuentran contaminados y es difícil que no sean afectadas por agro tóxico atendiendo que los yerbales están en más de un caso cerca de forestaciones que son fumigadas regularmente”, subraya el secretario adjunto de la CTA misionera.

La escasa mecanización de la actividad expone al trabajador de la yerba mate a una tarea extrema a la hora del transporte del raido y carga en los camiones aunque esto último comienza a mejorar con la implementación de grúas en los camiones.

“Cuando los yerbales se encuentran lejos de los poblados o las cuadrillas se trasladan a otro municipio, los trabajadores viven en campamentos precarios debajo de carpas de plásticos, durmiendo a la intemperie, soportando el frío extrema en invierno y el calor del verano. Estos campamentos no reúnen condiciones mínima como ser agua potables, ducha, sanitarios, cocina y es posible observar a familias enteras viviendo, entre ellos se encuentran niños y mujeres”.

Sonia Leiva, del Sindicato de Trabajadores Rurales de Neuquén enrolado en la CTA, afirma que “ahora no se ve tanto el trabajo infantil”. En cambio, se muestra preocupada por las condiciones de hacinamiento en las que viven los trabajadores. “Los alojan en los mismos galpones donde ponen la fruta. Hemos inspeccionado lugares donde el único baño para decenas de compañeros es un foco infeccioso. Se aprovechan porque aún rige la ley de la dictadura. Pueden echarte cuando quieren y ellos lo saben”.

Relata que, entre otras cosas, están peleando porque al trabajador golondrina se le compute la antigüedad. Pedimos que se tenga en cuenta su desempeño en las cosechas anteriores, que eso quede registrado”, explica. Sin embargo, confiesa: “La pelea no es fácil, hay mucho miedo y es difícil afiliar a la gente”.

Todo trucho

Antonio Trigo, del SITRAAJ-CTA de Mendoza indica que “acá estamos como esclavos. No hay obra social ni nada, cada uno se las arregla como puede. A una compañera embarazada la hicieron trabajar casi hasta el momento de parir”. Los verdaderos dueños de las empresas dedicadas a la producción ajera trabajan a través de testaferros que a su vez evaden toda responsabilidad laboral escudándose en cooperativas truchas. En los registros de estas entidades figuran miles y miles de asociados: son los jornaleros que cobran salarios de hambre. No hay sueldo mínimo, obra social ni jubilación. “Todo trucho, para explotarte mejor”.

De vez en cuando, los funcionarios salen en los diarios prometiendo atacar la explotación de los ajeros, pero las cooperativas siguen funcionando o, en el peor de los casos, cambian de nombre. Cuentan que el Ministerio de Trabajo se limita a fijar multas que las empresas no pagan.

Para José “Lulo” Gómez, “los únicos que tienen cobertura en materia de salud son los trabajadores del Estado. El resto debemos arreglarnos con el hospital público. Cuando te enfermás las ART, en el caso de que la tengas, te dan lo menos posible. Esta es una actividad muy embromada. Hay muchísimos compañeros con artrosis y otras enfermedades que tienen que ver con la actividad. Los tractoristas que deben pasar quince horas diarias sentados frente al volante terminan casi siempre con problema de columna”.

Los plaguicidas que se utilizan en los cultivos transgénicos que ocupan la mayoría de las tierras útiles no sólo erosionan el suelo: matan. Producen cáncer, malformaciones, esterilidad. “Tocho” Torres recuerda: “Se habla de la soja pero no es lo único ¿Cómo te parece que hacen para que en cuarenta días un pollo alcance dos o tres kilos? La materia fecal de esos pollos engordados con químicos es cargada en grandes camiones que se la llevan para destinarla a abono. El riesgo no es sólo para los que manipulan esa materia fecal sino para los consumidores de las frutas y verduras infectadas de químicos a través del abono”. Según Sonia Leiva de Neuquén, en esa provincia “tuvimos problemas con compañeros a los que le recomendaron trabajos livianos después de un accidente. Los echaron”.

Había una vez una vaca

Según admite Naciones Unidas, a nivel mundial el campo se va despoblando. El fenómeno se agrava en la Argentina donde históricamente la población rural ha sido reducida. La guerra por el control de los alimentos por parte de las multinacionales acentuó este fenómeno. Los cultivos transgénicos casi no requieren mano de obra. Detrás la Tecnología Terminador y Zombie, que se sirve de semillas que no pueden reproducirse y son estériles salvo que se les aplique un químico diseñado por las compañías que tienen la patente del producto, no hay otro objetivo que terminar con la agricultura. Las huertas familiares, los medios de subsistencia tradicionales de los pueblos originarios están en la mira de este tipo de producción.

