Sueño de la vida y de la historia
Domingo 2 de abril de 2017, por Juan Carlos Giuliani *
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El 30 de marzo de 1982, la clase trabajadora puso en la portada de la agenda política nacional una realidad que estallaba por los cuatro costados aunque los escribas oficiales fueran sordos, mudos y ciegos.

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* Periodista. Vocal de la Comisión Ejecutiva Regional de la CTA Autónoma Río Cuarto. Secretario de Relaciones Institucionales de la CTA hasta septiembre del 2018.

En la histórica Plaza de Mayo -nuestra Plaza de la Victoria- y en todas las calles y plazas de nuestro país, irrumpió incontenible la Argentina secreta que tan bien describía por ese entonces el Arzobispo santafecino Monseñor Vicente Zaspe. Tomaba cuerpo y perspectiva la fuerza organizada y consciente de un pueblo que resistió heroicamente desde el primer día a la tiranía oligárquico-militar.

La historia oficial ha preferido responsabilizar a la derrota en la Guerra de Malvinas como la causa principal de la retirada de la dictadura militar ignorando, ex profeso, la resistencia de los trabajadores y los organismos de derechos humanos al plan de exterminio, saqueo y expoliación puesto en marcha por las clases dominantes aquel fatídico 24 de marzo de 1976. Nos quieren hacer creer que a los militares no los echó nadie, que se fueron solos.

Trabajo a tristeza, huelga de brazos caídos, sabotajes y otras acciones organizadas por los trabajadores y sus cuerpos de delegados fueron minando el dispositivo represivo destinado a custodiar la rentabilidad de las corporaciones económicas nacionales y extranjeras.

La huelga ferroviaria, la del transporte de colectivos, la de la Ford, la de Luz y Fuerza, acaecidas entre fines de 1976 y 1977, fueron algunos de los más de 250 paros que hubo entre el 24 de marzo de 1976 y el Paro Nacional del 27 de abril de 1979 convocado por la “Comisión de los 25”.

Esta pelea desigual demuestra que los trabajadores no iban a renunciar pasivamente a sus conquistas. Esa voluntad de lucha costó la vida de decenas de miles de compañeras y compañeros mientras que otros centenares de miles sufrieron cárcel, tortura, exilio y persecución. Se calcula en medio millón los trabajadores cesanteados durante la dictadura.

El 67 por ciento de los detenidos desaparecidos son de extracción gremial, víctimas del terrorismo de Estado impulsado por los grupos económicos locales y extranjeros con lo que se buscó inhibir la capacidad de reacción del movimiento obrero. El imperio del horror no fue óbice para que se multiplicara la resistencia a la dictadura. Fue la lucha del pueblo, y en particular de los trabajadores y los organismos de derechos humanos, la que obligó a los militares a gobernar nuestro país por mucho menos tiempo que sus pares de Brasil, Uruguay y Chile; la que logró que por primera vez en la historia contemporánea los vencidos sentaran en el banquillo de los acusados y condenaran a los vencedores en el Juicio a las Juntas y que se derogaran las infames leyes de Obediencia Debida y Punto Final.

Al caer la noche de aquel histórico 30 de marzo del ’82, los noticieros informaron del asesinato en Mendoza de José Benedicto Ortiz, obrero y dirigente sindical textil. La jornada arrojó más de 2500 heridos y unos 4000 detenidos en todo el país.

La movilización del 30 de marzo de 1982 fue la mayor expresión de lucha obrera del período dictatorial. Convocadas por la CGT, bajo la consigna "Paz, pan y trabajo", cincuenta mil personas coparon la Plaza de Mayo preanunciando el colapso de una dictadura agotada en sus contradicciones internas, la crisis económica, la falta de consenso social y la movilización de las masas.

A treinta y cinco años de aquellos acontecimientos, en la Argentina de hoy en día jubilarse implica perder la mitad del sueldo, en tanto que más del 40 por ciento de los asalariados está en negro, no tiene derechos labores, no aporta al sistema previsional ni tiene obra social. El 85% de los trabajadores del ámbito privado no tiene representación gremial en su lugar de trabajo, el 45% gana por debajo del Salario Mínimo, Vital y Móvil y 8 de cada 10 jóvenes tienen trabajos precarios. Al 67% de los trabajadores no se le aplican convenios colectivos y el 52% de los hombres y mujeres que trabajan están precarizados. Los números son escalofriantes y dibujan –con la lógica cruel de la explotación- la geografía del desamparo y la desigualdad.

Todo el mundo sabe, porque estamos haciendo explícita nuestra estrategia de poder popular, que hemos decidido no delegar más y autogobernarnos reivindicando nuestra identidad de clase.

A protagonizar esta gesta colectiva están convocados todas las mujeres y hombres de buena voluntad que estén vacunados, como nosotros, contra el “no se puede” y compartan la idea de plantar la bandera de una nueva experiencia política nacional y federal que reivindique la justicia social como el insumo principal para reconstruir una sociedad justa, libre y solidaria.

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