Tras oír el testimonio de los dirigentes gremiales y víctimas directas del operativo represivo, Alberto Piccinini y Juan Jesús Actis, Oyarbide confirmó la reciente decisión de considerar los hechos delictivos denunciados como realizados con la tolerancia y aquiesencia del poder del Estado y por ende "crímenes de lesa humanidad" de carácter imprescriptible.

Luego de las audiencias realizadas hace 15 días, la resolución del magistrado fue incorporar a la causa que lleva el número 16.251/10 y que está caratulada "Martínez de Hoz, José Alfredo y ot. S/ Allanamiento Ilegal y ot." a los representantes de la UOM de Villa Constitución en carácter de querellantes en el que se suman a la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, organismo de DDHH que ya había sido reconocido en tal rol.

Se espera ahora que el Fiscal interviniente dictamine sobre las medidas de prueba a realizar para poner definitivamente en marcha la investigación. El hecho, ocurrido hace ya casi 37 años, significó un antecedente directo en cuanto a la metodología y el discurso de la dictadura genocida y el terrorismo de Estado que se institucionalizarían tras el golpe del 24 de Marzo de 1976.

La denuncia promovida por la Liga en diciembre de 2010 juntamente con representantes de la UOM villense y la CTA de esa ciudad, busca poner en claro la participación directa de las grandes empresas locales y trasnacionales en la construcción y desarrollo tanto ideológico como material del Terrorismo de Estado y el genocidio. La demorada pero necesaria apertura del proceso de instrucción debe verse entonces como un paso fundamental en la labor colectiva de luchar por el juicio y castigo a todos los responsables del terrorismo de Estado con especial énfasis en el bloque social integrado por civiles y militares que lo promovió y se benefició económica y políticamente con sus consecuencias, muchas de ellas, vigentes al día de la fecha.

Fuente: Liga Argentina por los Derechos del Hombre