Muchos trabajadores rurales tienen su pequeña propiedad. El Estatuto del Peón de la época del peronismo preveía esa realidad: Obligaba a darle al trabajador una pequeña parcela para su cultivo y la cría de animales para consumo familiar. El fenómeno casi se ha perdido. Gómez señala que a ese fin concurren la extranjerización de la tierra y las grandes extensiones sembradas con soja. Los cultivos tradicionales se ven arrinconados y por supuesto se reducen las fuentes de empleo y subsistencia. Paralelamente, la planificación estatal seducida por los fondos millonarios que aporta la soja al erario público orienta la obra pública, caminos, transporte, fuentes energéticas, a beneficiar ese tipo de producción. “Ya ni vacas se ven. Cuando se vayan nos van a dejar un desierto”, dice el dirigente santiagueño.

“La provincia de Misiones posee 27.000 explotaciones agropecuarias, 160 de ellos o sea 0,6% del total posee el 44 % de las tierras en Misiones (917.000 hectáreas)…En el Alto Paraná en la última década desaparecen el 27% de las pequeñas chacras.”, explica Ortiz. La empresa que más concentró tierra en el norte de Misiones es Alto Paraná S.A. que reúne alrededor del 10% del total de las tierras de la provincia una cantidad que llegaría a 233.700 hectáreas, de las cuales un 48% corresponden a bosques nativos protectores; otros 48% se comprende de pino taeda en su mayor parte araucarias y eucaliptos; y el 4% restantes son áreas forestables y reforestables. La empresa sostiene que opera con certificaciones de calidad y protección del medio ambiente (certificaciones), ISO 9.001 calidad; ISO 14.001 Ambiental; y 18.001 seguridad y salud ocupacional.

Lo curioso es que el sistema de certificaciones no evita que la empresa Alto Paraná sólo en el Municipio de Puerto Piray es dueña del 62,5% de las tierras, unas 22.500 hectáreas de un total de 36.000 que posee todo el Municipio.

Este proceso que nace de la mano de la última dictadura genocida, recibió y recibe hoy el apoyo de los representantes del régimen demoliberal. Se trata de un modelo que se asienta en la degradación del ambiente, que genera más pobreza, (expulsa a las familias de productores y los reemplaza por pinos), a partir de su forma irracional de producir la riqueza y distribuirla.

Los gobiernos misioneros siguen entregando a la explotación ilimitada sus riquezas ambientales agotables como el suelo y el agua, proceso que sólo genera día a día un empobrecimiento mayor de miles de misioneros, desplazados a partir de un monopolio cada vez mayor de la tierra por partes de inversores extranjeros. Este proceso se acentúo a partir de la década del 90, cuando el país profundizó su dependencia económica, tecnológica, industrial y financiera a partir del desmantelamiento industrial y mayor concentración y extranjerización de su economía.

Los beneficios que reciben de parte de las políticas que implementa el Estado a estas empresas se pueden ver con claridad en el siguiente ejemplo: “El sector privado forestal invierte por hectárea 1870 pesos (incluye todos los gastos de producción, desde la siembra hasta que el árbol está cortado arriba del camión, pasando por todas las etapas intermedias). Pero esos 1870 pesos de inversión no corren por cuenta de la empresa. La generosa Ley 25080 de ‘Promoción Forestal’, les paga a las compañías, por cada hectárea sembrada de pino, 1.140 pesos, más los gastos de raleo y poda. La mayor parte de los gastos los recuperan, gracias a la plata del Estado”, reseña Ortiz. “Todos nosotros a través de los gobiernos le pagamos a la corporación maderera para que haga un negocio redondo. Además de financiar la destrucción del medio ambiente de Misiones.”

“Qué puede ofertarle un peón, que no sean sus pobrezas…? A veces me entra tristeza y otras veces rebelión”, dice la “Milonga del peón de campo” de Atahualpa Yupanqui. Nos acordamos de la canción cuando escuchamos el testimonio del tarefero Agui Lezcano: “Mirá, toda mi vida trabajé y hora me doy cuenta que cada día tengo que trabajar con menos derechos para vivir, eso es una barbaridad, algo está mal. Trabajar en la yerba de por sí es difícil, tenés que soportar el clima, las heladas, las lluvias y el calor, lo pesado del trabajo, las condiciones de higiene y seguridad y ahora estás obligado a trabajar en negro por unos miserables pesos. Esta situación nos lleva a decir basta”.

Y el “basta” de Agui tiene eco en la tierra y los montes, le entran ganas de esa rebelión de la que habla la milonga de Yupanqui, gana fortaleza en la solidaridad a través del sindicato y va por la historia de justicia que se le niega. Es eso andan tareferos de Misiones, empacadores de fruta de Neuquén, trabajadores del ajo de Mendoza, rurales de Santiago del Estero y Buenos Aires, obreros del campo de todo el país que se van sumando a las filas de la CTA.

* Equipo de Comunicación de la CTA Nacional

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