Entre Ríos
El juego debe ser administrado por el Estado
Miércoles 26 de enero de 2011, por Prensa ATE *
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Alguien dijo “los casinos debe dejar de estar en manos del estado”. Entonces surgieron voces de alarma. Desde ATE-Entre Ríos refutan estos intentos privatizadores y sostiene el principio de que el juego (con todas las connotaciones valorativas que conlleva) “debe ser administrado exclusiva y excluyentemente por el Estado”.

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Se trata de una discusión de dinero. Si. Pero también de una mirada social. la Asociación Trabajadores del Estado (ATE-CTA) Entre Ríos reafirma el rol del Estado. El gremio subraya que “por un lado, porque es el responsable de brindar las garantías mínimas de protección a la ética y de la salud individual y colectiva de la comunidad. Por el otro, porque solo el estado como instrumento Jurídico e Institucional, puede hacer que la captación de los recursos financieros provenientes de esta debilidad humana sean volcados íntegramente a las acciones de interés social”.

Las medidas del Gobierno de Entre Ríos, que privatiza el paño de la provincia, se oponen palmariamente a cualquier política de Estado que defienda estos intereses de su pueblo. “Hoy, cuando se revaloriza el papel del Estado, el Gobierno de Urribarri, al mejor estilo de la decada neoliberal, entrega a manos privadas una herramienta como el juego”, señala el Consejo Directivo Provincial de ATE, antes de agregar que “esta decisión resulta perjudicial por los peligros intrínsecos que conlleva, atenta contra el bienestar de la población, y representa un privilegio, una flagrante injusticia que violenta el sentido de igualdad que debe regir en una nación, dado que en la argentina el juego privado, todavía, no paga impuestos.

Hubo funcionarios del gobierno provincial que en medio de esta disputa trataron de colar la discusión electoral que se dará este año. Un ministro trató de vincular la negativa de ATE con el ex gobernador Jorge Busti, que opinó en el mismo sentido. El gremio no sólo rechaza esta acusación y pone de ejemplo su oposición también a una ley que privatiza áreas de turismo, que impulsaba Busti cuando era gobernador, y que fue rechazada por la presión de los trabajadores que el día d ela votación colmaron el recinto de debate.

Pero no ha sido solamente ATE quién ha denunciado históricamente las consecuencias del juego en manos privadas. También la Iglesia claramente lo ha hecho, desde la Pastoral de los Obispos de Entre Ríos (octubre del ’93), o a través de documentos como el citado en esta solicitada.

En esta perspectiva se entiende la voracidad de estos sectores empresarios, ya que por ejemplo, y solamente en el caso de la ciudad de Victoria, el sector privado por las maquinas tragamonedas se lleva anualmente una ganancia de $85.000.000, cuando le deja al Estado sólo $35 millones.

Igualmente ATE reiteró que no se aceptará ningún tipo de acuerdo que involucre la privatización del juego.

* Equipo de Comunicación de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE-CTA)

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