Partidizar el conflicto benefició a Metrovías
Sábado 25 de agosto de 2012, por Horacio Meguira *
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En el plebiscito de febrero del 2009 los trabajadores ratificaran la fundación de la Asociación Gremial de Trabajadores de Subterráneos y Premetro (AGTS y P) mientras que los golpeadores de la UTA rompían las urnas. Estas fueron las imágenes (televisadas) que hacían visible la realidad y la necesidad de libertad y democracia sindical que el fallo ATE de la Corte Suprema acababa de dictar.

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* Director del Departamento Jurídico de la CTA

Desde los primeros tiempos la autoridad de aplicación fue el Ministerio Nacional. Mientras que la UTA era la titular nominal de la negociación colectiva impuesta por ley, los delegados y luego la AGTS y P fueron los efectivos representantes por mandato de la mayoría de los trabajadores.

La negociación real no podía omitir su consentimiento. El conflicto capital-trabajo fue el centro y se lograron así importantes reivindicaciones aun sin contar con la personería gremial.

En otro espacio ocurría la lucha por la transferencia entre los Gobiernos Nacional y de la Ciudad Autónoma.

La ilegítima declaración de incompetencia del Ministerio Nacional fue el elemento que produjo la fusión de los dos conflictos. Los actores quedaron involucrados en el mismo espacio.

La decisión ministerial fue parte de una estrategia para obligar al Gobierno de la Ciudad a una transferencia que había tenido comienzo de ejecución y que éste se resiste a aceptar en forma definitiva.

Para ejecutarla contaba con parte de la conducción del nuevo sindicato, especialmente con su secretario general Roberto Pianelli, simpatizante kischnerista.

La entrevista previa con la Presidenta habla a las claras de ello. Tuvo que recurrir a una falsa investidura de Secretario General de la CTA Capital para justificarlo, conciente de que perdió las elecciones por un alto margen.

Nuevamente un acto de injerencia del Gobierno Nacional tal como sucedió en la CTA y en la CGT donde interfiere en la autonomía de las organizaciones de los trabajadores. El gobierno de la Ciudad no se quedó atrás: aumentó las tarifas y criminalizó la protesta.

El conflicto capital-trabajo fue desplazado a un plano secundario y el centro del escenario es ocupado por la confrontación de intereses entre dos partidos políticos gobernantes.

Pero hay un actor fundamental no cuestionado por los dos gobiernos: Metrovías (grupo Benito Roggio) ha desarrollado prácticas que permiten inferir que parte de sus ingresos son fugados a través de las empresas subsidiarias aun cuando el Estado subsidie el servicio.

El resultado de esta medida de fuerza dista mucho de obtener mejoras proporcionales al gran esfuerzo de los trabajadores del subterráneo en llevar adelante la huelga y a las penurias de los trabajadores que viajan (más de un millón por día), que debieron soportar una sobredosis de vejaciones a las que habitualmente los somete el transporte público, sin embargo el responsable y beneficiario Metrovías permanece incólume.

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