¿Cuál será el aporte solidario de las aseguradoras de riesgos del trabajo durante la epidemia de coronavirus?
Lunes 6 de abril de 2020, por Marcelo Amable *
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Argentina enfrenta una de las peores pandemias de la que se tenga memoria sin una herramienta básica para su mitigación: un sistema solidario de protección social para trabajadores y trabajadoras.

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El sistema de Prevención de Riesgos del Trabajo se encuentra mercantilizado desde sus orígenes en los años ’90. Y las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (ARTs) administran recursos financieros forjados por el esfuerzo colectivo, bajo el imperativo de asegurar su propia sobrevivencia y rentabilidad.

El Gobierno acaba de anunciar medidas relevantes para enfrentar la incertidumbre económica que genera la pandemia en una buena parte de los trabajadores/as informales. Pero ¿qué sucederá con los trabajadores/as que poseen un empleo y enferman por COVID 19? ¿Hasta cuándo y por qué, podrán los empleadores afrontar el riesgo de pérdida de ingresos económicos de sus empleados (especialmente los pequeños y medianos), durante una epidemia con fecha de finalización incierta? ¿Por qué deberían perderse derechos laborales ante una inédita situación de salud pública que impide trabajar a miles de personas?

En muchos países se organizaron diversas respuestas ante la pandemia utilizando los recursos disponibles de la seguridad social. En España, por ejemplo, las personas infectadas por coronavirus o en aislamiento preventivo que no pueden concurrir a su trabajo se les reconoce su licencia bajo la figura de accidente laboral (hasta el 24 de marzo eran 130.000). O en Inglaterra, se garantiza el pago legal por enfermedad para asegurar los ingresos entre quienes deben quedarse en su casa.

En Argentina, tempranamente por la recesión económica previa a la pandemia, se tomaron decisiones para crear un marco legal que permita afrontar con rapidez la emergencia sanitaria, minimizando su impacto social, laboral y económico en las familias. Ahora, es necesario revisar aún más, algunas protecciones legales que resultan limitativas en un contexto inédito de epidemia generalizada como el que vivimos.

La protección ineludible Inminente debe ser la movilización de voluntades para adaptar el Sistema de Prevención de Riesgos del Trabajo ante esos nuevos riesgos presentes en el trabajo (aunque no sean estrictamente de origenlaboral), y plasmar un escenario adecuado para sumar el aporte solidario de las ARTs. El apremio es consecuencia de una gran ventaja: aún estamos unos pasos por delante de la epidemia y eso permite adelantarnos a sus consecuencias para que nadie quede injustamente desprotegido. Tal vez, ahora sí, pueda comprenderse que la salud laboral es un pilar fundamental de la salud pública.

Por lo tanto, en primer lugar, es necesario abrir el listado de enfermedades profesionales para incorporar el COVID-19 por infección del SARS-CoV-2 (según la clasificación del Comité Internacional de Taxonomía de Virus). El grupo de trabajadores y trabajadoras que no requiere mayores controversias al respecto, sin dudas, es el que se encuentra desempeñando todo tipo de tareas preventivas, de cuidados y atención, tanto de las personas infectadas como de las posiblemente infectadas. En Argentina ya hay una persona del equipo de salud reportada oficialmente como infectada, pero, por ejemplo, en China alcanzaron casi el 4% del total de casos, en Italia el 7,7% y en España el 13%. Se trata de un elemental principio de justicia y gratitud para fundamentar la apertura del listado de enfermedades profesionales. Y es suficiente.

En segundo lugar, se deberá discutir la manera en que se va a proteger la salud de quienes realizan actividades y servicios declarados esenciales en el Decreto 287/2020 de Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio. Cualquiera que haya visto durante estos días, por las calles de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los repartidores a domicilio (un colectivo precarizado desde sus inicios), se dará cuenta de su desprotección ante los riesgos de contagio del COVID-19. La lista podría continuar con los recolectores de residuos, recicladores urbanos, choferes de colectivos, cajeras de supermercados, repositores, distribución postal y/o personal de seguridad.

Es necesario que estos trabajadores/as se beneficien con las evaluaciones de riesgos correspondientes, adapten sus condiciones de trabajo para reducir la exposición, reciban la capacitación específica ante estos riesgos, así como la protección individual necesaria provista por sus empleadores, y éstos a su vez, contar con el asesoramiento de las ARTs ante esta nueva situación. Además, ante la eventualidad de un posible contagio, deberán tener la licencia por enfermedad profesional adecuada sin pérdida de ingresos, ni beneficios o prestaciones asistenciales. Se lo debemos como sociedad, porque gracias a su esfuerzo y exposición, el resto de la población podemos transitar un aislamiento social sin mayores preocupaciones por desabastecimiento o inseguridad.

Por último, estamos el resto de los trabajadores y trabajadoras que después del aislamiento social preventivo y obligatorio, volveremos a trabajar. Nos encontraremos un escenario de circulación del virus donde el conocimiento científico, hasta el momento, no tiene certezas sobre la producción de los anticuerpos y su duración en pacientes después de la infección del nuevo coronavirus ni en la población sana. No sólo será relevante económica y socialmente mantener nuestros ingresos ante una posible licencia laboral por estas razones, sino que, además, en la medida que reduzcamos las incertidumbres económicas individuales favoreceremos la prevención colectiva.

El desafío político es grande pero más aún lo es la epidemia que se enfrenta.

Recuperar la solidaridad

La pandemia está dejando una enseñanza clara: el rol del Estado es imprescindible para proteger a las personas ante riesgos imprevistos. Y ante los conocidos también. La mercantilización de los bienes comunes es incompatible con su preservación. La salud colectiva, la naturaleza o incluso la propia vida de las personas, deben “desmercantilizarse” si queremos preservarlas y protegerlas.

En momentos donde los riesgos no pueden gestionarse porque el peligro ya está presente y la incertidumbre es total, necesitamos tener el control público sobre los recursos que una sociedad democrática como la argentina puede generar. Las políticas de protección social deben ser universales, complementarias, solidarias y equitativas. El Sistema de Prevención de Riesgos del Trabajo es una parte fundamental de esas políticas. Sin embargo, no hay motivos para pensar que las ARTs contribuyan sustancialmente de manera solidaria a ese objetivo común. Por lo tanto, mientras dure la epidemia, la emergencia sanitaria impondrá las condiciones en las que deberán colaborar. Y el Estado será fundamental para que puedan hacerlo de forma equitativa.

Y cuando esta epidemia finalice, cuando llegue el tiempo de la reconstrucción, entonces sí, será el momento de debatir las limitaciones y desigualdades que genera un sistema de prevención de riesgos del trabajo cuya lógica operatoria principal es la búsqueda de lucro de las empresas privadas.

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