Demasiado tarde para lágrimas
Sábado 26 de diciembre de 2015, por Juan Carlos Giuliani *
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Ahora se podrán ensayar mil excusas, argumentos de todo tipo para culpar a terceros del fracaso, seguir esquivando la autocrítica, señalar con el dedo a los mariscales de la derrota y explicar lo que viene como si fuese una fatalidad histórica. A los abanderados del posibilismo les cuesta admitir que, al fin y al cabo, en esta “Década Ganada” se ha perdido una oportunidad histórica.

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* Periodista. Vocal de la Comisión Ejecutiva Regional de la CTA Autónoma Río Cuarto. Secretario de Relaciones Institucionales de la CTA hasta septiembre del 2018.

Después del último turno electoral –con la novedad del balotaje incluida- en el marco de esta democracia formal recuperada hace más de tres décadas en donde sigue vacante el protagonismo popular, sólo queda una certeza entre tanta incertidumbre merodeando la conciencia colectiva: Como lo ha sido siempre, los derechos y conquistas ganados por los trabajadores con sus luchas a lo largo de la historia, serán defendidos por la propia clase.

Nadie nos ha regalado nada. Nadie, que no seamos nosotros mismos, defenderá lo que no seamos capaces de mantener y restaurar.

En la Argentina, como en buena parte de nuestra América Latina, el autoproclamado Gobierno Nacional y Popular quedó encerrado en una trampa dialéctica: Preso de un discurso “progresista” en lo histórico y cultural, y marcadamente conservador en materia económica, manteniendo invictos los privilegios de los ganadores del modelo extractivista que sigue vivito y coleando en estos parajes del fin del mundo.

El ciclo virtuoso de avance popular en el continente muestra signos de fatiga y declinación a caballo de un modelo neodesarrollista que, al decir de Raúl Zibechi, "promovió la inclusión a través del consumo. La caída de los precios de los commodities es un golpe duro a la gobernabilidad progresista, que se había asentado en políticas sociales que fueron posibles, en gran medida, por los excedentes que dejaban los altos precios de las exportaciones. De ese modo se pudo mejorar la situación de los pobres sin tocar la riqueza. Ahora que cambió el ciclo económico sólo se pueden sostener las políticas sociales combatiendo los privilegios, algo que pasa por la movilización popular. Pero la movilización es uno de los mayores temores del progresismo", subraya el pensador uruguayo con precisión de cirujano.

El sistema político dependiente en nuestro país no sólo está contaminando y destruyendo nuestro ambiente, sino que también permite que grupos multinacionales se apropien escandalosamente de las ganancias millonarias que produce nuestro subsuelo, amparados en una legislación neoliberal que nos roba nuestros recursos. Tenemos que recuperar nuestra soberanía sobre esos bienes, salvar nuestro hábitat, reimplantar la justicia social y sostener un modelo de desarrollo sustentable para nuestro pueblo.

Ni hablar de esa monumental estafa al pueblo argentino que es la Deuda Externa. Antes de dejar su banca como diputado nacional, Claudio Lozano, rodeado de especialistas en el tema de la Deuda Pública, presentó un esclarecedor informe sobre lo que no se atrevió a indagar la Comisión Bicameral que debía investigar el proceso de endeudamiento externo desde 1976 a la fecha. La parálisis de esa Comisión es responsabilidad tanto del oficialismo que gobernó más de una década, como de la oposición que gobierna desde el 10 de diciembre. Lozano dio un dato irrefutable sobre el desinterés del poder en ir a fondo para conocer el desaguisado de la Deuda montado por cipayos de todo pelo y señal: Detalló que la Bicameral, presidida por Eric Calcagno (FpV), fue constituida seis meses después de haberse creado y tuvo apenas seis reuniones, donde sólo se designaron autoridades, se fijó el reglamento y se recibió al presidente del Banco Central, Alejandro Vanoli, quien “no respondió preguntas”.

