Criminalización de la protesta social
La CTA-A pide audiencia con el nuevo Procurador General de Río Negro
Martes 20 de febrero de 2018, por Corresponsalía Río Negro *
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A partir del gran número de causas acumuladas contra sus dirigentes, referentes de otras organizaciones sindicales y militantes sociales por el solo hecho de reclamar derechos y peticionar ante las autoridades, la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA Autónoma) pedirá una audiencia con el nuevo Procurador General de la provincia Jorge Crespo.

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La Central sindical quiere conocer cuáles son los criterios del nuevo funcionario judicial y si el Ministerio Público producirá algún cambio en la política criminal de persecución de este tipo de hechos, en relación a la gestión que lo antecedió en su cargo, ya que desde ésta se avaló y se impulsó en Río Negro el armado de causas contra Aguiar y otros dirigentes.

“En nuestra provincia la judicialización de la protesta sindical y social ha sido una regla en los últimos años. Los fiscales y jueces se han subordinado a los intereses de la política y no han mostrado independencia. Queremos saber si Crespo se va a hacer cargo produciendo un cambio o va a mirar para otro lado avalando el armado de causas contra dirigentes gremiales y sociales como hacía su antecesora.”, anticipó Rodolfo Aguiar, Secretario General de ATE y CTA Río Negro.

La Central sindical quiere conocer cuáles son los criterios que sostendrá Crespo como máxima autoridad del Ministerio Público.

Dentro de las principales funciones del Procurador se encuentran, por un lado las de impartir instrucciones de carácter general que permitan brindar un mejor servicio de Justicia y por otro la de fijar la política criminal del Ministerio.

La CTA demanda conocer si, con la llegada de Crespo a la Procuración, los trabajadores con derechos vulnerados y que decidan reclamar por el restablecimiento de los mismos seguirán sufriendo persecuciones ilegales, represión e imputaciones carentes de todo sustento jurídico.

Por último, la Central obrera ratificó su postura sobre que el Código Penal no fue creado para resolver este tipo de controversias y señaló que los fiscales y jueces no debieran intervenir en los conflictos gremiales y menos aún hacerlo en favor de una sola de las partes, como es el empleador o la patronal, para el caso de los estatales el Gobernador o los Intendentes.

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