Laboulaye
Un conflicto gremial que comenzó en octubre y todavía no terminó
Miércoles 19 de enero de 2011, por Prensa FeTERA *
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En Laboulaye, provincia de Córdoba, se está desarrollando desde hace más de tres meses un conflicto gremial, que involucra a los trabajadores y directivos de la empresa de estaciones de servicio, Ricardo Risatti sacif. Todo comenzó el 1 de octubre pasado, cuando directores de la empresa citada, exigieron a dos trabajadores que renuncien al trabajo.

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Enterado el resto de los trabajadores de la situación, decidieron respaldar a sus compañeros, Maura Gurdatti y Walter Álvarez, y anunciaron mediante resolución de asamblea que iniciarían medidas de fuerza si continuaba la exigencia. Tres días después, los dos trabajadores estaban despedidos con causa.

El 7 de octubre se pudo demostrar que a Maura la despedían por haber comunicado su embarazo y no por ausentarse en horario de trabajo, como decía la causa inventada por el empleador.

Su situación se resolvió con el pago de una indemnización. Este acuerdo fue homologado en la Secretaría de Trabajo de Córdoba.

El 9 de octubre comenzó un paro de actividades, por el reingreso de Walter Álvarez, al que adhirieron todos los trabajadores de la empresa que se encontraban afiliados a la Asociación Gremial de TRabajadores y Personal de Estaciones de Servicio y Afines de Córdoba (AGTPAC–CTA).

El 16 de octubre la empresa Ricardo Risatti sacif, se retractó de la sanción aplicada a Walter Álvarez y homologó su reingreso al trabajo.

El 16 de noviembre, imprevistamente vuelve a despedir al mismo trabajador, por los motivos ya retractados y se inician una serie de asambleas que dan lugar a una huelga a partir del 27 de noviembre que duró hasta el día 23 de diciembre, fecha en que la Secretaria de Trabajo de Córdoba, impuso una conciliación obligatoria. Este nuevo despido fue definido como despido por ensañamiento.

Desde el 11 de diciembre 21 trabajadores más, todos los huelguistasse habían sumado a la lista de despedidos por la empresa Ricardo Risatti sacif.

Los telegramas enviados invocaban justamente esa causa, la de participar, dirigir y alentar una huelga.

Iniciado el proceso de conciliación, los trabajadores han reclamado permanente volver a sus puestos de trabajo y no reclaman indemnización. El empleador insiste en despedir a los trabajadores y ahora ofrece indemnizaciones.

La Secretaría de Trabajo de la provincia no dictamina la nulidad del despido por huelga y alienta a la aceptación de indemnizaciones. Trabados en esta situación, el diálogo se complica, porque los representantes del Estado provincial reconocen el despido por el ejercicio de huelga, como una causa válida, cuando en realidad esta causa, es la que debe invalidar el despido.

Los trabajadores no venden derechos y el empleador se empeña en comprarlos.

La conciliación finaliza el 31 de enero, ese día comienza una nueva etapa.

* Federación de Trabajadores de la Energía de la República Argentina.

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