Para Lozano, la excusa oficial de que el fallo del Juez Griesa es un problema heredado de gestiones anteriores no resiste el menor análisis. “El conflicto con los fondos buitres es el resultado del modo en que se instrumentó el Canje de Deuda del 2005 de Duhalde-Lavagna-Kirchner y Prat Gay. Canje que eludió la realización de una Auditoría Parlamentaria de la Deuda Pública y que en ese marco se sustentó sobre la base de tres grandes concesiones iniciales abiertamente favorables a los acreedores”.

La primera concesión “fue la renuncia del gobierno argentino a cualquier objeción sobre la legitimidad de las acreencias. La segunda fue no haber desdoblado, separado y/o atomizado las renegociaciones de dichas deudas sino haberlas unificado en una sola gran operación de consolidación de pasivos. La tercera concesión fue no haber realizado un censo de acreedores, que permitiera individualizar a todos y cada uno de los tenedores de bonos”. Al mismo tiempo que otorgaba estas concesiones, el Canje de Deuda del 2005 fijaba un conjunto de cláusulas en beneficio de los acreedores, “entre las más importantes, se acepta la prórroga de jurisdicción ante tribunales extranjeros”.

El documento de 167 páginas afirma: “El origen, desarrollo y actualidad del endeudamiento argentino es la historia de una estafa económica y política al conjunto de nuestro pueblo. Gestada en el marco de la represión dictatorial, esta estafa se mantuvo durante la institucionalidad democrática y los gobiernos Kirchner no fueron una excepción. Construyeron un relato mistificador que pretendió decir que el problema del endeudamiento estaba resuelto y que además se lo había hecho en nombre de la soberanía nacional”.

“La mentira no podría haber sido mayor. La etapa 2002–2015 es el período de mayores pagos netos hechos por la Argentina. En efecto, en el período post-Convertibilidad los pagos netos (sin computar el cupón PBI) asciende a U$S 19.766,5 millones; mientras que durante la Convertibilidad los mismos fueron de U$S 8.162 millones. Queda demostrado que los pagos netos de la etapa actual más que duplican los realizados durante la Convertibilidad. Pero además, esos mayores pagos no dieron como resultado la resolución del problema de la Deuda Pública. Esta pasó de U$S 150.000 millones en el 2005 a más de U$S 250.000 millones en la actualidad”.

Cuando la CTA junto con la CGT, convocó al Paro Nacional del 20 de noviembre de 2012, primera de las cinco huelgas realizadas en los últimos años al Gobierno de Cristina Fernández, difundió un documento que reunía los 32 puntos de la Multisectorial bajo el título “Unidad de acción para frenar el ajuste”, un programa integral de demandas de los trabajadores y demás sectores populares que tiene absoluta vigencia en la actual etapa política.

En su encabezamiento pueden encontrarse lineamientos para promover el reagrupamiento del Movimiento Popular: "Las organizaciones abajo firmantes convocamos a movilizarnos en reclamo de una justa distribución de la riqueza, soberanía sobre nuestros bienes naturales, democracia participativa, reforma impositiva para que paguen más los que más tienen, gravamen a las rentas extraordinarias, nueva Ley de Entidades Financieras, no pago de la Deuda Externa ilegítima e ilegal, comercio exterior soberano con control popular, defensa y promoción de la educación y salud públicas. No consentimos políticas devaluacionistas y propiciamos el debate de otro modelo productivo que interpele a este régimen extractivista, agroexportador y concentrador, que favorece el monocultivo sojero, o sea, expoliador, colonial y no sustentable que conspira contra el bienestar de nuestro pueblo”.

“Frente a la sordera y soberbia del Gobierno en atender nuestras justas reivindicaciones, al despojo de las naciones y pueblos originarios, al proceso inflacionario en curso que pulveriza el poder adquisitivo de los ingresos y el ninguneo del poder que se regodea acumulando ganancias fabulosas mientras millones de compatriotas padecen hambre y pobreza, formulamos una amplia convocatoria, convencidos de que la unidad en la acción se construye con todos los que están comprometidos en recobrar la justicia social en nuestro país”.

Todo está guardado en la memoria.

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